P. Rico-FMPR imputa complicidad al Departamento de Educación en acoso a maestros

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, pidió a Educación que asuma su responsabilidad en detener el acoso laboral. Inter News Service

San Juan, 4 nov (INS).- El Departamento de Educación es cómplice del acoso laboral contra el magisterio, afirmó hoy la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, al reclamar a la secretaria Julia Keleher que detenga el hostigamiento que provoca ansiedad y daños a la salud de los educadores.

“El acoso laboral puede tener consecuencias graves para la salud física y emocional de las personas y es bochornoso que la agencia que tiene la misión de formar a nuestros niños, niñas y jóvenes, sea uno de los principales focos de este abuso hacia su personal”, manifestó Martínez Padilla en rueda de prensa en la sede del gremio.

Según la FMPR, docentes de las escuelas Luis Llorens Torres de Juana Díaz, Arturo Morales Carrión de San Juan, Rafael Martínez Nadal de Guaynabo, Edmundo del Valle de Río Grande, Nicolás Sevilla de Toa Alta y Luis Muñoz Rivera de Utuado han presentado querellas por ser víctimas de acoso laboral, las cuales han caducado sin que el Departamento de Educación las haya atendido.

“Con su inacción la agencia ha manteniendo indefinidamente las condiciones abusivas a que son sometidos los educadores y se ha hecho cómplice del maltrato”, señaló Martínez Padilla.

La presidenta de la FMPR añadió que con su falta de respeto a los mecanismos que provee el proceso de quejas y agravios, el Departamento de Educación “ha abdicado a su deber como patrono de proteger la salud y tranquilidad de sus empleados”.

Destacó que la secretaria de Educación tiene conocimiento de las querellas, pues la FMPR  las entregó a tiempo a su oficina, pero no ha hecho nada para detener el comportamiento de directores escolares y funcionarios abusivos.

El acoso laboral es el trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona de forma sistemática en su ámbito de trabajo, que provoca problemas psicológicos y profesionales, que pueden llevar a la víctima a tomar decisiones drásticas.

Martínez Padilla le envió el pasado 30 de octubre un resumen a la secretaria Keleher de algunos de los casos con querellas presentadas, donde solicitaba que algún funcionario de la Oficina de Convenios Colectivos se comunicara con la FMPR para atenderlos y resolverlos.

“La Oficina de Convenios Colectivos del Departamento de Educación, ante la cual se han radicado las querellas, ha sido extremadamente negligente; no ha convocado a vistas para dilucidar las quejas de los maestros a pesar de que el término que establecido para intervenir ha vencido”, dijo la dirigente del gremio.

Agregó que cada día que un maestro pasa sometido a situaciones de acoso abona a provocarle daños a su salud física y emocional.

Maestras afectadas por acoso de la Escuela Rafael Martínez Nadal en Guaynabo solicitaron a su vez una reunión por escrito con el director regional Eleuterio Álamo, quien luego de convocarlas, canceló.

La FMPR se personó luego a sus oficinas para reunirse con Álamo con el propósito de discutir este caso y señalaron que volverían a citar a las maestras, lo que nunca ocurrió.

La Federación de Maestros hizo responsable a la secretaria Keleher de cualquier situación que se genere por su falta de atención a estos casos de hostigamiento laboral y de los daños que reciban los maestros afectados.

Martínez Padilla hizo un llamamiento a la Legislatura y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por considerar que es hora de que en Puerto Rico se establezca legislación que penalice criminalmente al acosador laboral.

“Hacemos un llamado especial a quienes presiden la Comisión de Educación en Cámara y Senado a atender este asunto como primordial en la sesión legislativa, (ya que) cientos de trabajadores están en espera de ello; para nuestro sindicato representa un asunto de mucho peso y estaremos junto a los compañeros y compañeras hasta lograr la legislación y un trato digno, justo para ellos y ellas”, argumentó Martínez Padilla.

Sostuvo que “nadie tiene derecho a convertir en un infierno la jornada de trabajo de sus supervisados”. INS

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