Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 17 de agosto de 2018
P. Rico-Impulsan legisladores del PIP plan para combatir a la junta de control fiscal
San Juan, 17 ago (INS).- Como parte de un plan de acción para combatir a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y exigir al gobierno de Estados Unidos un proceso de descolonización, el senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), presentaron sendas legislación en ambas cámaras.
La medida sometida simultáneamente están dirigidas a ordenar una consulta en la que el pueblo puertorriqueño “tenga la oportunidad de reclamar, de manera directa, la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta mediante la legislación federal Promesa”.
Además, se exige al Congreso de Estados Unidos que ponga en marcha un proceso de libre determinación política que le ponga fin al régimen colonial imperante en Puerto Rico.
“Ante la ausencia de voluntad del Ejecutivo para encaminar un plan de acción concertado con los otros presidentes de los partidos políticos, hemos decidido tomar la ruta del proceso legislativo para estructurar un mecanismo que permita a la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo repudiar a la Junta y exigir al gobierno de Estados Unidos un proceso de descolonización”, dijeron ambos legisladores sobre la medida que lleva el número 1714 de la Cámara y 1053 del Senado.
Dalmau Ramírez manifestó que esta votación se realizaría el mismo día de las elecciones lo que evitaría el gasto excesivo de fondos públicos.
Mientras, el representante Márquez Lebrón recordó que durante la pasada campaña política advirtieron al país sobre los efectos de la junta de control fiscal y, dos años después, “ha quedado evidenciada la agenda del ente colonial totalmente contraria al interés de los trabajadores, la educación pública, los niños y niñas de educación especial, jubilados y el pueblo en general”.
“Ahora que la inmensa mayoría de los sectores han comprendido la verdadera naturaleza de la Junta, es imperativo rechazarla mediante la votación que proponemos, sin olvidar, que su mera existencia es producto de nuestra condición colonial y por ello también nuestra propuesta en esta iniciativa de exigir a Estados Unidos a que inicie un proceso de descolonización en el que se le permita a los puertorriqueños votar entre alternativas que no sean coloniales, ni territoriales”, agregó el representante Márquez Lebrón. INS
P. Rico-Gobernador informa que comenzaron las labores de los patólogos federales en Ciencias Forenses
San Juan, 17 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que el primer grupo de patólogos forenses y profesionales federales inició labores desde ayer en el Negociado de Ciencias Forenses, como parte de la ayuda solicitada al Departamento de Salud Federal por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“Los problemas de esta agencia y la falta de recursos disponibles es un asunto que lleva más de 10 años. Para nosotros es importante no solamente resolver los retos creados por los huracanes del año pasado, sino que también resolver los problemas históricos de Forenses y en eso continuamos trabajando. El gobierno federal nos ha dado la confianza y hoy tenemos recursos que nunca hemos tenido disponibles”, señaló el mandatario.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, explicó que “este primer grupo está compuesto por tres patólogos forenses, un técnico en patología forense y dos profesionales que apoyarán en el trabajo de los especialistas. Ellos serán quienes darán el primer apoyo en la labor de la realización de las autopsias en los casos pendientes y en las autopsias de los cuerpos que requieren del debido proceso para ser dispuestos”.
Añadió que “el grupo se unirá al equipo de profesionales del Negociado para multiplicar los resultados del trabajo diario y atender las situaciones que se nos han presentado, específicamente con el grupo de los casos de no identificados, porque no han podido ser dispuestos con la celeridad que queremos y requieren de autopsias, toma de muestras y procesos más rigurosos”.
Los profesionales federales permanecerán laborando hasta los primeros días de octubre.
Además, los miembros de la unidad de asuntos mortuorios de la Reserva del Ejército de Estados Unidos trabajarán en conjunto, pues ya iniciaron funciones en las tareas relacionadas al proceso de recibo y entrega de cadáveres, y en los procesos administrativos y operacionales del área de patología.
“Este esfuerzo coordinado entre las agencias federales y estatales es parte de los planes establecidos para promover resultados en el Negociado a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, se espera que, en el transcurso del período de funciones de este primer grupo se puedan estar uniendo otros especialistas forenses para dar continuidad al apoyo”, indicó el funcionario.
Se informó que los patólogos y especialistas forenses federales cumplen con todos los requerimientos necesarios para la práctica forense en Puerto Rico y podrán cumplir cualquier función que se les requiera como producto del trabajo realizado dentro de los acuerdos establecidos en el Negociado. INS
P. Rico-Oficina de la Procuradora de las Mujeres multa a 54 agencias y 40 municipios
San Juan, 17 ago (INS).- La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, anunció la imposición de multas a 54 agencias del gobierno de Puerto Rico y 40 municipios por incumplir con la Ley para Garantizar Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género.
Las infracciones ascienden a 70,500 dólares y se impusieron a todas las agencias, instrumentalidades y municipios que incumplieron con la presentación y desarrollo del Plan de Acción Afirmativa, que exige la ley para garantizar que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo por razón de género.
“Las entidades gubernamentales tuvieron hasta el 30 de junio de 2018 para entregar el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021. No obstante, se concedió una prórroga hasta el 16 de julio de 2018 para aquellas entidades que lo solicitaron. El 18 de julio de 2018, la OPM emitió un aviso a los alcaldes, jefes de agencia y a los directores de recursos humanos para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 212-1999 concediéndoles una última oportunidad de presentar el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021”, informó la Procuradora de las Mujeres.
Agregó que “al no tener un plan de acción afirmativa vigente, se le ordena el pago de 500 dólares en el caso de la autoridad nominadora- jefe de agencia o alcalde- y 250 dólares en el caso del director de Recursos Humanos”.
Algunas de las agencias en incumplimiento son la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Comisión Estatal de Elecciones, el Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, Departamento de Estado, Departamento del Trabajo, Departamento de Salud, Guardia Nacional, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la junta de gobierno y la administración central de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como los recintos de Arecibo, Humacao, Mayaguez, Ponce, Río Piedras y Utuado.
En el caso de los municipios se multó a Aguadilla, Aguas Buenas, Cabo Rojo, Cataño, Comerío, Guayama, Juana Díaz, Morovis, Patillas, Quebraadillas, Río Grande, Salinas, San Sebastián, Utuado, Vieques, Villalba y Yauco, entre otros.
Todas las agencias, instituciones y ayuntamentos tienen diez días para solicitar revisión de las multas impuestas pero fueron apercibidos de que no satisfacer las cantidades correspondientes se iniciaran acciones legales contra el funcionario, que podría exponerse a una multa adicional de 5,000 dólares por desobedecer y entorpecer la labor de la OPM.
“Los reglamentos de la OPM tienen un propósito y es garantizar que se cuenta con las herramientas para trabajar asuntos delicados como el discrimen por razón de género, hostigamiento y acoso. Al llegar a esta oficina he encontrado una cultura entronizada en la esfera gubernamental de ignorar las disposiciones de OPM y no lo vamos a permitir”, expresó Boria. INS
P. Rico-Familia dominicana demanda por 3,1 millones al gobierno de Puerto Rico por asesinato de joven por un agente de la policía
San Juan, 17 ago (INS).- Una familia dominicana demandó por 3,1 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico, a la Policía y al secretario de Seguridad Pública por el asesinado de Anelky Cross Rojas, de 25 años, quien fuera asesinado por el agente Nieves Pérez Ortiz el 29 de julio de 2017, cuando se encontraba en un kiosco en el municipio de Carolina.
La acción judicial en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, en la que está incluido el policía convicto Pérez Ortiz, fue incoada por Karina Cross Rojas y Sención Polanco Rojas, hermana y madre respectivamente del occiso.
Estaba previsto que el expolicía Pérez Ortiz, quien permanece encarcelado, fuera sentenciado este jueves en la sala de la jueza superior Berthaida Seijo Ortiz, en el Centro Judicial de Carolina, por el asesinato del joven dominicano y violación a la ley de armas, por lo que le aguarda una pena de 104 años de prisión por ambos delitos, según confirmaron a la agencia Inter News Service (INS) los fiscales Obdulio Meléndez Torra y Joynette Torres LaCourt.
La jueza Seijo Ortiz estableció la imposibilidad de emitir la condena porque no se había sometido el informe previo a la sentencia, por lo que se fijó, en coordinación con los fiscales Meléndez Torra y Torres LaCourt y el abogado criminalista Jorge Gordon Menéndez, para el jueves 20 de septiembre próximo.
La hermana de la víctima, quien lleva 11 años residiendo en Puerto Rico, aseguró que el asesino nunca se identificó como policía al momento de la intervención, sin aparente razón, más allá de su animadversión hacia los dominicanos al escucharle hablar.
“Sacaron a la calle a un asesino con uniforme; el policía Nieves Pérez Ortiz ya había matado a otros dos jóvenes, y en el caso de mi hermano trató de cambiar la escena”, expresó Cross Rojas a la agencia INS al sostener que con este crimen quedaron huérfanos dos niños, un varón de cinco años y una nena de dos años, que tuvo Anelky con su esposa Carmen Iris Rosario (Cindy), quienes radican en la capital dominicana.
La escena en que perdió la vida el joven dominicano, en la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, a la altura del municipio de Carolina, fue alterada por el victimario, según arrojó la investigación del agente Arnaldo Cruz, del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
De acuerdo con esta pesquisa, en la que el agente del NIE consiguió obtener un vídeo de una gasolinera Puma, el cual evidenció que Pérez Ortiz buscó una espátula y la puso al lado del cuerpo inerte de Cross Rojas, quien recibió un balazo en el rostro que le arrancó la vida en el acto, con el propósito de alegar que actuó en defensa propia.
Para José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos (CDDH), quien acompañó a los familiares de Gross Rojas, este fue “un crimen de odio” por tratarse de un ciudadano dominicano.
Lamentó que, a pesar de la reforma que se impulsa en la Policía a través del juez Gustavo Gelpí, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, “se sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales, como la de este joven dominicano, aunque Pérez Ortiz ya antes había asesinado a dos puertorriqueños”.
Lamentó que el secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, mantenga una actitud de desafío a la reforma policial, ya que esta situación sirve de estímulo a ciertos agentes abusadores, que se sienten por encima de la ley.
La familia de la víctima, representada por los abogados José L. Colom Fagundo y Antonio Figueroa Rodríguez, reclama por la pérdida material de su hijo y hermano, como parte de sus angustias mentales, una cantidad no menor de 2 millones de dólares.
Además, por el lucro cesante ante su pérdida, ya que el joven trabajaba y mantenía su familia, se estima una suma no menor de un millón de dólares al tomar como base la edad, su ingreso y expectativa de vida útil de trabajo hasta su jubilación.
Igualmente, se indica en la acción civil, que la muerte de Anelky produjo una serie de gastos imprevistos a una familia pobre y desventajada por lo que crearon los demandados daños especiales en una cantidad estimada de 100 mil dólares. INS
P. Rico-AEE pagó 2.3 millones de dólares a compañía culpable en el foro federal
San Juan, 17 ago (INS).- La Contraloría de Puerto Rico informó hoy que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pagó 2.3 millones de dólares a una compañía culpable en el foro federal.
En una auditoría a las operaciones fiscales de la corporación pública, relacionadas con el proceso de compras de combustible y pagos por servicios profesionales, la Contraloría reveló también que en ocho contratos y una enmienda para la compra de combustible entre 2008 y 2012, por la suma de 4.6 miles de millones, la AEE no incluyó en los contratos la cláusula para imponer el cargo de intereses por demora.
A pesar de la ausencia de esta cláusula en los contratos, la AEE desembolso 3.3 millones a los proveedores.
Además, contrario al Procedimiento de Pago de Intereses de 1996 y otros reglamentos vigentes, el tesorero de la AEE no pudo suministrar para examen de nuestros auditores, los informes y las investigaciones realizadas sobre los pagos de cargos por demora.
La auditoría señala, a su vez, que se efectuaron pagos por 2.3 millones a una compañía que se había declarado culpable por fraude en el foro federal en 2006.
“Esta situación, contraria a la Ley 458 de 2000, para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, se realizó mediante la transferencia de fondos a terceros a petición del proveedor”, indica el informe.
Agrega que “la cesión de fondos está regulada por el Procedimiento para Tramitar las Cesiones de Fondos aprobado en 2002. Sin embargo, los directores de Finanzas y los tesoreros de la Autoridad, no confirmaron la declaración jurada del proveedor”.
Asimismo, de 2009 a 2017, la AEE realizó desembolsos por 2.7 millones a 29 contratistas para reconocer y pagar deuda por servicios rendidos sin contrato.
“La situación contraria a la ley vigente propicia que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y que se efectúen pagos por servicios no prestados”, establece el documento.
El informe comenta que se identificó un proveedor de combustible que rindió y pagó su Planilla Mensual de Arbitrios al Departamento de Hacienda más de dos años posteriores al término fijado por la ley.
La auditoría cubre el período del 1 de enero de 2011 al 15 de septiembre de 2017. INS
ndc