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San Juan, 28 oct (INS).- El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez y la senadora Migdalia Padilla, del partido Nuevo Progresista (PNP) presentaron el proyecto del Senado 1131 para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) revaluar las solicitudes que fueron presentadas oportunamente por las entidades gubernamentales conforme al programa de pre retiro voluntario.
“Han sido muchas las personas que nos informaron con gran preocupación que OGP les denegó la petición de acogerse al pre retiro voluntario a pesar de cumplir con los requisitos, haber solicitado a tiempo y resultar favorable económicamente para la agencia gubernamental para la que trabajaban”, señaló Seilhamer Rodríguez.
Explicó que para esos fines se sometieron “las resoluciones del Senado 570 y 252, de la senadora Padilla y de este servidor. Como resultado de la investigación realizada por la Comisión de Hacienda del Senado, se evidenció que la OGP no aprobó las solicitudes de pre retiro de varias entidades a pesar de que esto representaba un ahorro para la agencia y no tendría un impacto adverso en el funcionamiento y servicios de la misma”.
El senador añadió que “la situación económica actual de Puerto Rico y los ahorros que representó este programa de pre retiro voluntario hacen necesario que se revalúen esas solicitudes que, cumpliendo con los requisitos y representando un ahorro sustancial para la entidad gubernamental, no fueron aprobadas”.
A su juicio, “cobra mayor fuerza esta petición cuando ahora tenemos la Ley 8-2017 que estableció el empleador único, lo que permite al gobierno la mejor utilización del recurso humano según las necesidades de prestación de servicios. Revaluar estas solicitudes podría representar en reducción significativa al gasto público y además se le haría justicia a miles de empleados públicos”.
Del mismo modo, Padilla indicó que “luego de escuchar a todas las partes, hemos llegado a la conclusión de que es necesario que se revalúen las solicitudes que fueron presentadas. Ante la situación de emergencia fiscal que atraviesa el gobierno de Puerto Rico, tenemos la responsabilidad de presentar medidas que generen ahorros y logren eficiencia para alcanzar un balance fiscal”.
La legislación para establecer el pre retiro voluntario requería que la implementación del programa no tuviera un impacto adverso en las arcas del Sistema de Retiro del gobierno ni de las entidades gubernamentales que se acogieran al mismo.
Por esto, la OGP era la entidad encargada de aprobar la solicitud y determinar que representaba un ahorro para la entidad concernida.
Seilhamer Rodríguez explicó que según los datos provistos por OGP, de un total de 116 agencias, fueron aprobados planes de pre retiro en 40, lo que representó un ahorro neto para el primer año de sobre 16 millones de dólares y un ahorro neto de más de 150 millones de dólares al completar el programa.
“Con esta medida buscamos garantizar un proceso justo para los empleados públicos, al tiempo que atendemos la situación de déficit en el gobierno”, concluyó el senador. INS
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