P. Rico-Comisión ciudadana para la auditoría de la deuda apelará decisión del Tribunal que rechazó mandamus

San Juan, 21 oct (INS).- La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público anunció hoy que apelará la decisión del Tribunal de Primera Instancia en San Juan que desestimó su petición de mandamus para que se ordenara al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Aafaf y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) la entrega de información pública sobre la gestión financiera del país.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos rechazó el pasado 12 de octubre el mandamus presentado por la Comisión Ciudadana por considerar que carece de jurisdicción y porque no agotaron los procedimientos que ofrece título III de la ley Promesa.

El juez destacó en su sentencia que la parte demandada no está negando la información solicitada, sino que provee un procedimiento en el cual se dilucidan a su vez los asuntos de confidencialidad de los documentos.

“Entendemos que el procedimiento establecido previamente que la parte demandante tiene disponible para solicitar los documentos que le interesen, no es oneroso, sino que salvaguarda los intereses de las partes envueltas”, expuso el juez Cuevas Ramos en su sentencia de 16 páginas.

“Nuevamente se ponen trabas a que el pueblo pueda conocer la verdad, y hacer lo que el gobierno se ha negado a hacer: una auditoría integral sobre la deuda del país”, denunció Roberto Pagán Rodríguez, presidente de la Comisión Ciudadana.

Agregó que “pese a que el gobernador se comprometió públicamente a dar toda la información necesaria a cualquier entidad ciudadana que interesara realizar la auditoría, no sólo se nos niega, sino que se nos ordena solicitarla a un proceso que hasta requiere que los bonistas consientan darnos la información”.

Añadió que “el procedimiento que el Tribunal resuelve que debió agotarse antes de demandar requiere que la información se le solicite a la Junta de Control Fiscal, así como que se le dé una oportunidad a las partes que están dentro del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico en el Tribunal federal, incluyendo a los bonistas, para que se expresen u objeten la solicitud. Si las partes no llegan a un acuerdo, entonces pueden solicitar la información directamente ante la jueza Swain.

“La decisión del Tribunal es muy peligrosa para aquellas personas y entidades interesadas en obtener información pública sobre la deuda del país. ¿Cómo es que un proceso creado por una jueza federal para obtener información en manos de un investigador contratado por la Junta de Control Fiscal es un proceso efectivo para que cualquier ciudadano de a pie pueda hacer valer su derecho constitucional de acceso a la información?, cuestionó Luis José Torres Asencio, vicepresidente de la Comisión y profesor de derecho constitucional.

Aseveró que “este derecho está protegido bajo la Constitución de Puerto Rico, por lo que es en los tribunales de Puerto Rico en donde debe dilucidarse”.

Torres Asencio añadió “que la propia jueza Swain había resuelto eso mismo en ocasiones anteriores. Sin embargo, el Tribunal de Instancia pretende que no sólo esos asuntos se diluciden en el tribunal federal, sino que se le pida permiso a los bonistas y a la Junta de Control Fiscal para recibir y examinar información”.

“¿Cómo es posible que el acceso a información gubernamental sobre la deuda dependa de lo que opinen la Junta de Control Fiscal y los bonistas? Esto representa un retroceso terrible en materia del acceso a la información pública en Puerto Rico”, afirmó.

La Comisión Ciudadana anunció que, tras ponderar todas sus alternativas, apelará la decisión del Tribunal.

“La Comisión Ciudadana no se amilanará ante cualquier escollo que se le pretenda imponer para acceder a esta información tan valiosa como necesaria para la auditoría. Entendemos que la decisión es contraria a derecho y esperamos que sea revocada”, concluyó Pagán Rodríguez. INS

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