Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 22 de octubre de 2018
P. Rico-Gobernador anuncia crecimiento de 17.4% en las ventas al detal en la Isla
San Juan, 22 oct (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció un aumento de 17.4% en las ventas al detal de establecimientos comerciales para julio de 2018 comparado con el mismo período del año pasado.
La venta total para julio de este año ascendió a 3,028 millones de dólares, según se establece en el informe elaborado por la Compañía de Comercio y Exportación (CCE).
Para el mismo mes de 2017 el total de las ventas fue de 2,580 millones. En lo que va de año, el aumento de las ventas al detal es de 16% al compararlo con el mismo período de 2017.
“Este reporte es otro indicador económico que demuestra que las reformas implementadas por nuestra administración están dando resultados. La más reciente estadística de empleos refleja la cantidad más alta de empleos totales en los últimos cinco años y el desempleo más bajo reportado en la Isla por los pasados 50 años”, expresó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares añadió que “es importante seguir adelantando la agenda de transformación para hacer de Puerto Rico más competitivo y para mejorar las condiciones de nuestras pequeñas y medianas empresas. Por esa razón estamos trabajando la reforma energética y el nuevo modelo contributivo que beneficiará a nuestro sector privado”.
En cuanto a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se reportó un crecimiento de 39% para julio de 2018, con 1,034 millones en ventas en comparación con las ventas en julio de 2017, que ascendieron a 745 millones.
En el caso particular de las pequeñas empresas, el grupo generó 34 millones más que en el mismo mes del pasado año. Mientras, las empresas medianas tuvieron un crecimiento de 255 millones (63.1%) en julio de 2018 al compararse con el mismo mes del pasado año.
En el caso de las grandes empresas, el valor de las ventas en el 2018 fue de 471 millones en comparación con los 430 millones de 2017, lo que representa un crecimiento de 9.5 por ciento.
El director ejecutivo de la CCE, Ricardo Llerandi Cruz, expresó que “el aumento de 39% en julio significa que las Pymes vendieron 300 millones más. Las ventas acumuladas de enero a julio para el sector de las Pymes aumentaron 26% en comparación con el mismo período de 2017. Esto es más de 1.5 mil millones adicionales para nuestras Pymes”.
Añadió que “el total de ventas para este período ascendió a 7.1 mil millones, mientras que de enero a julio de 2017 totalizó 5.6 mil millones”.
Llerandi Cruz sostuvo que “esto demuestra que las pequeñas y medianas empresas han mantenido un comportamiento de crecimiento en sus ventas durante este año”.
Las grandes cadenas crecieron a una tasa de 8.4%. Se reportó que las ventas de julio 2018 para este sector ascendieron a 1,523 millones en contraste con los 1,405 millones de julio de 2017, lo que representa una diferencia de 118 millones.
Los sectores que reportaron un mayor aumento en sus ventas fueron los vehículos nuevos y usados, con un 44.3% de aumento; las mueblerías, con un 41.9%; y las tiendas de patio y jardinería, con un 42.8%.
Mientras, los distribuidores de combustible reportaron un aumento de 35%, mientras que las gasolineras y tiendas de conveniencia vieron un aumento de 34%.
Los sectores menos favorecidos para julio 2018 fueron las tiendas de deportes, instrumentos musicales y de entretenimiento (-25.9%), las tiendas de alimentos especiales (-11.8%), las tiendas de artículos electrónicos (-6.1%), y las tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes (-2.6%).
Llerandi Cruz informó que “en el agregado anual, en los primeros siete meses del año las ventas ascendieron a 19,825 millones en comparación con los 17,098 millones del mismo período del año pasado. Este aumento de 16% en las ventas al detal en lo que va de año representa 2,727 millones de dólares adicionales para la economía de Puerto Rico”. INS
P. Rico-Representantes del PPD piden investigar instalación de cámaras de seguridad en la avenida Baldorioty de Castro
San Juan, 22 oct (INS).- Ante la falta de alumbrado en el Expreso Baldorioty de Castro, los representantes Javier Aponte Dalmau y Jesús Manuel Ortiz solicitaron una investigación acerca de una nueva instalación de cámaras de seguridad que se está realizando en el tramo que discurre entre los municipios de San Juan y Carolina, así como el estatus de unas instaladas anteriormente.
“Actualmente están instalando cámaras de seguridad y pizarras electrónicas en la Baldorioty de Castro, pese a que a un año del huracán María el alumbrado vial público de esa avenida no se ha restablecido. Además de esto, hace más de seis años se instaló en este mismo tramo una red de cámaras y al día de hoy desconocemos en qué quedó ese proyecto”, dijo Aponte.
Añadió que “si están funcionando o no, o si hay algún plan por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por reparar las que hayan quedado inservibles luego del huracán. Entonces, ¿por qué invertir en nuevas cámaras habiendo ya existentes? ¿Ahora mismo es esto una prioridad y la mejor manera de utilizar los fondos asignados?”.
A fines de 2012 se anunció la instalación de las primeras 20 cámaras de seguridad en la Baldorioty de Castro, como parte de una red de 58 cámaras en total, a un costo de 3.1 millones de dólares. Esto, como medida de atención ante el aumento de delitos que hubo en el cuatrienio 2009-2012.
No obstante, luego de este anuncio la prensa reseñó una serie de dificultades que confrontaron las autoridades estatales por regulaciones federales que dificultaban completar el proyecto, recordaron los políticos del Partido Popular Democrático (PPD).
“Jamás se informó si hubo algún esfuerzo adicional o se le dio continuidad al mismo. Tampoco se ofrecieron detalles y son muchas las interrogantes que necesitan ser contestadas. Necesitamos saber en qué estatus se encuentran estas cámaras anteriores y si para esta nueva instalación se tomó en consideración la actual infraestructura de la Baldorioty de Castro”, agregó Aponte.
Los legisladores presentaron la Resolución 1089, que ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara a investigar la instalación y operación de estas cámaras de seguridad que están siendo colocadas a orillas de la avenida.
Específicamente buscan auscultar la procedencia de los fondos, tanto federales como estatales, que han sido utilizados para la instalación de este sistema de seguridad, conocer si estas nuevas cámaras y su sistema de control y monitoreo ya están funcionando, y el estado en que se encuentran las cámaras instaladas hace aproximadamente seis años.
Por su parte, Ortiz González manifestó que “el pueblo ha sido más que paciente esperando que el gobierno restaure la infraestructura pública, particularmente aquella relacionada con la seguridad, como los semáforos y el alumbrado vial. Aunque no nos oponemos a la instalación de cámaras, es meritorio conocer el estado del sistema de cámaras instalado y el monto de la nueva inversión”.
A su entender, “la crisis fiscal que vivimos requiere aún más que el gobierno sea transparente y efectivo en el uso de los pocos recursos que tenemos. Aprovechamos el reclamo para solicitar acción para resolver el problema de iluminación en la Baldorioty. La seguridad no sólo depende de cámaras, sino de un buen sistema de alumbrado y de que los semáforos funcionen adecuadamente”. INS
P. Rico-Comisión ciudadana para la auditoría de la deuda apelará decisión del Tribunal que rechazó mandamus
San Juan, 22 oct (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público anunció ayer que apelará la decisión del Tribunal de Primera Instancia en San Juan que desestimó su petición de mandamus para que se ordenara al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Aafaf y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) la entrega de información pública sobre la gestión financiera del país.
El juez superior Anthony Cuevas Ramos rechazó el pasado 12 de octubre el mandamus presentado por la Comisión Ciudadana por considerar que carece de jurisdicción y porque no agotaron los procedimientos que ofrece título III de la ley Promesa.
El juez destacó en su sentencia que la parte demandada no está negando la información solicitada, sino que provee un procedimiento en el cual se dilucidan a su vez los asuntos de confidencialidad de los documentos.
“Entendemos que el procedimiento establecido previamente que la parte demandante tiene disponible para solicitar los documentos que le interesen, no es oneroso, sino que salvaguarda los intereses de las partes envueltas”, expuso el juez Cuevas Ramos en su sentencia de 16 páginas.
“Nuevamente se ponen trabas a que el pueblo pueda conocer la verdad, y hacer lo que el gobierno se ha negado a hacer: una auditoría integral sobre la deuda del país”, denunció Roberto Pagán Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana.
Agregó que “pese a que el gobernador se comprometió públicamente a dar toda la información necesaria a cualquier entidad ciudadana que interesara realizar la auditoría, no sólo se nos niega, sino que se nos ordena solicitarla a un proceso que hasta requiere que los bonistas consientan darnos la información”.
Añadió que “el procedimiento que el Tribunal resuelve que debió agotarse antes de demandar requiere que la información se le solicite a la Junta de Control Fiscal, así como que se le dé una oportunidad a las partes que están dentro del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal, incluyendo a los bonistas, para que se expresen u objeten la solicitud. Si las partes no llegan a un acuerdo, entonces pueden solicitar la información directamente ante la jueza Swain.
“La decisión del Tribunal es muy peligrosa para aquellas personas y entidades interesadas en obtener información pública sobre la deuda del país. ¿Cómo es que un proceso creado por una jueza federal para obtener información en manos de un investigador contratado por la Junta de Control Fiscal es un proceso efectivo para que cualquier ciudadano de a pie pueda hacer valer su derecho constitucional de acceso a la información?, cuestionó Luis José Torres Asencio, vicepresidente de la Comisión y profesor de derecho constitucional.
Aseveró que “este derecho está protegido bajo la Constitución de Puerto Rico, por lo que es en los tribunales de Puerto Rico en donde debe dilucidarse”.
Torres Asencio añadió “que la propia jueza Swain había resuelto eso mismo en ocasiones anteriores. Sin embargo, el Tribunal de Instancia pretende que no sólo esos asuntos se diluciden en el tribunal federal, sino que se le pida permiso a los bonistas y a la Junta de Control Fiscal para recibir y examinar información”.
“¿Cómo es posible que el acceso a información gubernamental sobre la deuda dependa de lo que opinen la Junta de Control Fiscal y los bonistas? Esto representa un retroceso terrible en materia del acceso a la información pública en Puerto Rico”, afirmó.
La Comisión Ciudadana anunció que, tras ponderar todas sus alternativas, apelará la decisión del Tribunal.
“La Comisión Ciudadana no se amilanará ante cualquier escollo que se le pretenda imponer para acceder a esta información tan valiosa como necesaria para la auditoría. Entendemos que la decisión es contraria a derecho y esperamos que sea revocada”, concluyó Pagán Rodríguez. INS
P. Rico-Senador Martínez Santiago presentará resolución para investigar compra de asfalto líquido
San Juan, 22 oct (INS).- El senador Ángel “Chayanne” Martínez Santiago, del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunció ayer en conferencia de prensa que hoy presentará una resolución para investigar el proceso de compra de asfalto líquido en la Isla, conocido también como el “Cartel del Bitumul”.
La medida fue anunciada luego de que el senador y presidente electo del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, emitiera declaraciones en las que le exigió al gobierno retomar una investigación iniciada a finales de 2016, pero que nunca culminó, sobre el “Cartel del Bitumul” y alegados actos de corrupción e irregularidades en el manejo de la compra de asfalto líquido para repavimentar las carreteras.
“Entiendo que fueron frívolas las alegaciones que hizo el compañero Aníbal José Torres y, amparándonos en la resolución 869 de 2014 de este servidor, vamos a investigar si es cierto o no que existen irregularidades en el proceso de compra o en cualquier otra área”, indicó el portavoz alterno de la delegación del PNP en el Senado.
Martínez cuestionó las intenciones del legislador popular luego de haber radicado el 1 de agosto de 2014 una resolución dirigida a ordenar a las comisiones de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación; y de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica del Senado, a realizar una investigación sobre la compra de asfalto por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y la misma nunca se atendió.
El legislador de Arecibo opinó que las expresiones de Torres son sólo un intento de mancillar el programa Abriendo Caminos, que invertirá 652 millones de dólares en trabajos de reconstrucción de carreteras y se extenderá por dos años e impactará vías primarias, expresos y carreteras urbanas.
Martínez Santiago fue enfático en asegurar que la nueva medida incluirá que se comience a investigar desde el año 2013 hasta el presente, para que no quede duda de que se estarán cogiendo las dos administraciones.
Del mismo modo, se estarán considerando algunas de las recomendaciones sometidas en el informe realizado por la Comisión Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados a la Compra de Combustible, dirigida por Torres a finales de 2016, entre ellas resolver la carencia de un laboratorio en la ACT que les permita analizar de manera efectiva la calidad del asfalto líquido.
Finalmente, el senador PNP agradeció los esfuerzos del vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, y el presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, Miguel Laureano, por haber presentado varias resoluciones durante este cuatrienio para atender el tema.
Esas medidas continúan sus procesos legislativos y se espera puedan ser evaluadas por la legislatura a principios de 2019. INS
P. Rico-Estudian crear Red de Telecomunicaciones en la Isla de Mona
San Juan, 22 oct (INS).- La Cámara de Representantes aprobó una medida de la legisladora Maricarmen Mas Rodríguez para realizar un estudio acerca de la viabilidad de establecer en la Isla de Mona una infraestructura de telecomunicaciones que permita realizar llamadas de auxilio en caso de una emergencia.
El propósito de la legislación, sancionada en la Cámara en la semana que recién terminó, es hacer más segura la Isla de Mona para las cientos de personas que la visitan anualmente, afirmó su proponente Mas Rodríguez.
La Resolución de la Cámara 938 ordena a la Comisión del Desarrollo Integrado del Oeste iniciar la investigación dirigida a proteger la vida de quienes visitan la referida Reserva Natural.
“Todos los años cientos y cientos de personas vistan la Isla de Mona para un sinnúmero de actividades, nosotros tenemos que garantizar de alguna manera que esa experiencia sea una completa y segura”, dijo la legisladora al destacar la importancia de su medida.
Mas Rodríguez explicó que buscan estudiar la posibilidad de desarrollar una red activa de telecomunicaciones en la isla.
“Sabemos que la Isla de Mona es una Reserva Natural importante en Puerto Rico y que, por ende, no tiene el equipo necesario para esta red, pero con los avances en la tecnología de comunicaciones es ahora viable crear una plataforma que permita a las personas comunicarse entre sí para evitar que alguien se pueda perder o para pedir auxilio en caso de un accidente”, comentó la representante del Distrito 19 de Mayagüez y San Germán.
Mas Rodríguez recordó que “el triste caso de un cazador que desapareció en la Isla de Mona, y luego fue hallado sin vida, ha reabierto la discusión en torno a la necesidad de implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la vida de quienes visitan la isla”.
Tanto la Isla de Mona, junto al Islote Monito, comprenden una reserva natural altamente regulada bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), que ha aprobado reglamentación para regular los diversos aspectos concernientes al lugar, incluyendo las visitas.
Actualmente, un pequeño contingente del DRNA es el único que habita permanentemente la Isla de Mona, mientras que quienes desean visitar la Reserva deben obtener un permiso previo para acampar, transitar, pescar y cazar, particularmente cabras y cerdos salvajes.
Además, en la Reserva de Isla de Mona se constituyó un laboratorio para la investigación científica, la cual incluye estudios relacionados a las materias de la arqueología, geología, oceanografía, manejo de especies exóticas y conservación de especies amenazadas, como iguana de roca, tortugas marinas y pájaros endémicos, entre otras.
Desde hace tiempo, hay sectores económicos vinculados al gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) interesados en transformar Isla de Mona en un lugar de turismo continuo, y hasta se ha planteado la posible construcción de un hotel, lo que ha preocupado a sectores ecologistas.
“Debemos recalcar que es imprescindible que se efectúen estudios comprensivos de planificación y evaluación estratégica antes de realizar cualquier potencial desarrollo de infraestructura en la Reserva”, reconoció Mas Rodríguez.
La protección y conservación del patrimonio ecológico y cultural de los recursos naturales de la isla es una prioridad, reconoció la legisladora del oficialista PNP.
La Reserva Natural de la Isla de Mona es un recurso único que alberga una serie de especies y hábitats incomparables desde el punto de vista de los recursos marinos y terrestres, reconoció Mas Rodríguez. INS
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