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San Juan, 2 oct (INS).- La acumulación de 18,000 neumáticos desechados diariamente alrededor de la Isla es un problema serio de salud pública, sin embargo, su recogido está paralizado porque la Junta de Supervisión Fiscal no ha permitido que se liberen los fondos que cada neumático paga (tax) al entrar al país.
Patxie Córdova y Miriam Stefan Acta, del DTOP, junto a Pallens, del DRNA, durante la visita de hoy. / Inter News Service
Este fondo se utiliza para pagarle a las personas que recogen y exportan los neumáticos. A estos se les debe varios millones de dólares del fondo.
Ante el problema que representa para Puerto Rico el desperdicio, trascendió que localmente no existe una industria que se dedique a generar productos derivados de los mismos.
En una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura, que preside el representante José “Memo” González Mercado, se atienden dos medidas que podrían generar el establecimiento de política pública más específica para atender la dificultad.
El Proyecto de la Cámara 1652, presentado por el presidente del cuerpo legislativo Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y los representantes Manuel Claudio Rodríguez, Rafael June Ribera Ortega y Urayoán Hernández Alvarado, requerirá a todo licitador que interese la adjudicación de un contrato que incluya la construcción o reparación de vías y obras públicas a partir del 2 de enero de 2019, a utilizar asfalto o lozas asfálticas, según aplique, con contenido de neumáticos desechados.
En esa misma línea, se discutió la Resolución de la Cámara 959, de Joel Franqui Atiles, para estudiar la implantación de la “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados”, que dispone que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras (ACT) y los municipios deberán utilizar neumático pulverizado (asphalt rubber) como sustitución de al menos el 25% del volumen de los agregados minerales usados en carreteras y obras públicas, luego de 9 años de aprobada la Ley.
El gerente del Área de Terrenos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ricardo Pallens Cruz, explicó que el pasado 2 de agosto el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley que establece el Plan de Reorganización de la agencia y se consolidaron bajo el DRNA la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Programa de Parques Nacionales, por lo que se encuentra en proceso de transición.
Pallens Cruz, reveló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) congeló los fondos especiales que correspondían a la JCA relacionados a los neumáticos.
“Lamentablemente en año fiscal corriente la Junta de Calidad Ambiental, ahora DRNA, solicitó la cantidad de $16 millones como parte de su presupuesto para costear la operación de exportación de neumáticos y el 5 de septiembre recibimos el presupuesto de la JSF asignándonos cero para el pago de suplidores de neumáticos, a pesar de que se está cobrando. Hemos hecho innumerables gestiones para que la JSF libere fondos y autorice pagos. Han hecho unas liberaciones parciales. La última fue en el mes de mayo que se pudo pagar parcialmente. Y hasta el día de hoy debemos más de $3 millones a los suplidores. Por lo que hemos recibo 80 querellas”, expresó el funcionario.
Expuso que el DRNA, mediante el “Reglamento para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados”, estableció un programa que regula la entrada de neumáticos a la isla y se cobra una tarifa para propósitos del manejo posterior de estas gomas, así como el proceso de almacenamiento, recogido, procesamiento y alternativas para su uso.
“En la Isla no existe ni una sola industria que se dedique a generar productos derivados de neumáticos usados. Ante eso, el DNRA apoya se haga compulsorio su uso. No obstante, reconociendo que el aspecto económico es un asunto muy importante para alcanzar el desarrollo de infraestructura, destacamos el beneficio de su uso. Una publicación por The Asphalt Institute de los Estados Unidos demostró que el Departamento de Transportación de Arizona comenzó a utilizarlo en el 1988 y disminuyó el costo de mantenimiento en un 60%”, aseveró Pallens Cruz.
Mientras, la ayudante especial del secretario Carlos Contreras, jefe del Departamento de Transportación y Obras Públicas, del DTOP, Miriam Stefan Acta, destacó la importancia de realizar un estudio.
Agregó que, en diciembre de 2013, se llevó a cabo un proyecto piloto en el cual se asfaltó un tramo de la carretera PR-184 de Cayey, y fue necesario importar de Estados Unidos goma triturada, pues no hay productores de la misma localmente. Indicó que a pesar de no haber pasado los 10 años para estudiar su durabilidad, hasta el momento está funcionando.
“Otro punto importante, es que la Administración Federal de Carreteras ha sido enfática en que las agencias que promuevan el uso de asfalto modificado con goma reciclada tienen que asegurarse de contar con los recursos necesarios para realizar las inspecciones y pruebas de control de calidad requeridas para este tipo de asfalto’, dijo la funcionaria. INS
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