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San Juan, 20 ago (INS).- Dos medidas aprobadas en el Senado de Puerto Rico, al inicio hoy de la cuarta Sesión Ordinaria de la Décima Octava Asamblea Legislativa, persiguen enmendar la ley que prohibe el hostigamiento sexual en el empleo (Ley 17-1988), que obligaría a los responsables de tal acción en el gobierno a pagar a sus víctimas.
El proyecto del Senado 562, de la autoría de Aníbal José Torres Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), prohibiría el desembolso de recursos provenientes de presupuestos del gobierno puertorriqueño para el pago de importes por daños causados a las víctimas, por lo que deberá sufragarlo el propio responsable del acto.
La enmienda específica contenida en el proyecto de ley precisa que “el gobierno, incluyendo sus tres ramas, y sus instrumentalidades o corporaciones públicas, así como los gobiernos municipales, serán responsables de garantizar el estricto cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos y protocolos establecidos a los fines de garantizar la implementación efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual en toda dependencia gubernamental”.
Y agrega que “la prohibición de desembolsos en este artículo no aplica a la responsabilidad sobre las actuaciones del patrono o de sus supervisores si los actos específicos objetos de controversia fueron autorizados o si el patrono sabía o debía estar enterado de dicha conducta”.
Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aclaró que este desembolso por el daño causado que se le adjudica al culpable del hostigamiento no tiene nada que ver con la responsabilidad de mantener un ambiente libre de hostigamiento sexual.
Indicó, además, que sería diferente cuando los daños que pudo haber causado ese patrono fueran por no haber tenido ese ambiente adecuado.
“El pago de daños que le corresponda hacer al culpable del hostigamiento lo hará con sus propios recursos. Eso no libera bajo ninguna circunstancia a ningún patrono de cumplir fiel y estrictamente con todos los protocolos, gestiones y procesos para asegurar el trabajo de hostigamiento”, explicó Rivera Schatz.
El presidente del Senado aseguró que “tampoco libera a ningún patrono de la responsabilidad que tuviera que representar un pago si incumple con ese deber de tener los protocolos y los ambientes de trabajo totalmente libre de hostigamiento sexual”.
Esta medida ahora pasará ante la consideración de la Cámara de Representantes.
El Senado igualmente dio paso al proyecto 635, de la senadora Zoé Laboy Alvarado, que fijaría la sanción por violar la Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo a un mínimo de 10 mil dólares.
La sanción actual es de 3 mil dólares para los responsables.
“El incremento de la cuantía de los daños que se pueden imponer, será un disuasivo y un elemento adicional dirigido a erradicar la conducta de hostigamiento sexual en el empleo”, apunta el escrito firmado por la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, Itzamar Peña. INS
ndc