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San Juan, 23 sep (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ordenó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que extienda por seis meses la moratoria sobre la certificación de instalación de los asientos protectores, según lo requerido por la Ley de Vehículos y Tránsito.
El requisito legal y la imposición de una multa de 100 dólares entraba en vigor el próximo 1 de octubre.
La moratoria permitirá que se trabaje una nueva legislación para enmendar la disposición que requiere una certificación por conductor y vehículo que ha ocasionado problemas de implementación.
“Ante el comienzo de este nuevo requisito para la ciudadanía, todavía existen dudas en los ciudadanos sobre la manera y la forma en que se obtiene la certificación sobre instalación adecuada de los asientos protectores. De igual forma, no contamos con suficientes técnicos para atender la gran demanda y la ley debe ser aclarada para impedir cargas onerosas a las familias que transportan y comparten la tarea de cuidar niños”, explicó el primer ejecutivo.
Añadió que “ante esto, he ordenado la extensión de esta moratoria de seis meses hasta abril de 2019 mientras se trabaja con legislación aclaratoria”.
Para tales efectos, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Policía de Puerto Rico y las policías municipales no podrán emitir las multas de 100 dólares que dispone la Ley 22 si el conductor no cuenta con la certificación de que el asiento protector fue instalado adecuadamente.
El secretario del DSP, Héctor Pesquera, se expresó complacido con la solicitud del gobernador e indicó que ordenó al Comisionado de la Policía “que acate esta instrucción y que ordene a los agentes estatales a no intervenir con los conductores para solicitar la certificación”.
Rosselló Nevares reconoció “la labor titánica de la Policía, del Cuerpo de Bomberos y de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para poner en vigor este andamiaje. Sin embargo, entiendo que la extensión de tiempo y la enmienda de ley son necesarias”.
El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, dijo que “esta semana presentaremos legislación para asegurar que se cumpla con la intención legislativa de proteger a nuestros niños sin poner una carga onerosa en las familias. La certificación deberá ser una muestra de orientación a algún miembro de la unidad familiar que evidencie que un miembro está capacitado para instalar asientos protectores y que pueda ser transferible”.
El gobernador exhortó “a todos aquellos quienes transportan menores en sus vehículos a que continúen asistiendo a los lugares designados alrededor de la isla para que obtengan su certificación y no lo dejen para el último momento”. INS
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