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San Juan, 16 nov (INS).- Los sindicatos Service Employees Internacional Union (SEIU) y United Auto Workers (UAW) presentaron ante la corte federal su objeción al acuerdo entre el gobierno y bonistas de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina), el que -advirtieron- “reproduce las mismas prácticas imprudentes que llevaron a Puerto Rico a la crisis financiera que vivimos”.
Los sindicatos internacionales, cuyas uniones locales representan a más de 30 mil trabajadores en la isla, solicitaron a la corte federal que deniegue la moción del gobierno para que se valide la negociación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con los bonistas, ya que “haría virtualmente imposible la recuperación financiera de Puerto Rico”.
El recurso fue presentado ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende los casos de quiebra presentados por la Junta a nombre del gobierno de Puerto Rico y que invocan el título III de la Ley Promesa.
La objeción de los sindicatos solicita a la jueza que no valide la negociación llevada a cabo por la JSF, aprobada por la mayoría parlamentaria y sancionada por el gobierno de Ricardo Rosselló.
Según Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) y vicepresidente de SEIU, “el acuerdo establece que los pagos de bonos atrasados continuarían pendientes acumulando intereses, lo que obligaría al gobierno a utilizar el IVU de otros años para pagar el déficit. Esto significaría que el IVU seguiría fluyendo a Cofina incluso después del año fiscal 2058”.
Pagán indicó que, de aprobarse este acuerdo, “se empeñarían generaciones de puertorriqueños condenándoles a la indigencia y a la imposibilidad de desarrollar una economía productiva y exitosa”.
El acuerdo impugnado también congela los bonos de Cofina y bloquea por 10 años la capacidad del gobierno de forzar un refinanciamiento favorable para Puerto Rico.
“Este acuerdo incluso permitiría al gobierno emitir más bonos de Cofina con vencimientos más allá de la limitación constitucional máxima de 40 años. En otras palabras, se valida la deuda postergándola, lo que va en contra de la recomendación contenida en el informe del bufete Kobre y Kim comisionado por la propia Junta”, precisó Pagán.
Añadió que “para colmo de males, el acuerdo estipula que es el gobierno de Puerto Rico el que pagará los costos de abogados y analistas contratados por los bonistas para negociar”. INS
aa