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Representantes de diversas organizaciones que impulsan una auditoría forense a la deuda pública del país denunciaron la impunidad que se pretende establecer. Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 23 ago (INS).- Los acuerdos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otros bonistas están dirigidos a encubrir violaciones de ley, conflictos de intereses, ganancias desmedidas de especuladores financieros y una mayor carga económica a largo plazo para el pueblo puertorriqueño, alertó hoy la licenciada Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
“Desde el BGF se orquestó toda la deuda pública del país, también era el principal responsable de supervisar las emisiones de bonos de las demás corporaciones públicas y de los Sistemas de Retiro”, expresó en rueda de prensa frente a las clausuras instalaciones de la institución bancaria junto a representantes de otras organizaciones insertas en la lucha por una auditoría forense.
Prados Rodríguez hizo hincapié en que “la impunidad es aún peor que el delito, porque lo institucionaliza”, por lo que convocó al pueblo puertorriqueño a repudiar estos acuerdos y sus cláusulas de inmunidad.
Opinó que estas disposiciones están dirigidas a beneficiar al exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) Gerardo Portela, quien fuera alto ejecutivo del banco de Santander cuando se realizaron las emisiones de bonos; expresidente del BGF Jorge Irizarry, actual director ejecutivo de Bonistas del Patio; y los exdirectivos del BGF Carlos M. García y José Ramón González, actuales miembros de la JSF impuesta por Estados Unidos y quienes estuvieron vinculados a Santander.
Prados Rodríguez, acompañada de Martha Quiñones Domínguez, de la Asociación de Economistas; Julio López Varona, de Hedge Clippers; José Rivera, presidente del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y Rolando Emmanuelli, abogado experto en la legislación Promesa que estableció la JSF, reclamaron la realización de una auditoría forense para establecer la responsabilidad de quienes debían saber que muchas de las emisiones de bonos no contaban con fuentes de repago.
“Es importante que el país sepa que en estos acuerdos se pretende, en particular con el de los bonistas del BGF, el encubrimiento de muchas de las personas responsables de esta deuda; el proceso de reestructuración con los acreedores del BGF, desde el artículo 702 de la Ley 109 del 2017 y ahora los acuerdos con los bonistas contiene amplios relevos de responsabilidad de funcionarios, bufetes legales y banqueros involucrados en la creación de toda la deuda del país”, apuntó la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
La economista Quiñones Domínguez aclaró que no están diciendo que esos banqueros se apropiaron de los dineros públicos, sino que lo utilizaron ilegalmente, y que aquella deuda ilegítima no recaiga sobre el pueblo puertorriqueño.
Los planteamientos de los reclamantes de la auditoría forense surgieron a raíz de la publicación esta semana de un informe de la organización estadounidense Hedge Clippers, criticando los terribles relevos de responsabilidad y las implicaciones para el pueblo de Puerto Rico del acuerdo del BGF, que actualmente está en el proceso de votación para aprobación de los acreedores, que incluye cooperativas y otros acreedores locales.
López Varona afirmó que de aprobarse los acuerdos del BGF, las cooperativas están renunciando a su derecho a reclamar ante las terribles pérdidas que han sufrido y ser partícipes de este encubrimiento.
Advirtió que, también, el peso principal del pago de estos acuerdos caerán en los ayuntamientos, que ya están enfrentando terribles retos económicos, y por tanto, directamente en la ciudadanía a través del pago del IVU (Impuesto al Valor y Uso), CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y más recortes en servicios para el pueblo.
“Lo que se pretende acordar con los bonistas de la AEE es otro acto de traición al pueblo, imponiendo aumentos en las tarifas de luz para el repago de esa deuda a una economía que todavía no se recupera del paso del huracán María; A su vez, implicará un aumento a largo plazo de la deuda total que tendremos que pagar”, expresó Rivera en representación del presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.
El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE denunció que el pago a los bonistas será financiado con un nuevo Cargo de Transición, que se pagaría en la factura de los abonados y de haber algún proceso de privatización, los privatizadores no asumirán ninguna responsabilidad sobre la deuda.
El acuerdo de la AEE cambiaría la categoría de tenedores de bonos de no asegurados a asegurados, lo que limitaría la viabilidad de una reestructuración sólida de la deuda de la corporación pública, lo cual obstaculizaría la recuperación de la economía y la crisis fiscal de Puerto Rico.
El licenciado Emmanuelli expuso que los estos acuerdos, incluyendo el de los acreedores de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), significarán ganancias exorbitantes a especuladores financiero a costa de los ciudadanos que nada tuvieron que ver con estas decisiones.
En el caso de Cofina, aunque se plantea una reducción a la deuda de 17 mil 500 millones de dólares, el pueblo tendrá que pagar 33 mil millones de una deuda que solo tiene de principal 17 mil millones.
Esto implica que habrá fondos buitres que generarían ganancias multimillonarias y que incluso han aumentado sus inversiones después de María, mientras atarán al pueblo puertorriqueño al pago del IVU por los próximos 40 años para saldar esa deuda. INS
ndc
