EEUU-Comisionada residente detalla reforma federal en respuesta a desastres aprobados en el Congreso

Washington, 27 sep (INS).- Las visitas de altos funcionarios federales y de congresistas que logró llevar a Puerto Rico la comisionada residente, Jenniffer González Colón, para que entendieran la magnitud del impacto de los huracanes se tradujeron en una reforma del manejo e implementación de protocolos que fue incluida en legislación aprobada anoche por la Cámara federal.

El HR 302, según enmendado, Ley para la Reautorización de la Administración Federal de Aviación, además de incluir iniciativas de la comisionada residente para el desarrollo económico de Puerto Rico -como un estudio de viabilidad para el desarrollo de un Centro de Carga Aérea y aspectos de seguridad nacional como análisis de la seguridad en la frontera marítima- toma acción en los programas de manejo de asistencia por desastres para allegar más ayudas a los damnificados.

También reautoriza fondos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) para manejo de desastres, pero en esta ocasión enfocado en la mitigación.

Algunas disposiciones se aplicarían de forma retroactiva a desastres o emergencias declarados a partir del 1 de enero de 2016 o el 1 de agosto de 2017, según sea el caso.

El presidente del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara federal, Bill Shuster, quien visitó dos veces Puerto Rico junto a la comisionada residente luego de María, expresó que esta medida “proporcionará la reforma más completa del programa de desastres desde la ley posterior a Katrina”.

Para los desastres declarados a partir del 1 de agosto de 2017, los edificios públicos o sin fines de lucro que reciban ayuda para la reconstrucción tendrían que construirse de conformidad con los últimos códigos y normas de resistencia a los peligros, en lugar de los códigos vigentes en el momento del desastre.

González Colón ha impulsado esta acción en múltiples ocasiones, como con el HR4251 presentado junto al congresista José Serrano.

Los gobiernos estatales y locales podrían usar fondos de asistencia federal general para la administración y el cumplimiento de los códigos de construcción y las ordenanzas sobre zonas inundables.

Los fondos de ajuste económico del Departamento de Comercio podrían utilizarse para la mitigación de desastres.

La legislación daría paso para que el presidente de los Estados Unidos pueda autorizar una dispensa para que no se penalice que damnificados puedan recibir duplicidad de beneficios de asistencia por desastre, siempre que no derive en desperdicio, fraude o abuso.

Esta es otra iniciativa de la comisionada residente producto del HR 4438, del cual es coautora junto al congresista republicano Garrett Graves (Louisiana), quien también visitó la isla luego de María.

La exención se aplicaría a desastres mayores o emergencias declarados desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021, y expiraría cinco años después de que se promulgue la medida.

El financiamiento de mitigación de riesgos podría usarse para proyectos de agua del Cuerpo de Ingenieros del Ejército sin violar las reglas de beneficios duplicados.

Mientras, la asistencia financiera para viviendas de alquiler temporero, cuidado de salud, gastos dentales, cuidado infantil, funerales, propiedad personal y transporte podría excluirse de un límite de 25 mil dólares en la cantidad de ayuda financiera que un hogar individual puede recibir.

El tope se ajusta anualmente por inflación. También se excluiría la asistencia brindada a personas discapacitadas para reparar o reemplazar propiedades relacionadas con la accesibilidad.

Las personas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes podrían recibir asistencia por desempleo por un año, el doble que el actual período de elegibilidad, después de las declaraciones de desastre de los huracanes Irma y María.

También la medida autorizaría 950 millones de dólares anuales hasta el año fiscal 2022 para fondos de manejo de emergencia de FEMA destinados a trabajos de mitigación.

Se autorizarían otros cuatro millones de dólares anuales hasta el año fiscal 2022 para financiar el Emergency Management Assistance Compact, que facilita la coordinación de emergencia entre los gobiernos federales, estatales y locales.

Autorizaría que se separen dineros del Fondo de Ayuda en Casos de Desastre para asistencia de mitigación técnica y financiera para cada desastre mayor.

Además de la planificación sobre mitigación de riesgos, los fondos asignados podrían usarse para establecer y aplicar códigos de seguridad para el diseño de estructuras resistentes a los peligros. Los fondos también podrían usarse para las áreas afectadas por incendios forestales o tormentas de viento y para sistemas de advertencia de terremotos.

La medida ampliaría asimismo los criterios considerados al otorgar fondos, tales como que los solicitantes del gobierno estatal o local hayan adoptado códigos de construcción resistentes a los peligros y el alcance en que los fondos aumentarían la resiliencia.

Si un gobierno estatal o local no obliga los fondos de su programa al final del tercer año fiscal después de recibirlos, los fondos podrían redistribuirse.

Si un gobierno estatal o local o una organización sin fines de lucro determinó que no sería de interés público restaurar o reemplazar una instalación dañada, podría usar todo su financiamiento federal de reparación o reemplazo para reparar o ampliar otra instalación, la construcción de una instalación diferente, o mitigación de riesgos.

Actualmente, sólo una parte de los fondos de reparación o reemplazo se puede usar para una finalidad alternativa.

En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro, la medida haría que los centros de cuidado infantil y los bancos de alimentos fueran elegibles para asistencia por desastre.

FEMA podría involucrar a grupos nacionales de alivio del hambre y de recuperación a largo plazo para distribuir alimentos y medicinas después de un desastre.

FEMA tendría que proporcionar orientación y capacitación anual a los gobiernos estatales y locales, los oficiales de respuesta y las compañías de servicios públicos sobre cómo garantizar que los hospitales y hogares de ancianos tengan un suministro de energía adecuado en caso de desastre y  sobre el almacenamiento de materiales peligrosos durante las emergencias. INS

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