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San Juan, 25 oct (INS).- El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez invitó a los miembros que componen la Junta de Supervisión Fiscal federal a que reconsideren el plan fiscal aprobado y establecer un grupo de trabajo que permita un intercambio sustantivo de alternativas dirigidas a proteger a los sectores más vulnerables en Puerto Rico, especialmente a los jubilados.
La exhortación del representante surge luego de haber escuchado el plan aprobado por el mencionado organismo federal y que presentó a varios miembros de los cuerpos legislativos su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, a principios de esta semana.
A juicio de Meléndez, de implantarse el plan diseñado por la Junta, “se crearía una reacción en cadena que traerá consecuencias graves a Puerto Rico y a la sociedad en general. El plan que se nos presentó definitivamente aumentará los niveles de pobreza en la Isla. Sus efectos sobre nuestros pensionados serán devastadores”.
“Nadie quiere enviar a la miseria a nuestros retirados. El número de personas viviendo en la pobreza aumentará, como lo harán las quiebras, las cuentas por cobrar en los bancos y negocios, se creará un caos en los casos de salud emocional, y otro aumento en la emigración. Nadie duda la necesidad de hacer ajustes, pero todos cuestionamos las proyecciones y la metodología utilizada por la Junta”, advirtió.
El legislador solicitó que la Junta ejerza sus facultades “con prudencia” y que deje “sin efecto el plan aprobado”. Añadió que miembros de ambas delegaciones en la legislatura están dispuestos en sentarse junto a un grupo de trabajo identificado por la Junta para buscar alternativas viables y efectivas que no perjudiquen a los que más necesitan.
Meléndez destacó que “la Junta no toma en consideración en sus proyecciones que nuestros servidores públicos y nuestros pensionados ya habían recibido recortes a su pensión durante el pasado cuatrienio y que en cualquier escenario tienen que ser tomados en cuenta al momento de realizar cualquier ajuste”.
“Es evidente que la Junta de Control Fiscal y sus consultores no han agotado todas las opciones, tanto a nivel federal como estatal. El plan propuesto no presenta ningún programa o método dirigido a mejorar la economía en Puerto Rico mientras se implanta el nuevo plan fiscal. Esto es particularmente preocupante, porque demuestra que nadie ha solicitado en Washington alternativas para estimular el desarrollo económico”, apuntó.
Y concluyó: “Es un plan para recortar, recoger dinero para pagarle a los bonistas, y dejar desamparados a los más vulnerables. El pueblo se merece un mejor trato y mayor respeto. Estamos en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de alternativas, pero tiene que haber voluntad por parte de la Junta de colaborar con nosotros y trabajar en equipo”. INS
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