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Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 11 nov (INS).- El acceso a la justicia como indicador de un Estado de derecho fuerte no aparece como prioridad en los discursos de campañas electorales ni se suele vincular la calidad e independencia del sistema judicial con el nivel de desarrollo humano de un país.
Así lo describe un boletín el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo que coordina la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández.
La publicación aborda el acceso a la justicia en la República Dominicana en el contexto de la agenda de desarrollo 2030 y analiza el sistema judicial y sus efectos potenciales para la reducción de la desigualdad social, y como un eje clave del proyecto de bienestar colectivo al que aspira la nación.
Asimismo, analiza datos de los diferentes actores del sistema, así como la percepción ciudadana sobre la justicia. Además, se identifican las principales trabas en el acceso y se sugieren alternativas de políticas públicas para que el sistema judicial esté al alcance de todos los ciudadanos.
Explica que en las ofertas de políticas públicas que hacen los gobiernos, “una reforma judicial no es, por lo general, un tópico popular que mueva a las masas, a pesar de que tener acceso efectivo a la justicia es una prioridad expresada por millones de personas a nivel global”.
Indica que el clima de derechos y un trato equitativo ante la ley permea todos los aspectos de lo que las personas consideran bienestar como son “garantizar la integridad física y establece solidez que pueden ser tan simples como una compra menor de un bien en el supermercado o de una transacción compleja como la adquisición de una vivienda; la garantía de la libertad personal para encauzar la vida como uno quiere, de disfrutar del libre tránsito, de la libertad de asociación, de culto, del derecho a la opinión y la disensión política”.
La agenda de desarrollo con miras al año 2030, pactada por la comunidad internacional en 2015 como ruta hacia un futuro más próspero y de bienestar compartido, ha incluido el tema de la justicia como un aspecto primordial.
Precisa el estudio que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) resume el interés de las naciones firmantes, argumentando que “el Estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional”.
Esa iniciativa propone promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; específicamente “la meta que coloca el engranaje de los sistemas judiciales como factores insustituibles para lograr sociedades pacíficas y justas”.
Apunta que el acceso equitativo a la justicia es fundamental para la garantía de la dignidad humana, y como mecanismo transversal de redistribución de justicia social.
Esto es, agrega, “la cohesión social, la participación en la vida cívica de la nación, y el disfrute de los bienes privados y colectivos de la sociedad, solo pueden estar garantizados y disponibles para todos los ciudadanos si la justicia ejerce su función de dispositivo conciliatorio allí donde el conflicto, la vulneración de un derecho, la indiferencia de un poder público o las divergencias de criterio amenazan la paz, la propiedad privada o la integridad física de las personas”.
Considera que “un sistema de justicia, en tanto poder autónomo de un Estado de derecho, tiene efectos importantes en el desarrollo y el crecimiento económico. La inversión doméstica y extranjera, el emprendimiento y la innovación tecnológica están estrechamente asociados a ecosistemas legales robustos”.
Precisa que el desarrollo de una economía de mercado es fundamental que el respeto a la propiedad privada, los derechos intelectuales y la seguridad jurídica del emprendimiento estén asegurados en un marco normativo no dependiente del estrato socioeconómico, la orientación política, el sexo o el nivel de influencia en círculos de poder.
“En el caso de la República Dominicana, el debate sobre la justicia concita gran interés en diversos sectores de la opinión pública. Por las debilidades históricas atribuidas a este poder del Estado, el país ha asistido a una reforma del Poder Judicial que abarca unos 20 años (desde 1994)”, dice.
Destaca, sin embargo, que desde 1997, con la selección de la nueva Suprema Corte de Justicia, el país ha experimentado reformas considerables en todo el aparato de administración de justicia, entre ellos la dignificación de la carrera judicial, la formación de capital humano de la judicatura y la ampliación de servicios como la defensoría pública. INS
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