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San Juan, 24 oct (INS).- El gremio Servidores Públicos Unidos exigió al gobierno y a la Legislatura que no cedan “a los caprichos de la Junta de Control Fiscal que busca despedir empleados públicos, eliminar el pago del Bono de Navidad y reducir las pensiones”.
“Esto sería catastrófico para las familias trabajadoras, nuestros pensionados y la pobre economía del país”, advirtió Annette González, dirigente sindical.
“La receta de la Junta de Control Fiscal sigue siendo la misma, atacar a la clase trabajadora, a los pensionados y al pueblo de Puerto Rico en su mayoría, en vez de enfocarse en crear junto al gobierno un plan de inversión que fomente en las áreas como el turismo, infraestructura y agricultura que pueda desarrollar y fortalecer nuestra economía”, añadió.
Dijo que afectar los derechos y beneficios de los trabajadores no va a mejorar la situación económica del país, sino que la va seguirá contrayendo.
González entiende que el Gobierno tiene partidas dentro del presupuesto que deben ser recortadas o reducidas sustancialmente para lograr el objetivo y que a la misma vez mejoran la administración del Erario.
Señaló como opciones la reducción en los salarios del personal de confianza del Gobierno, también destacó los gastos excesivos en compra de vehículos, materiales y equipos que no tienen un fin público común sino beneficiar y dar lujos a personas particulares. Además, apuntó a los contratos millonarios del Gobierno para trabajar con imágenes públicas del Ejecutivo y agencias del Gobierno.
“Hay que reducir los sueldos excesivos e insultantes así como los gastos en contratos y de equipos excesivamente costosos que no benefician al pueblo como los autos de $245,000 y $80,000 equipados con sistemas de lujo. Estamos viviendo una crisis fiscal muy seria y los únicos llamados a la austeridad son los más vulnerables, los que menos tenemos.” sentenció.
Por otro lado, la sindicalista enfatizó en el costo excesivo de la estrategia de este Gobierno de crear estructuras adicionales para poner agencias bajo una sombrilla con la excusa de que esto generaría grandes ahorros, acción que no ha sido productiva, que ha generado mayor burocracia y un gran desperdicio de dinero.
Dio como ejemplo al Departamento de Seguridad Pública, cuyo primer costo excesivo es el salario del nuevo jefe de agencia de $248,000 anuales, esto sin contar con los salarios, equipos, oficinas, etc. que vienen a consecuencia de esta nueva burocracia; y que ha provocado una crisis sin precedente en las agencias de seguridad consolidadas en este nuevo Departamento.
Añadió que “la unión está lista para tomar las acciones que sean necesarias para combatir cualquier acción en menosprecio de la clase trabajadora de este país, sus derechos y en detrimento de nuestro pueblo”. INS
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