Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 21 sep (INS).- En una carta enviada al liderato de Communications Workers of America, Local 3010, AFL-CIO, la Junta de Supervisión Fiscal reconoció que los gastos derivados de los fondos 9-1-1 no están sujetos a las medidas de control fiscal impuestas por el ente.
Esta determinación confirma los planteamientos esbozados por el gremio, que desde el año 2014 busca que se protejan los fondos 9-1-1 y no sean usados para otros asuntos no relacionados al Sistema de Emergencias.
“Desde el año 2014, cuando el gobierno tomó ilegalmente 12 millones de dólares para gastos del fondo general, hemos buscado alternativas para impedir que se usen los fondos 9-1-1 para otros fines no autorizados”, explicó Aramis Cruz, vicepresidente del gremio.
Según la Unión, y reconocido por la Junta de Supervisión Fiscal en su comunicación el pasado 17 de septiembre, bajo el Enhanced 9-1-1 Act de 2004, los fondos 9-1-1 sólo se pueden usar para el Sistema de Emergencias y está prohibido usarlos para otros fines.
En su comunicación, la Junta expresó que “los gastos relacionados a los ingresos del 9-1-1 no serán impactados por las medidas de ajuste que pudieran aplicar al Negociado del Sistema 9-1-1”.
También aseguró que los fondos “no serán desviados para otros usos que no sean los estipulados en la reglamentación para el 9-1-1 y sólo serán utilizados según lo establecido por los requerimientos legales”.
“El Negociado 9-1-1 opera en un 100% con los fondos recolectados de las líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas, no recibe fondos federales o estatales y tampoco tiene deudas con bonistas. Por lo que está respuesta permitirá que el 9-1-1 mejore su infraestructura, atienda el problema de reclutamiento y adiestramiento que hay en el negociado y mejore el sistema de comunicaciones integral para responder a las emergencias del país”, apuntó Cruz.
La resolución señala que “incluir al 9-1-1 en los planes fiscales cuando sus fondos sólo pueden ser utilizados para su operación, serían actos arbitrarios y caprichoso en violación la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos, la Ley 45-1998 y toda la legislación federal que regula el Sistema 9-1-1”.
El sindicato se encuentra trabajando junto a los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot en el proyecto del Senado 1059, que busca resolver los problemas del mal uso de fondos 9- 1-1 a la vez que da cumplimiento con el compromiso que hizo el gobierno durante el pasado mes de abril cuando la FCC cuestionó el desvío de fondos 9-1-1.
En aquel momento el comisionado de la FCC, Mike O’Reilly, le informó al gobernador Ricardo Rosselló que los fondos 9-1-1 son necesarios para garantizar que haya “sistemas de comunicación confiables, personal disponible, y que la migración a la próxima generación de servicio 9-1-1 pueda ocurrir a la mayor brevedad”.
Rosselló se comprometió a mejorar el sistema 9-1-1, lo que representa una alta prioridad para el gobierno. Cruz expresó que “confía en que el gobierno corrija los errores del pasado. Con esta respuesta de la Junta Fiscal, el gobierno puede retomar los esfuerzos para detener la fuga de empleados talentosos del 9-1-1, mejorar los sistemas de comunicaciones y asegurarse que el sistema esté en óptimas condiciones”. INS
aa