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San Juan, 2 nov (INS).- Servidores Públicos Unidos (SPU) afirmó hoy que no sorprendió el alerta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre los incentivos preferenciales a ciertas empresas, toda vez que por muchos años ha promovido el análisis del costo-beneficio de los incentivos tributarios que se otorgan en Puerto Rico y la creación de una Junta Revisora de Incentivos Contributivos.
“En momentos en que la JSF propone recortes severos que impactarán adversamente a la clase media, así como la continuidad de ciertos servicios esenciales, el gobierno estatal ha estado repartiendo incentivos y otorgando créditos contributivos a los más privilegiados”, señaló Annette González, presidenta de SPU, Concilio 95–AFSCME.
La dirigente sindical se refirió a la comunicación que emitiera la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, respecto a que de marzo a septiembre de este año, el gobierno aprobó 93 créditos contributivos por valor de 521 millones de dólares.
“Esto es sencillo, para beneficiar a los más privilegiados será la clase media que con sus impuestos tendrá que reponer lo dejado de recaudar ante las ganancias millonarias que puedan presentar los beneficiarios de los incentivos contributivos”, afirmó González.
En 2012 y 2016, en la Plataforma Sindical de SPUPR, la cual fue presentada a los diversos candidatos a la Gobernación en cada período eleccionario, se propuso la creación de una Junta Revisora de Incentivos Contributivos para estudiar la costo efectividad de los incentivos y créditos contributivos que provee el Estado a las corporaciones exentas, e investigar si quienes los obtienen cumplen con el compromiso de generación de empleo e inversión.
En momento en que los candidatos a la Gobernación proponían en 2016 reformar el aparato contributivo, dijo González, la unión señaló la urgencia de asegurar que las exenciones y otros incentivos que se otorguen, respondan a objetivos de desarrollo socioeconómicos y no a favoritismos y cabildeos de intermediarios, que se benefician del proceso.
“En muchas ocasiones, el otorgamiento de estos incentivos o exenciones no son determinantes en la decisión de una empresa de establecerse o realizar expansiones en nuestro país, por lo que se debe diseñar un esquema de incentivos regionales que fomente la inversión, tanto local como externa, y promueva la innovación y la transferencia de tecnología”, recalcó la dirigente del gremio.
Servidores Públicos Unidos entiende que el gobierno no puede seguir posponiendo este análisis y mucho menos seguir otorgando incentivos contributivos que no redunden en inversión y desarrollo económico, manifestó González. INS
ndc