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San Juan, 4 oct (INS).- La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz y el Junte de Mujeres M-18 al que pertenece enviaron por escrito una ponencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos rechazando que se considere el estatus político de Puerto Rico como asunto exclusivo de derechos civiles y humanos de ciudadanos estadounidenses en territorio de Estados Unidos.
El grupo denunció que n se les concedió un turno mañana viernes, cuando sesionará la CIDH.
“Ante la decisión de esta Comisión de no acoger solicitudes para deponer en las vistas de mañana sobre asuntos de Puerto Rico, estamos sometiendo nuestra posición por escrito para que sea debidamente considerada en sus deliberaciones”, expresaron en una breve carta enviada con la ponencia esta tarde por correo electrónico a la CIDH.
La CIDH hizo público hoy que bajo su reglamento, en las audiencias públicas los turnos se conceden solo a los peticionarios.
La CIDH sesiona en Boulder, Colorado y este viernes atenderá la denuncia del Dr. Pedro Rosselló de que Estados Unidos viola derechos humanos y civiles al no conceder a los residentes de Puerto Rico el derecho al voto por el presidente de Estados Unidos y no permitir representación en el Congreso.
“Entendemos que esta honorable comisión debe concluir en propiedad que el estatus de Puerto Rico es un asunto político inconcluso de autodeterminación de un pueblo latinoamericano y caribeño cuyas ramificaciones de derecho civil y humano no pueden despacharse sin resolver su cuestión de fondo”, expresó el M-18 en su ponencia escrita.
El M-18 esgrime tres argumentos ante la CIDH.
“El primero de ellos, que la ciudadanía estadounidense a la que se refiere el Dr. Rosselló no es una condición inherente al nacimiento en un territorio nacional. Por el contrario, es una categoría de súbdito colonial diseñada a la medida por Estados Unidos para ser impuesta al pueblo de Puerto Rico en 1917. Los puertorriqueños, en virtud de ese diseño, no nacen en territorio nacional estadounidense, sino en un territorio no incorporado a la nación estadounidense. Eso significa que los derechos y deberes de plena participación en la organización social y política de Estados Unidos nunca le fueron otorgados a la colonia de Puerto Rico.
Añadieron, en segundo lugar, que el sector integracionista o federalista que representa el Dr. Rosselló trata de imponer el concepto de Puerto Rico como una superficie, región o circunscripción donde residen ciudadanos estadounidenses.
“Eso no es así. Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña reconocida por nuestra propia región de países en su nacionalidad y cultura ajenas a la de Estados Unidos de Norteamérica. Esa nación caribeña y latinoamericana es colonia de Estados Unidos de Norteamérica desde el 1898 y antes de eso lo fue de España por cuatrocientos años. Ese es el asunto político irresuelto que pretende obviar el Dr. Rosselló y pretende que este foro eluda. Se trata de un debate de quinientos veinticinco años que ustedes no pueden adjudicar”, sostuvo el grupo.
“Nuestro tercer argumento se refiere precisamente al derecho internacional que nos ampara. En derecho internacional el coloniaje es ilegal. En derecho internacional Estados Unidos no ha cumplido y no está cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades como potencia administradora. A esos efectos, le pedimos encarecidamente a esta Comisión que se pronuncie en esos términos en su respuesta a la querella presentada por el Dr. Rosselló.” INS
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