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Empleados universitarios repudiaron las propuestas que la junta de control fiscal y la junta de Gobierno de la UPR considera para el plan de retiro. Inter News Service
San Juan, 4 sep (INS).- El presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Eduardo Berríos Torres, alertó hoy sobre la orden de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de cerrar el Plan de Beneficios Definidos del Sistema de Retiro y congelar los beneficios acumulados por sus participantes, junto con la reducción de las pensiones de unos 8 mil 800 jubilados del primer centro docente del país.
La orden del organismo impuesto por Estados Unidos fue establecida en una misiva enviada, el pasado 30 de agosto, al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en la que se solicita revisar el Plan Fiscal de la UPR 2019-2023, presentado el 20 de agosto, por presuntamente incumplir con las disposiciones de la Ley Promesa.
La JSF se niega a considerar alternativas viables al Retiro-UPR, al tiempo que oculta los fundamentos para su determinación.
“Nosotros le hemos remitido a la junta dos misivas con evidencia que demuestra que las alternativas de cerrar y congelar el Plan de Beneficios Definidos son rechazadas fundamentadas en los resultados de estudios actuariales”, expresó Berríos Torres.
Aseguró que estos estudios corroboran el efecto nefasto de la postura adoptada por la JSF contra el Fideicomiso del Retiro-UPR, cuya solvencia y perpetuidad se afectará adversamente con estas acciones.
El estudio actuarial más reciente, dijo, refleja que el escenario de congelar el plan de retiro vigente causará que el Fideicomiso se quede insolvente en el año 2043
“La congelación de beneficios representará, de igual forma, el desfalco financiero de la Universidad, ya que le requerirá deshacerse de activos para subsidiar la nómina anual millonaria que tendrá que pagar al Fideicomiso”, expuso el presidente de la Junta de Retiro.
Aclaró que ni la JSF ni la UPR han revelado cómo se responderá y garantizará el pago de la nómina presente y futura de los pensionados del retiro universitario.
Berríos Torres también dijo que estos escenarios —cierre o congelación— provocarán que a los participantes del Retiro-UPR se les incumpla el contrato confeccionado con su patrono al momento de emplearse y redundará en que al momento de su jubilación no reciban la pensión para la cual cotizaron con sus salarios mensuales.
Al momento de pensionarse, aseguró que “los trabajadores universitarios estarán condenados a un estado de pobreza absoluta”.
Según el funcionario universitario, la JSF tampoco considera que el Retiro-UPR es un plan maduro donde actualmente el 75 por ciento por ciento de los 10 mil 200 participantes activos ya adquirió el derecho a una pensión bajo el Plan de Beneficios Definidos.
Afirmó que la JSF pretende mover a los participantes activos a un Plan de Contribución Definida, hecho que carece de sentido para los empleados de la UPR con derecho a recibir una pensión bajo el Plan de Beneficios Definidos tan pronto cumplan con los requisitos para jubilación.
“Si el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente queda insolvente, por las propuestas que pretende implementar la JSF, la Universidad tendrá que identificar la fuente de repago de la nómina de los pensionados, que actualmente es de 200 millones de dólares anuales y es solventada por los activos del Fideicomiso del Retiro-UPR”.
Berríos Torres destacó que dentro de cinco años, de cerrar el plan de retiro vigente, esa nómina aumentará a 500 millones de dólares para responderle al 75 por ciento de los empleados activos de la UPR con derecho a su pensión.
Para el año fiscal 2017-2018, la UPR aportó 68.9 millones de dólares al Fideicomiso del Retiro-UPR, los participantes aportaron 36.4 millones de dólares y el propio Fideicomiso aportó de sus réditos 92.1 millones.
La propuesta de la JSF eliminaría los 105.3 millones de dólares de ingresos provenientes las aportaciones individuales de los empleados y la aportación patronal, descansando exclusivamente en la UPR la obligación total de pagar la nómina millonaria de las pensiones.
“Por ello se entiende que las determinaciones de la JSF no solo son perjudiciales para nuestros trabajadores y pensionados, sino que también resultan funestas a la propia administración de la UPR y a la economía de Puerto Rico”, aseguró Berríos Torres al reiterar que el Fideicomiso de Retiro-UPR no está insolvente ni quebrado.
El Fideicomiso es una entidad jurídica independiente con un patrimonio de 1.4 billones de dólares totalmente separado de los activos de la Universidad de Puerto Rico.
“No entendemos por qué la JSF pretende aplicar medidas empleadas a otros planes de retiro quebrados cuyo resultado ha sido que el gobierno ha tenido que responsabilizarse de su nómina mensual”, agregó.
El presidente de la Junta de Retiro de la UPR aprovechó para recordarle a la JSF que esperan por una reunión, solicitada desde abril, con el propósito de compartirle información sobre alternativas no contempladas por el organismo. INS
ndc
