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La nueva comisionada apenas tenía horas en el puesto cuando ya sacó de su puesto a una supervisora. / Inter News Service
San Juan, 1 nov (INS).- Sin haber calentado aun la silla del cargo, la nueva comisionada interina del Negociado de Ciencias Forenses, Luz Silva Torres, sacó de un puesto de supervisión precisamente a una funcionaria que, ejeciendo su cargo, había hecho hace tiempo un escrito por insubordinación contra la nueva jefa.
Silva Torres sacó del puesto de supervisora de la sección de sustancias controladas a Monica Torres Pérez, químico forense II, en una escueta carta que vio Inter News Service (INS).
“Ha caducado”, le dijo Silva Torres a Torres Pérez en una oración, “efectivo inmediatamente” el nombramiento como supervisora interina.
Mientras, Servidores Públicos Unidos, Local 2099, sindicato de los trabajadores del NCF para el que trabajó la nueva comisionada de Ciencias Forenses, la felicitó.
“Felicitamos a la doctora Silva por su designación, le deseamos el mayor de los éxitos en su función y esperamos que bajo su liderato se pueda resolver la crisis por la que esta agencia está pasando. La doctora viene de la base de los trabajadores del Negociado de Ciencias Forenses, formó parte de nuestra unión y eso puede ser un elemento clave para enderezar las serias situaciones por las que atraviesa el Negociado. Ella sabe, por experiencia propia, los problemas y las limitaciones que tenemos los trabajadores en esta agencia para realizar a cabalidad nuestro trabajo. Nuestra unión está, como lo ha estado siempre, disponible para ayudar a nuestra agencia y al pueblo al que servimos,” expresó Carlos Vélez, presidente del sindicato, quien podría ser nombrado el segundo en la agencia.
Mientras, el Colegio de Químicos, de la que Torres Silva es Presidenta Electa de su Junta de Gobierno, se unió a las felicitaciones.
Mientras tanto, al menos tres renuncias se suscitaron hoy debido a ese nombramiento interino, supo INS.
Inés Nieves, ex ayudante especial, renunció a continuar trabajando en el NCF, la directora de Quality Control, Iris Ortiz, decidió regresar a su puesto de carrera como investigadora forense, y el director de patología Carlos Chávez, que fungió de comisionado interino en lo que se nombraba una persona en propiedad, prefirió dedicarse a su puesto de patólogo forense antes que continuar como director de patología con Silva Torres al frente de la institución.
Todas estas personas habían advertido que no trabajarían en puestos directivos para Silva Torres, quien, señalan fuentes, tiene muchas querellas en la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), y no aprobó un examen de proficiencia.
Silva Torres llegó a estar suspendida de empleo en el NCF.
“Es un día de decepción en Forenses. Al escuchar el nombramiento de la que todos sabemos estaba detrás de todo este escándalo, el cual todos sabíamos que había una agenda escondida, hoy se convirtió en realidad”, dijo la fuente cercana a los asuntos del NCF.
Señaló que muchas personas lloraban al conocer del nombramiento y “suplicando que tienen que hacer algo porque nadie se imaginaba que esto sería posible. Nos han juzgado por cosas que fueron fabricadas, sin embargo, a una persona que fue suspendida y tiene más de 95 querellas en la Comisión, que tiene muchas cartas indicando que no puede trabajar después de las 2:30 (de la tarde) porque su condición médica no le permite estar en tapones, una persona que juraba que iba a ser comisionada cuando (se fuera el Dr.) Edwin Crespo y fue donde muchos de los empleados y les dijo que les iba a cortar la cabeza a todos”.
La fuente afirmó que Vélez Miranda tiene un reclamo de los trabajadores porque no reúne a la matrícula para el proceso eleccionario desde el 2016.
Vélez Miranda es presidente de la unión Local 2099, fundada en el 1997. Precisamente la síndico de este sindicato era Silva Torres.
Vélez Miranda, una de las fuentes informativas de la Comisión de Salud que investigó los procesos en el NCF, tiene abierto desde el 2014 un expediente por hostigamiento sexual en el trabajo y no se le ha dado cierre.
Vélez tiene un abultado récord de ausencias al trabajo. Aunque se mantuvo un tiempo fuera por el Fondo del Seguro del Estado, se mantenía yendo al gimnasio y arbitrando juegos de baloncesto. A la CFSE se le solicitó una investigación sobre eso y esta agencia nunca respondió a la petición.
Por otra parte, una persona sumariada para expulsión por el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, Edgardo Vera, será nombrado director de investigaciones forenses, lo que le convierte uno de los altos directivos del NCF.
Vera fue quien le abrió las puertas de seguridad a 29 funcionarios y representantes de las comisiones de Salud, y de Seguridad de la Cámara de Representantes, así como a la prensa, que el 20 de julio pasado irrumpió en las instalaciones de seguridad del NCF para llevar a cabo una vista ocular.
Vera también era fuente informativa de estas comisiones. Vera es el sub-coordinador del PNP en la agencia.
Los representantes entraron a áreas restringidas de Patología, accediendo por el área de Entrevista para identificación de cuerpos por parte de familiares, recogido de pertenencias y oficinas de patólogos, las cuales contiene información confidencial sobre caso criminales activos en los tribunales. La irrupción se llevó a cabo sin la debida escolta ni autorización por un área restringida, se indicó.
La vista ocular no se pudo llevar a cabo, sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, y el representante José Pérez se quedaron en las instalaciones luego de que la prensa se fuera y entonces procedieron a visitar varias de las dependencias, con equipo de seguridad y escoltados, como requieren los reglamentos, que no quisieron seguir durante la vista ocular.
Estos le habían asegurado a la prensa que solo visitarían las dependencias si los periodistas estaban presentes.
Cuando la Cámara demandó mediante Mandamus al NCF por “obstruir” la vista ocular, un tribunal resolvió a favor de la posición de Ciencias Forenses y desestimó la demanda y le advirtió a las comisiones legislativas que no podían efectuar de esa manera una vista ocular en instalaciones de seguridad y tenían que ajustarse a los reglamentos de las dependencias, algunos de ellos requeridos por instituciones de acreditación avaladas por el gobierno federal. La Cámara no apeló el fallo judicial adverso a ellos. INS
