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San Juan, 24 ago (INS).- Tras insistir en la arbitrariedad de la medida y en la inocencia de la Iglesia Católica puertorriqueña, el arzobispo de San Juan admitió que ayer se les embargaron cerca de un millón de dólares de diversas cuentas, a raíz de lo que se quedó sin dinero para pagarles hoy a más de 75 empleados, a quienes dejó en libertad de buscar nuevos empleos.
Monseñor Roberto Octavio González Nieves insistió en que el plan de retiro de los maestros de las escuelas de la arquidiócesis era administrado por un fideicomiso, que es una entidad jurídica independiente, y que se ordenó “que pagara entonces una entidad a la que ellos denominaron la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico”.
Recordó que en Puerto Rico ninguna diócesis tiene personalidad jurídica y, por lo tanto, una diócesis puede ser desposeída de sus bienes, sin que sea parte de un pleito, por una acción que ocurra en otra diócesis, o cualquier parroquia de la isla o cualquier congregación religiosa que no esté incorporada.
“Es decir, contra todo derecho canónico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico convirtió a todas las entidades católicas en Puerto Rico en una sola alcancía, violentando el debido proceso de ley, el derecho de una religión a organizarse internamente y, sobre todo, contra la misión y la caridad de la Iglesia”, afirmó el arzobispo.
“No hemos dado esta lucha por no pagar pensiones, o dar algún beneficio alterno a los pensionados de las cuatro diócesis de Puerto Rico. Por ello fue que expresé antes de los pleitos la importancia de la solidaridad y de que se cree un fondo para estos fines. Sin embargo, debido a las múltiples demandas, esto no ha sido posible”, argumentó el religioso.
Luego apuntó que “aunque los demandantes solicitaron un pago de aproximadamente 640 mil dólares, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sin vista alguna, sin justificación en ley, ordenó la exorbitante cifra de 4.7 millones, pagaderas en 24 horas, dinero que la Arquidiócesis de San Juan no tiene”.
“En el día de ayer se desposeyó a la arquidiócesis de San Juan de sobre 400 mil dólares. Es decir, vaciaron sus cuentas. Tal vez para un individuo esta cifra pueda ser significativa, pero para una entidad como la arquidiócesis es una cifra precaria y se demuestra lo que hemos dicho, somos una arquidiócesis pobre, una institución con recursos limitados”, afirmó.
Luego señaló que ese dinero “ya estaba comprometido para la nómina de los empleados, el pago de utilidades y para la caridad cristiana. Es un dinero que provenía de la caridad de los fieles para con la Arquidiócesis”.
Por tal motivo, “esta acción del Tribunal de San Juan de apropiarse del dinero de la arquidiócesis provocó que los empleados de las operaciones centrales, laicos y religiosos, aproximadamente 75 personas, no puedan cobrar su salario este viernes y se exponen a perder su plan médico y para todos los efectos, sin empleo, ya que no se les puede pagar por sus labores”.
“Además, les tuve que comunicar que como no se les puede seguir pagando debido al vaciado de nuestras cuentas, están libres de gestionar otro empleo, que cualquier gestión con la arquidiócesis sería de manera voluntaria y que les avisaremos, si es que conseguimos dinero, cuándo puedan regresar a sus trabajos”, añadió.
Y agregó que “estos empleados nuestros (…) no sólo perdieron su pensión, sino que perdieron su sueldo. Si bien nos dolió la pérdida de la pensión, de igual manera duele la situación de estos empleados. A muchos de ellos, el Tribunal les desposeyó de su derecho a la alimentación digna”.
Informó que “el total expropiado ronda en un millón de dólares” y acusó que lo sucedido “no es otra cosa que una expropiación inmoral de bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico por parte del Estado, por vía de su Rama Judicial”.
Concluyó que “nuestras escuelas no pueden convertirse en un botín para intereses personales, contrarios y ajenos a la educación católica, sino que están llamadas a ser lugares de paz, de sana convivencia, de respeto y de resolver disputas desde la buena fe y la caridad”. INS
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