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San Juan, 27 sep (INS).- En la presentación de un Memorial ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico los sindicatos que integran la Alianza Sindical expresaron su rechazo al Proyecto de la Cámara 1671, de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, por considerar que el mismo atiende un asunto que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La Alianza Sindical está integrada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, SEIU Local 1996; Servidores Públicos Unidos, Concilio 95 de AFSCME; la Federación Central de Trabajadores; la United Auto Workers y la Unión General de Trabajadores, SEIU Local 1199.
La AS denunció “el carácter ideológico” del proyecto señalando que el mismo “destila una ideología enemiga de las familias trabajadoras, privilegia la ganancia privada sobre el bienestar común, desprecia lo colectivo y según la cual, la competencia, el todos contra todos, debe ser la característica fundamental de las relaciones sociales.
Los sindicatos coincidieron en describir la pieza legislativa como una “producto de la improvisación, llena de aseveraciones contradictorias, carente de análisis e información que justifique la misma, llegando a conclusiones infundadas con una redacción sin rigor, hecha a toda prisa”.
El proyecto le resta legitimidad a la Ley 45, a la vez que le atribuye a la misma un fin que nunca tuvo, se indicó. También, en su exposición de motivos, el proponente le adjudica a la Ley 45 la obligatoriedad de los trabajadores no afiliados a pagar cuotas. En opinión de los sindicatos, eso no es cierto.
“El representante Navarro Suárez pretende en su proyecto ir un paso más lejos que la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos al prohibir el descuento directo de cuotas y eliminar la retención de la misma por el gobierno-patrono. Todo lo anterior, sin justificación o fundamento jurídico alguno”, expresaron en un comunicado de Prensa.
Los sindicatos bajo la Alianza Sindical consideran innecesaria la legislación propuesta, P. de la C. 1671, al establecer que la resolución en el caso Janus deja resuelta la controversia sobre los derechos de los trabajadores que pagaban cargos por servicio.
Al respecto, señalaron, “las opiniones del Tribunal Supremo establecen lo que en inglés se conoce como “the law of the land” y van por encima de la legislación de los estados y territorios. Por eso, cuando el Tribunal Supremo reconoció el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, no fue necesario enmendar el Código Civil de Puerto Rico para lograr su validez en nuestro País. De igual forma ocurrió con el caso de Roe v. Wade que legalizó el aborto en Puerto Rico a pesar de que el Código Penal aún lo prohíbe.” INS
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