P. Rico-Asociación de Hoteles y Turismo ataca la reforma contributiva, que desde hoy es ley

San Juan, 10 dic (INS).- La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA) reiteró hoy que, a su juicio, la reforma contributiva convertida en ley por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no es neutral pues uno de sus artículos permite la “canibalización” de ingresos existentes que recibe el gobierno de la operación de casinos.

Esta es precisamente la misma posición de la Junta de Control Fiscal. Sin embrago, la reforma contempla tasas más bajas para la población y las empresas.

La reforma legaliza miles de máquinas de juego que existen a través de toda la Isla. La Asociación que las agrupa había solicitado que, en vez de ser eliminadas, fuesen legalizadas, sobre todo porque el Departamento de Hacienda no tiene la capacidad de ir e inspeccionar si todas tienen el sello requerido de Hacienda. Ahora estas máquinas conectarán directamente con Jacoenda.

PRHTA cree que las personas dejarán de ir a jugar a los casinos en los hoteles, que son una fuente de financiamiento de sus campañas promocionales.

También una partida de esos ingresos va a la Universidad de Puerto Rico.

Jiménez basa su opinión en un viejo estudio de Spectrum Gaming Group, comisionado por la Compañía de Turismo, que evaluó el impacto de legalizar las tragamonedas fuera de los casinos.

El estudio concluye que la reducción en los ingresos de casinos rondaría entre $149 y $195 millones, lo que se traduce en pérdidas para la Universidad de Puerto Rico de hasta $35.4 millones anualmente, mientras el fondo general y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) perderían hasta $42.5 cada año. “Estos números imposibilitan que la medida pueda ser neutral. Aun cuando las tragamonedas produzcan algún recaudo, las pérdidas multimillonarias que proyecta Spectrum van a descuadrar la caja”, sostuvo Clarisa Jiménez, presidenta y principal oficial de la PRHTA.

Durante el proceso legislativo sobre la reforma contributiva la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al gobierno estudios que demostraran que la legalización de las tragamonedas que operan fuera de los casinos no tendría efecto de canibalizar ingresos existentes, particularmente aquellos que recibe la UPR y la CTPR.  INS

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