Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 24 de agosto de 2018
P. Rico-Plantean encubrimiento de responsables de deuda
San Juan, 24 ago (INS).- Los acuerdos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otros bonistas están dirigidos a encubrir violaciones de ley, conflictos de intereses, ganancias desmedidas de especuladores financieros y una mayor carga económica a largo plazo para el pueblo puertorriqueño, alertó ayer Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
“Desde el BGF se orquestó toda la deuda pública del país, también era el principal responsable de supervisar las emisiones de bonos de las demás corporaciones públicas y de los Sistemas de Retiro”, expresó en rueda de prensa frente a las clausuras instalaciones de la institución bancaria junto a representantes de otras organizaciones insertas en la lucha por una auditoría forense.
Prados Rodríguez hizo hincapié en que “la impunidad es aún peor que el delito, porque lo institucionaliza”, por lo que convocó al pueblo puertorriqueño a repudiar estos acuerdos y sus cláusulas de inmunidad.
Opinó que estas disposiciones están dirigidas a beneficiar al exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) Gerardo Portela, quien fuera alto ejecutivo del banco de Santander cuando se realizaron las emisiones de bonos; expresidente del BGF Jorge Irizarry, actual director ejecutivo de Bonistas del Patio; y los exdirectivos del BGF Carlos M. García y José Ramón González, actuales miembros de la JSF impuesta por Estados Unidos y quienes estuvieron vinculados a Santander.
Prados Rodríguez, acompañada de Martha Quiñones Domínguez, de la Asociación de Economistas; Julio López Varona, de Hedge Clippers; José Rivera, presidente del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y Rolando Emmanuelli, abogado experto en la legislación Promesa que estableció la JSF, reclamaron la realización de una auditoría forense para establecer la responsabilidad de quienes debían saber que muchas de las emisiones de bonos no contaban con fuentes de repago.
“Es importante que el país sepa que en estos acuerdos se pretende, en particular con el de los bonistas del BGF, el encubrimiento de muchas de las personas responsables de esta deuda; el proceso de reestructuración con los acreedores del BGF, desde el artículo 702 de la Ley 109 del 2017 y ahora los acuerdos con los bonistas contiene amplios relevos de responsabilidad de funcionarios, bufetes legales y banqueros involucrados en la creación de toda la deuda del país”, apuntó la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
La economista Quiñones Domínguez aclaró que no están diciendo que esos banqueros se apropiaron de los dineros públicos, sino que lo utilizaron ilegalmente, y que aquella deuda ilegítima no recaiga sobre el pueblo puertorriqueño.
Los planteamientos de los reclamantes de la auditoría forense surgieron a raíz de la publicación esta semana de un informe de la organización estadounidense Hedge Clippers, criticando los terribles relevos de responsabilidad y las implicaciones para el pueblo de Puerto Rico del acuerdo del BGF, que actualmente está en el proceso de votación para aprobación de los acreedores, que incluye cooperativas y otros acreedores locales.
López Varona afirmó que de aprobarse los acuerdos del BGF, las cooperativas están renunciando a su derecho a reclamar ante las terribles pérdidas que han sufrido y ser partícipes de este encubrimiento.
Advirtió que, también, el peso principal del pago de estos acuerdos caerán en los ayuntamientos, que ya están enfrentando terribles retos económicos, y por tanto, directamente en la ciudadanía a través del pago del IVU (Impuesto al Valor y Uso), CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y más recortes en servicios para el pueblo.
“Lo que se pretende acordar con los bonistas de la AEE es otro acto de traición al pueblo, imponiendo aumentos en las tarifas de luz para el repago de esa deuda a una economía que todavía no se recupera del paso del huracán María; A su vez, implicará un aumento a largo plazo de la deuda total que tendremos que pagar”, expresó Rivera en representación del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.
El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE denunció que el pago a los bonistas será financiado con un nuevo Cargo de Transición, que se pagaría en la factura de los abonados y de haber algún proceso de privatización, los privatizadores no asumirán ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El acuerdo de la AEE cambiaría la categoría de tenedores de bonos de no asegurados a asegurados, lo que limitaría la viabilidad de una reestructuración sólida de la deuda de la corporación pública, lo cual obstaculizaría la recuperación de la economía y la crisis fiscal de Puerto Rico.
El licenciado Emmanuelli expuso que los estos acuerdos, incluyendo el de los acreedores de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), significarán ganancias exorbitantes a especuladores financiero a costa de los ciudadanos que nada tuvieron que ver con estas decisiones.
En el caso de Cofina, aunque se plantea una reducción a la deuda de 17 mil 500 millones de dólares, el pueblo tendrá que pagar 33 mil millones de una deuda que solo tiene de principal 17 mil millones.
Esto implica que habrá fondos buitres que generarían ganancias multimillonarias y que incluso han aumentado sus inversiones después de María, mientras atarán al pueblo puertorriqueño al pago del IVU por los próximos 40 años para saldar esa deuda. INS
P. Rico-Secretaria de Familia informa que subadministradora de Adsef investigada por Justicia está suspendida
San Juan, 24 ago (INS).- La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, informó ayer que la subadministradora de la Administración para el Desarrollo Económico de la Familia (Adsef), Mildred Villegas Rivera, se encuentra suspendida de sus funciones.
Andújar Matos consignó que “inmediatamente que recibimos la querella el 12 de julio de 2018 tomamos el paso correspondiente que era referirlo al Departamento de Justicia para que fuera investigado. Con el fin de no perjudicar la investigación, Villegas continuó en el puesto. Por ende, el 2 de agosto del 2018 Villegas Rivera fue reinstalada a su puesto regular de carrera como directora ejecutiva III”.
Sin embargo, la secretaria expone que el 6 de agosto Villegas, exadministradora interina de la Adsef, cargo en el que habría cometido actos ilegales, “fue notificada de una querella radicada en su contra por conducta impropia y lesiva a nombre del Departamento de la Familia. Se le indicó que nuestra Oficina de Asesoramiento Legal revisó la evidencia documental recibida y que se encontraron motivos fundados para creer que su conducta no cumplía con las obligaciones que tiene todo empleado de la agencia”.
Debido a esta situación, la titular de Familia indicó que “se le notificó que como medida cautelar estaba suspendida inmediatamente”.
Agregó que “en el Departamento de la Familia tenemos cero tolerancia contra la corrupción y cualquier funcionario que viole las leyes será debidamente referido e investigado como corresponde sin distinción de puesto o persona”.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó ayer que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia notificó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), que se realiza una investigación preliminar contra la exadministradora interina de la Adsef, Villegas Rivera, por posibles infracciones penales.
En la notificación a la Opfei, se indica que el 13 de julio de 2018 se recibió una querella en contra de Villegas Rivera, en la que se alega que incurrió en conducta típica proscrita en el artículo 4.2 de la Ley 1 de 2011 (Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental).
La querella presentada contra la administradora interina de la Adsef el 31 de julio pasado, alega la solicitud de aportaciones a un contratista para beneficio personal, entre otras alegaciones.
Las alegaciones son investigadas por agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.
Según Justicia, procede continuar la investigación preliminar sobre las alegaciones, según dispone el inciso cuatro del artículo 8 de la Ley de la Opfei supra, para así poder determinar la posibilidad de existencia o inexistencia de comisión de delito.
“En cumplimiento a lo establecido por la Ley de la Opfei, que establece un término que no excederá de 15 días laborables para notificarles la fecha que comienza a contar el término que proveen al Departamento de Justicia para llevar a cabo la investigación preliminar, hoy estamos notificándoles el que se realiza una investigación preliminar en este caso”, destacó Vázquez Garced. INS
P. Rico-Senado dio hasta las 5:00 de la tarde de ayer a agencias del gobierno para contestar requerimientos de información y hoy acudirá al tribunal
San Juan, 24 ago (INS).- Las agencias e instrumentalidades públicas que no entregaron información requerida por el Senado tenían hasta ayer a las 5:00 de la tarde para hacerlo.
De lo contrario, el Senado someterá hoy un recurso en el Tribunal de Primera Instancia para obligar a las agencias a cumplir con la solicitud.
Así se determinó ayer en el pleno del Senado, que aprobó una comunicación del secretario del Senado, Manuel Torres Nieves, en la que le informa al cuerpo las peticiones que no han sido contestadas por las agencias, inclusive desde el año 2017.
Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que si las agencias no habían entregado la información, los abogados acudirán al tribunal.
De acuerdo con la comunicación del secretario del Senado, Manuel Torres, “según lo dispuesto por la sección 18.2 del Reglamento del Senado, la Secretaría del Senado ha procesado las peticiones verbales y escritas, presentadas ante el Cuerpo y aprobadas por éste, solicitando información a entidades y agencias del Gobierno”.
“En caso de incumplimiento después del término aprobado por el Senado, se han enviado segundas notificaciones otorgando tres (3) días laborables adicionales como establece el Reglamento. En algunos casos, por instrucciones del Cuerpo, se enviaron terceras notificaciones con un término limitado para cumplir e informando a las entidades en incumplimiento que el Senado podrá, inclusive, acudir al Tribunal conforme a las disposiciones de ley aplicables”.
Sobre el asunto, Rivera Schatz dijo que “para que quede el registro claro. Ha habido varios compañeros senadores y senadoras que han hecho requerimiento de información a diversas agencias e instrumentalidades públicas y se le ha hecho el acercamiento a muchas de ellas en tres ocaciones y a otras en dos ocaciones. Ha habido gestiones de seguimiento constante de la oficina del Secretario del Senado para que de una manera cordial y amistosa se provea la información que senadores y senadoras de Puerto Rico han estado solicitando”.
En la comunicación ofrecida al pleno consta que las agencias que no han entregado la información requerida son el Departamento de la Familia, Departamento de Recreación y Deportes, OGP, Departamento de Hacienda, Departamento de Educación, Policía, DTOP, Oficina del Procurador del Paciente, Departamento de Seguridad Pública, Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, Departamento de Salud, UPR, Administración de Seguros de Salud, Municipio de San Juan, Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, ASSMCA, AEE y DACO.
“Eso contrasta marcadamente con las expresiones que hiciera el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza en el día de hoy (ayer), quien hablaba de transparencia total y de acceso a la información. Así que me sorprende muchísimo que tengan un discurso en la prensa distinto a lo que son las acciones que deben tomar cuando hay un requerimiento formal del Senado de Puerto Rico”, apuntó.
Y agregó: “Señor portavoz (senador Carmelo Ríos) y señor secretario (Manuel Torres), estamos ordenando para que los abogados radiquen en el Tribunal de Primera Instancia y le exijan a todas las instrumentalidades públicas que cumplan con los requerimientos, a menos que hoy (ayer) antes de las 5:00 de la tarde hayan entregado todos y cada uno de los documentos que han solicitado los senadores”.
Y advirtió que si a las 5:00 de la tarde “no han cumplido con la totalidad, con el ciento por ciento de la información, que los abogados radiquen cuanto antes el recurso y que lo notifiquen al secretario de Asuntos Públicos que yo estoy seguro que consistente con las expresiones que hizo de transparencia y acceso a la información, él sería un instrumento para ayudarnos para que se cumpla con este requerimiento”, destacó Rivera Schatz. INS
P. Rico-Rosselló Nevares coloca primera piedra de proyecto de carriles reversibles que conectarán Gurabo con Centro Médico
San Juan, 24 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares colocó ayer la primera piedra de un proyecto dirigido a la construcción de dos carriles reversibles que conectarán la carretera PR-30, en Gurabo, con la PR-18, a la altura del Centro Médico de Río Piedras.
La primera fase de este proyecto, que busca aliviar considerablemente el tráfico vehicular y se proyecta que creará 997 empleos directos, indirectos e inducidos, tendrá un costo de 174 millones y se espera completar en unos dos años.
Acompañado por el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras Aponte, el primer ejecutivo oficializó el comienzo de la primera fase del proyecto.
“Esta primera fase, de cinco en total, se llevará a cabo con una inversión de 39.9 millones y consiste en construcción de cuatro puentes, sistemas de alumbrado LED y la construcción de virajes en u (U-Turn) para facilitar el acceso a situaciones de emergencias”, explicó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares añadió que esta fase se extenderá desde Montehiedra hasta la PR-175.
El gobernador recordó que por décadas, los miles de ciudadanos que transitan por esta ruta entre San Juan y Gurabo, cruzando el expreso Luis A. Ferré, han enfrentado enormes congestiones vehiculares en ambas direcciones.
“Esto tiene un efecto devastador en la salud física y emocional del Pueblo y en nuestro ambiente, al tener por más tiempo en las vías vehículos que emiten gases contaminantes; esto también incide en nuestra economía. Por eso, este proyecto significa mucho más que la construcción de accesos y la conexión vial entre municipios: significa un paso importante para lograr una mejor calidad de vida”, amplió el primer ejecutivo.
El secretario de DTOP indicó que “este tipo de proyecto de carriles reversibles es conocido como dynamic toll lanes (DTL) y ha demostrado ser sumamente efectivo. El mejor ejemplo lo tenemos en la PR-22 entre Toa Baja y Cataño, que es utilizado diariamente por miles de conductores en ambas direcciones”.
El funcionario indicó que los carriles reversibles tendrán un peaje variable, igual que el utilizado en Toa Baja, pero aclaró que no se trata de un peaje adicional pues, al igual que en Toa Baja, el uso del carril reversible es opcional.
Una vez se paga el peaje de este carril, el conductor queda eximido del pago del peaje original, en este caso, en Caguas norte.
Contreras Aponte aseguró que una vez terminado este proyecto -con los puentes, elevados y salidas para fácil y rápido acceso hacia y desde las carreteras PR-52 y PR-30- serán muchos los que querrán establecer nuevos negocios en la zona.
“Además, será más fácil para las agencias de ley y orden, de rescate y atención a la salud, llegar a sus destinos y transportar a personas afectadas a instalaciones médicas a lo largo de toda la ruta. Por eso es que siempre digo que la labor de nuestra gente en el DTOP y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), es mucho más que carreteras y puentes: es un trabajo que promueve la actividad económica y transforma vidas”, manifestó el titular de DTOP. INS
P. Rico-Alcalde de Mayagüez niega que esté a cargo del zoológico
Mayagüez, 24 ago (INS).- Aunque preside el Fideicomiso encargado del zoológico y tiene en la junta más funcionarios que el gobierno central, el alcalde de la Sultana del Oeste José Guillermo “Guillito” Rodríguez dijo que no está a cargo del lugar.
Rodríguez, en declaraciones escritas, lamentó que se haya firmado un contrato “en secreto, que nadie conocía”, con Carol Buckley, para trasladar el elefante Mundi a una facilidad en Georgia Texas en unas ocho semanas, “a espaldas de los legisladores de esta región y del propio Ejecutivo Municipal de esta ciudad”.
Las expresiones surgieron del alcalde fueron en reacción a una entrevista en una cadena de noticias de San Juan en la que Sylvia Bedrosian, quien se identifica como Presidenta de la Asociación en Defensa de los Animales, Pet Friendly Puerto Rico, desde Nueva York, se expresara en favor del traslado de Mundi a Georgia.
”El biólogo del Zoológico, David Cole asegura que Mundi está bien atendida, no presenta daños físicos ni psicológicos, siempre ha estado bien atendida y con buena salud física y psicológica’’, expresó el alcalde.
Dijo que su municipio “nunca ha estado a cargo del zoológico, quien lo administra es el Departamento de Recursos Naturales (ahora), antes lo administraba el Departamento de Recreación y Deportes y luego la Compañía de Parques Nacionales”. El DRNA heredó hace unas semanas el zoológico al añadírsele varias dependencias del DRD.
Dijo el alcalde en su comunicado de prensa que el zoológico está cerrado” por reparaciones menores por disposición del Departamento de Recreación y Deportes y que su oficial de prensa Alex Castro no permite que entre la prensa y no ha contestado los mensajes para aclarar el contenido del contrato para la mudanza de Mundi”.
Reconoció que fue su propio gobierno del Partido Popular Democrático en octubre de 2016 que creó el Fideicomiso para el Desarrollo y Administración del Zoológico. Ese fideicomiso lo pone a él a la cabeza.
Sin embargo, se alejó de sus deberes ministeriales como presidente de la Junta al indicar en sus declaraciones que “hasta el momento no se ha articulado el programa de reestructuración de esa facilidad, porque el gobierno central no ha confirmado su representante en la junta”, que él preside.
Por otro lado, también reconoció que “contrario a lo sucedido en los grandes parques de la Florida con el paso de algunos huracanes, en el zoológico de Puerto Rico sus empleados lograron la hazaña de proteger todas las especies sin que se reportaran fugas ni bajas de las principales especies”, durante el huracán María.
Señaló que ese zoológico “es un centro educativo científico y recreativo para que los niños de Puerto Rico puedan ver y conocer animales exóticos del planeta sin tener que salir de Puerto Rico”. INS
vac