Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 20 de agosto de 2018
P. Rico-Gobernador presenta a la legislatura cinco proyectos para reconocer derechos de clientes frente a las aseguradoras
San Juan, 20 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió ayer cinco proyectos a la legislatura para convertir en ley cerca de 10 las iniciativas que garantizan una mejor respuesta de las aseguradoras ante eventos catastróficos como los vividos el año pasado.
“No podemos estar satisfechos con la respuesta de las aseguradoras y eso tiene un efecto en la habilidad de recuperación de la isla. Ciudadanos, Pymes, otras organizaciones y los municipios necesitan celeridad en la tramitación de las pólizas que contrataron y pagaron. Las medidas que presentamos hoy dirigen sus esfuerzos a esa finalidad”, expresó el primer ejecutivo.
El gobernador recordó que en la cumbre -que incluyó a clientes, aseguradoras, comercios, sector privado, municipios y Pymes- que convocó en los pasados meses “se recogió el insumo de diversos sectores que nos han permitido desarrollar una serie de iniciativas para atemperar el Código de Seguros a las realidades contemporáneas y las mejores prácticas”.
Mientras, el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, explicó que “las medidas que presenta el gobernador recogen las iniciativas que anunciamos tras la celebración de la cumbre y añade dos más que van dirigidas a certificar que las aseguradoras cuentan con planes de contingencia adecuados”.
Asimismo, Rivera Ríos añadió que estos planes “al igual que en otras jurisdicciones, aportan para la debida auditoría de su capacidad financiera, lo que nos permitirá aseverar que podrán responder económicamente cuando haya un evento catastrófico en la isla”.
Ante el constante señalamiento de la dilación en el pago de las aseguradoras por discrepancias sobre el valor de los daños o pérdida, se implementará el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro.
Con este proceso -disponible en las demás jurisdicciones de Estados Unidos- las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica. Sin embargo, este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.
Además se propone enmendar el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.
Para ampliar las opciones de cubierta comercial, se introducirán cambios que faciliten a las entidades que cualifiquen la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.
De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.
En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, la medida resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.
Igualmente se establece el mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.
En casos en que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costas para el proceso administrativo y judicial.
También se requerirá a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.
Por otro lado, ante un estado de emergencia en la isla, las aseguradoras deberán proceder con la emisión de pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia. Esto ayudará a que el proceso de recuperación pueda iniciarse más rápidamente.
Cada asegurador objeto de auditoría deberá reembolsar los gastos incurridos en la investigación o examen. Eso, con el propósito de que la Oficina del Comisionado de Seguros pueda contar con mayores recursos para la fiscalización y garantizarle a la ciudadanía que, aún ante un desastre mayor, la entidad cuente con la capacidad financiera para responderle.
Se trata de un proceso especializado que se realiza cada cinco años y es requerido bajo los parámetros establecidos por la National Association of Insurance Commissioners y no representará un gasto excesivo para las aseguradoras.
Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones, como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, North Dakota, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota y Utah.
Finalmente, se creará una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros que -en caso de ocurrir un evento catastrófico- permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.
“Estoy confiado en que próximamente estaremos convirtiendo estos proyectos en leyes, para hacerles justicia a nuestros asegurados que requieren de atención inmediata”, concluyó Rosselló Nevares. INS
P. Rico-Ley presentada en la Cámara obligaría a la secretaria de Justicia a defender pago íntegro a los pensionados
San Juan, 20 ago (INS).- Ante el nuevo plan sometido por la Junta de Control Fiscal y que contempla una reducción de un 10 por ciento en las pensiones de los jubilados del gobierno, el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, y el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez sometieron un proyecto de ley para atribuirle a la secretaria del Departamento de Justicia la autoridad para instar cualquier acción legal ante cualquier foro con competencia, en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio público.
El Proyecto 1716 busca enmendar y darle mayor poder a la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos (Ley 106 de 2017), que declaró en estado de emergencia los sistemas de retiro del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno.
La exposición de motivos del proyecto 1716 expresa que “entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los distintos sistemas de retiro previamente existentes, se declara como política pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines”.
La ley 106 del 2017 declaró como política pública del gobierno de Puerto Rico la protección de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los sistemas de retiro mencionados anteriormente.
Asimismo, declara como política pública proteger el futuro de nuestros servidores públicos. Mediante la Ley 106, el Estado buscaría asegurar que los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas.
Inclusive, para lograr los propósitos de la Ley 106, se creó, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la denominada “Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas”, que es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y demás cuentas del gobierno, y que funciona bajo un esquema de “pay as you go” para el pago de las pensiones.
A pesar de que el gobierno central ha buscado alternativas para salvar las pensiones de los retirados, en un nuevo giro la Junta de Control Fiscal ha solicitado reducir el pago de las mismas.
Meléndez expresó al respecto que “la Junta de Control Fiscal insiste en eliminar el bono de Navidad de los empleados, los beneficios del plan médico, limitar las horas extras y también que se les recorte el pago de sus pensiones. De esto ocurrir, habrá una reacción en cadena que afectará aún más a la economía de Puerto Rico”.
Añadió que “los niveles de pobreza aumentarán significativamente, aumentará la emigración de nuestros puertorriqueños y el movimiento comercial se reducirá a niveles nunca antes vistos”.
El legislador afirmó que con este proyecto “buscamos proteger el futuro de nuestros pasados, presentes y futuros empleados gubernamentales. Nuestra secretaria de Justicia es la representante legal del gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico”.
“Y le estamos dando la facultad para que defienda el pago íntegro de nuestros pensionados y lo establecido en la Ley 106, porque como ha expresado el gobernador Ricardo Rosselló sobre este tema, es política pública de esta administración proteger el futuro de nuestros servidores públicos”, concluyó. INS
P. Rico-Rosselló Nevares anuncia distribución de más de 58 mil libros durante la primera semana de clases en el Departamento de Educación
San Juan, 20 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el Departamento de Educación concluyó la primera semana de clases con la distribución de 58,075 libros en las siete regiones educativas.
Unas 302 escuelas en la isla recibieron textos de inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. En la categoría de inglés se distribuyeron 24,225 ejemplares; mientras que en matemáticas se entregaron 15,180; en ciencias, 11,300; y en estudios sociales, 7,370.
Esta es la primera vez en más de una década que el DE equipa a todas las escuelas con libros de textos alienados a los estándares educativos.
“Me complace saber que en este nuevo año escolar nuestro estudiantado comienza con las herramientas correctas para su desarrollo. Si bien reconocemos que este es el comienzo de grandes cambios, estamos seguros de que la adquisición de estos libros, lo que no ocurría hace más de 10 años, permite a nuestros niños y jóvenes recibir la enseñanza adecuada”, expresó el gobernador.
A su vez, la secretaria de Educación, Julia Keleher, destacó que “sabemos que los nuevos libros ayudarán en el proceso de aprendizaje y que serán herramientas útiles para la meta que nos hemos trazado de elevar el porcentaje de aprovechamiento académico en las pruebas META. Vamos a seguir equipando a las escuelas como parte de la trasformación educativa”.
El pasado lunes, primer día de clases, la secretaria y el gobernador visitaron las escuelas José Campeche, en Bayamón, y Mercedes Rosado, en Naranjito, donde participaron del proceso de distribución de libros nuevos en varios de los salones de clases de ambos planteles.
El DE ha coordinado con las 10 casas editoriales seleccionadas el proceso de distribución de los libros en las escuelas. La semana próxima se proponen entregar cerca de 80 mil nuevos libros en unas 422 escuelas adicionales.
Una inversión mayor a los 36 millones de dólares fue asignada para la compra de libros mediante un proceso de subastas donde, además, educadores y personal del DE participaron del proceso de evaluación de los textos que se adquirieron para este semestre escolar en una casa abierta que organizó la agencia.
Según se informó, cada casa editorial está supliendo los libros según los van recibiendo en una coordinación con el DE y las regiones educativas.
Esta es la primera vez que se lleva a cabo una adquisición masiva de libros para impactar a la totalidad de las escuelas del sistema público. Para suplir la demanda, se recurrió a las entregas escalonadas, de manera que la mayoría de las escuelas vayan recibiendo los libros de texto según las casas editoriales los van recibiendo. INS
P. Rico-Senador Carlos Rodríguez Mateo se opone a la limitación a dos cuatrienios de los cargos políticos
Ponce, 20 ago (INS).- En medio de la celebración de los 51 años de fundación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador Carlos Rodríguez Mateo se expresó ayer en contra de la idea de limitar los puestos políticos a sólo dos términos o cuatrienios.
“Con el gran respeto que siempre nos caracteriza y el gran aprecio que le tenemos a los compañeros que vuelven a sugerir esta idea, nos oponemos tenazmente”, dijo el legislador, quien explicó que “no se debe limitar el trabajo de políticos que tienen muy buenas ideas y que las ejecutan con muy buenos resultados”.
Rodríguez Mateo hizo hincapié en que de aprobarse una medida como esa, en la legislatura “se estaría condenando a los buenos políticos”.
“Aunque es cierto que nadie debe ver el campo de la política como eterno, entendemos que debe ser el mismo pueblo, es decir, cada constituyente de todos los partidos políticos el que tenga la última palabra en las urnas… Debemos recordar que Puerto Rico es un país democrático y que, a través del voto, se pone o se remueve a los políticos de las distintas posiciones”, agregó.
El político ejemplificó en el exalcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera padre, el exalcalde de Carolina José Aponte de la Torre, y el expresidente del Senado Antonio Fas Alzamora, “como algunos de los que más han aportado a sus respectivos municipios y al país en general”.
“La mejor herramienta para limitar los términos es el voto que cada elector utiliza cuatrienio tras cuatrienio”, concluyó. INS
P. Rico-Federación de Maestros compara caos en las escuelas públicas con privilegios de las chárter
San Juan, 20 ago (INS).- “Mientras el sistema de educación pública es un caos como consecuencia de la incapacidad administrativa de la secretaria Julia Keleher, empresarios ‘sin fines de lucro’ se lanzan sobre el presupuesto del Departamento de Educación y se apoderan a jirones de los recursos que corresponden a nuestros niños”, describió Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) la primera semana de clases y el inicio de los planes de privatización de las escuelas a través del modelo chárter.
“Por 25 años la lucha del magisterio había logrado frenar la privatización. Han necesitado la conjunción de un huracán categoría 5, un ‘representante exclusivo’ patronal e incapaz de luchar, un pueblo apático que mira de lejos los desmanes del gobierno contra la niñez y sus maestros y una falta de disposición a dar la pelea de muchos para imponer la primera escuela chárter”, afirmó la sindicalista.
Añadió que “estas escuelas empiezan el semestre con gran ventaja sobre las escuelas públicas. Mientras cierran escuelas con sobre 200 y 300 estudiantes, esta primera escuela chárter abre con 58 estudiantes y ocho maestros. Esto es un promedio de ocho estudiantes por grupo y con un lapso de tres años para que aumenten la matrícula estudiantil. ¡Así cualquiera!”, eseveró.
Apuntó que el Departamento de Educación ha cerrado 442 escuelas bajo el mandato de la actual secretaria y la administración del gobernador Ricardo Rosselló. El cierre masivo ha sido ordenado por la Junta de Control Fiscal y avalado por el Tribunal Supremo. “Se han unido en diabólica alianza contra la educación pública de nuestros niños”, sentenció la dirigente magisterial.
Martínez Padilla alegó que “el gobierno no les ofrece a las escuelas públicas las ventajosas condiciones que le da a las chárter. Es un plan bien orquestado que busca vender la privatización como la alternativa y llenarles los bolsillos a los ejecutivos de las empresas supuestamente sin fines de lucro”.
La Federación de Maestros contrastó que “mientras a esta primera chárter le permiten un número reducido de estudiantes, dando espacio a una atención individualizada, en las escuelas públicas se ha creado un problema de hacinamiento con más de 35 estudiantes por salón, falta de recursos y facilidades inadecuadas”.
“La privatización es como el cáncer que una vez inicia, se riega. Conlleva menos recursos para la escuela pública y corrupción en el manejo de fondos. Aquí significará discrimen contra miles de niños y eliminación de derechos para los maestros”, resumió. INS
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