P. Rico-Presentan múltiples proposiciones de enmiendas al proyecto de nuevo Código Civil

San Juan, 17 ago (INS).- En el segundo día de vistas públicas sobre el nuevo Código Civil de Puerto Rico (Proyecto de la Cámara 1654), la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) presentaron múltiples proposiciones de enmiendas, especialmente en lo relativo a las leyes de matrimonio.

Alejandro Figueroa Quevedo, de Servicios Legales, solicitó cambios en la redacción de varios artículos, como el de capitulaciones matrimoniales, por entender que no establece claramente qué derecho aplicará en el caso específico en el que no exista domicilio conyugal, y las normas del domicilio de un cónyuge contraria a las normas del domicilio del otro cónyuge.

También, la ley sobre nulidad matrimonial y divorcio, que a su juicio no establecen claramente si se tiene intención de atender tanto la nulidad del matrimonio como también la nulidad del divorcio, o si se limita a atender la nulidad del matrimonio solamente, y el divorcio y sus efectos (pero no la nulidad del mismo).

Además vetó el artículo 47 sobre validez de acuerdos matrimoniales o uniones civiles análogos al matrimonio, pues expresó que este artículo solamente establece que la validez de los acuerdos matrimoniales o uniones civiles análogos al matrimonio tendrán la validez que le atribuye las leyes del Estado en el que se celebraron, y entiende que el mismo deja un vacío al no establecer claramente cuál es la validez que se le da específicamente en Puerto Rico.

Otro de los cambios que solicitó la Corporación de Servicios Legales  y que tuvo una extensa discusión durante el proceso de vistas públicas fue el enmendar el artículo 48, pues entienden que  el artículo propuesto incorpora lo establecido en el Parental Kidnapping Protection Act (PKPA) en torno a la jurisdicción de algún Estado que haya tomado determinaciones en torno a la filiación, custodia y patria potestad, lo cual provee una garantía local clara y específica en torno a estos aspectos.

Sin embargo, ese artículo lo delimita específicamente a los aspectos de filiación, custodia y patria potestad solamente. Figueroa Quevedo indicó que actualmente existe un gran volumen de casos en los tribunales de padres reclamando su patria potestad tras la migración de muchos padres con sus hijos tras el paso del huracán María.

La Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico también solicitó enmiendas al artículo 42 sobre validez del matrimonio, pero entendió que el Código propuesto elimina los vicios de discrimen por razón de género, orientación y/o preferencia sexual que contiene el actual Código Civil, y atempera el mismo a la jurisprudencia federal (2016) que estableció como inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mientras, CABE, representado por Osvaldo Burgos Pérez y Amarilis Pagán Jiménez, se opusieron al proyecto presentado argumentando que no han tenido acceso al proceso y acusó al cuerpo legislativo de violentar la separación entre Iglesia y Estado, al incurrir en prácticas que privilegian un sector religioso en particular.

“No sólo estamos hablando de los ayunos que se han celebrado, sino de la contratación de líderes religiosos que han abogado públicamente en contra de los derechos humanos de las personas Lgbttiq, y de la separación de Iglesia y Estado que es parte de nuestro ordenamiento jurídico”, indicaron.

Pagán añadió que su organización “rechaza la falta de transparencia del proceso y el que se pretenda disfrazar de democracia lo que en realidad es un procedimiento atropellado e irregular frente a la revisión de un cuerpo normativo tan importante como el Código Civil”.

Acusó además “a representantes de grupos de odio de tener acceso a legisladores y a personal de la Rama Ejecutiva, así como amplio espacio en la judicatura del país. Estos mismos grupos han logrado posicionarse, a través de sus integrantes, como voces prominentes en simposios auspiciados por la Legislatura”

Ante las expresiones de la portavoz de CABE, tanto la presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, como varios legisladores presentes le expresaron a la organización su oposición a sus planteamientos y le indicaron que la Comisión no ha excluido a ningún grupo durante el desarrollo del Nuevo Código Civil. INS

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