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San Juan, 19 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares envió hoy cinco proyectos a la legislatura para convertir en ley cerca de 10 las iniciativas que garantizan una mejor respuesta de las aseguradoras ante eventos catastróficos como los vividos el año pasado.
“No podemos estar satisfechos con la respuesta de las aseguradoras y eso tiene un efecto en la habilidad de recuperación de la isla. Ciudadanos, Pymes, otras organizaciones y los municipios necesitan celeridad en la tramitación de las pólizas que contrataron y pagaron. Las medidas que presentamos hoy dirigen sus esfuerzos a esa finalidad”, expresó el primer ejecutivo.
El gobernador recordó que en la cumbre -que incluyó a clientes, aseguradoras, comercios, sector privado, municipios y Pymes- que convocó en los pasados meses “se recogió el insumo de diversos sectores que nos han permitido desarrollar una serie de iniciativas para atemperar el Código de Seguros a las realidades contemporáneas y las mejores prácticas”.
Mientras, el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, explicó que “las medidas que presenta el gobernador recogen las iniciativas que anunciamos tras la celebración de la cumbre y añade dos más que van dirigidas a certificar que las aseguradoras cuentan con planes de contingencia adecuados”.
Asimismo, Rivera Ríos añadió que estos planes “al igual que en otras jurisdicciones, aportan para la debida auditoría de su capacidad financiera, lo que nos permitirá aseverar que podrán responder económicamente cuando haya un evento catastrófico en la isla”.
Ante el constante señalamiento de la dilación en el pago de las aseguradoras por discrepancias sobre el valor de los daños o pérdida, se implementará el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro.
Con este proceso -disponible en las demás jurisdicciones de Estados Unidos- las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica. Sin embargo, este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.
Además se propone enmendar el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.
Para ampliar las opciones de cubierta comercial, se introducirán cambios que faciliten a las entidades que cualifiquen la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.
De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.
En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, la medida resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.
Igualmente se establece el mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.
En casos en que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costas para el proceso administrativo y judicial.
También se requerirá a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.
Por otro lado, ante un estado de emergencia en la isla, las aseguradoras deberán proceder con la emisión de pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia. Esto ayudará a que el proceso de recuperación pueda iniciarse más rápidamente.
Cada asegurador objeto de auditoría deberá reembolsar los gastos incurridos en la investigación o examen. Eso, con el propósito de que la Oficina del Comisionado de Seguros pueda contar con mayores recursos para la fiscalización y garantizarle a la ciudadanía que, aún ante un desastre mayor, la entidad cuente con la capacidad financiera para responderle.
Se trata de un proceso especializado que se realiza cada cinco años y es requerido bajo los parámetros establecidos por la National Association of Insurance Commissioners y no representará un gasto excesivo para las aseguradoras.
Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones, como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, North Dakota, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota y Utah.
Finalmente, se creará una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros que -en caso de ocurrir un evento catastrófico- permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.
“Estoy confiado en que próximamente estaremos convirtiendo estos proyectos en leyes, para hacerles justicia a nuestros asegurados que requieren de atención inmediata”, concluyó Rosselló Nevares. INS
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