Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 8 de agosto de 2018
P. Rico-Jueza Swain desestima demandas del gobierno contra JSF y con decisión regirá presupuesto de la Junta
San Juan, 8 ago (INS).- La jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal Federal, desestimó ayer las demandas sometidas por el gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los poderes que ejerce sobre la política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Así, Swain de un espaldarazo a la JSF y sus poderes para establecer los planes fiscales.
Frente a la determinación, Rosselló Nevares, quien se encuentra en Colombia, dijo que “el Tribunal federal interpretó la ley federal Promesa y reconoció la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de imponer un presupuesto y un plan fiscal sobre lo aprobado por los representantes electos del pueblo puertorriqueño”.
Añadió que “esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”.
Sobre la decisión del Tribunal federal, el mandatario afirmó que “sujeta el pago del bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos”.
Al respecto, consignó que “dado a esta posibilidad judicial, propusimos un acuerdo con la JSF para evitar afectar a los más vulnerables como lo son nuestros empleados públicos y otros ciudadanos que se afectarán con las reducciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico (UPR), de los municipios y de los fondos que necesitamos para nuestro desarrollo económico”.
A su vez, adelantó que “analizaremos con nuestros asesores la posibilidad de apelar esta determinación y seguiremos buscando alternativas para evitar los males que alertamos y advertimos”. INS
P. Rico-Le impone la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno la política pública de transparencia y eficiencia en concordancia con los planes fiscales aprobados
San Juan, 8 ago (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) anunció ayer que adoptó dos nuevas políticas para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el trato eficiente en ciertas transacciones gubernamentales y proyectos públicos.
En declaraciones escritas divulgadas esta tarde, ese organismo adosado al gobierno estatal mediante la ley federal Promesa, se indicó que la nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la Junta de Supervisión (“Política de RRO”) requiere la aprobación por la Junta de ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas propuestas a ser emitidas por el Gobernador o el jefe de cualquier departamento o agencia para asegurar que no sean inconsistentes con los planes fiscales certificados.
Según las declaraciones de la JSF, la política aplica a asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica, con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero, con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas -incluyendo aquellos relacionados con compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados- entre otros.
“La supervisión es indispensable en todas las áreas que afectan la capacidad del gobierno para cumplir con los planes fiscales certificados”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
Agregó que “esta política ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”.
Mientras tanto, se aseguró, bajo la nueva Política de Proceso del Título V de la Junta de Supervisión (“Política de Título V”), todos los proyectos que requieran la adjudicación de un contrato o solicitud de propuestas (RFP) de una agencia gubernamental o una corporación pública (excluyendo municipios) antes de que puedan ser ejecutados (un “Proyecto Público”) deberán obtener dicha adjudicación de contrato o adjudicación de RFP antes de que puedan considerarse para el proceso de Proyectos Críticos bajo el Título V de PROMESA.
Además, los proyectos relacionados con energía que requieran un acuerdo de compra de energía (“PPOA”) de la AEE deberán primero tener un PPOA que sea aceptado válidamente bajo el Título III de PROMESA para cumplir con este requisito. “Esto es un ajuste en el proceso que hemos establecido para la consideración de potenciales proyectos críticos bajo el Título V que está justificado en términos de transparencia y eficiencia cuando se trata de Proyectos Públicos. Sería ineficiente que un proponente de un proyecto que requiera un contrato o una concesión de RFP del gobierno coloque el proyecto en el Proceso del Título V de PROMESA antes de haber obtenido la adjudicación requerida por el gobierno, ya que puede dar a su proponente una ventaja no intencionada sobre sus competidores”, dijo Jaresko. Noel Zamot, coordinador de Revitalización de la Junta, dijo por su parte que “si determinamos que un proyecto es un Proyecto Público, solicitaremos y confirmaremos la evidencia del contrato requerido o la adjudicación del RFP; de lo contrario, devolveremos la solicitud al proponente del proyecto y le indicaremos al proponente que debe obtener la adjudicación requerida. Los que no sean Proyectos Públicos, es decir, los proyectos que son entre privados o con un gobierno municipal, se considerarán a través del proceso del Título V, como ha operado hasta ahora”. INS
P. Rico-Proyecto presentado es el primer intento de la Legislatura para comenzar a resolver los problemas de Ciencias Forenses
Carolina, 8 ago (INS).- En lo que es el primer intento legislativo para ir resolviendo varios de los problemas del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Angel Matos García presentó un proyecto de ley con el propósito de darle mayores herramientas a la agencia ante el grave problema de almacenamiento de cadáveres.
El Proyecto de la Cámara 1684 propone enmendar la ley 20 del 2017 para que el periodo de disposición de un cuerpo identificado por un familiar pero no reclamado, sea de 30 días máximo.
“El problema con un cúmulo de cuerpos es que la Ley 20-2017 no establece un máximo de días para que el Negociado disponga de los mismos. Normalmente, esta dependencia no dispone de los cadáveres si un familiar o conocido lo reclama pero no se ha podido completar el proceso científico de huellas dactilares, comparación de material genético o de radiografías dentales. Tampoco disponen si han sido identificados de alguna manera. A pesar de lo anterior, el Negociado ordenó para los años 2015 y 2016 el enterramiento de 164 y 133 cadáveres respectivamente. Dicho Negociado cuenta con tres neveras con capacidad para 120, 48 y 12 cadáveres respectivamente para un total de 180 cuerpos. También, cuenta con vagones adicionales que son utilizados para eventos catastróficos”, señaló el representante.
Aunque el representante cree que en estos vagones o contenedores están sobre ocupados, datos del NCF indican que hay sobre 70, y no los sobre 120 que señala Matos García, y que es la capacidad máxima.
“Es por eso que se hace indispensable establecer un término máximo para que el Estado pueda disponer de los cadáveres”, indicó el representante por Carolina.
La medida presentada responde a las manifestaciones hechas por la comisionada interina del NCF, Mónica Menéndez, quien ha indicado que la ley no le provee esa facultad y que el representante del PPD quiere otorgar ahora a la agencia.
Las comisiones de Salud y Seguridad, que deben atender la medida, han criticado a Menéndez por no disponer de esos cuerpos de otra manera.
El proyecto de Matos García es el primer intento de la Legislatura para comenzar a resolver los problemas del NCF. INS
P. Rico-Es ilegal nombrar en receso al presidente de la CEE, asegura el PIP
San Juan, 8 ago (INS).- La comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, advirtió ayer que el nombramiento de un presidente para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) durante el receso legislativo sería ilegal.
“El texto claro del Código Electoral establece que el poder de nombramiento del gobernador -que se activa de manera secundaria sólo cuando los comisionados no se ponen de acuerdo en quién debe presidir-depende del previo consejo y consentimiento de la mayoría de los legisladores de Cámara y Senado. Ese lenguaje es distinto al utilizado en el sinnúmero de ocasiones en las que se requiere la intervención de uno o ambos cuerpos legislativos, cuando invariablemente se dice `con el consejo y consentimiento´. Ese cambio en lenguaje surgió en el año 2011, y desde entonces, a pesar de que se han hecho otras enmiendas al mismo artículo, la legislatura ha optado por dejar la expresión “previo consejo y consentimiento”, indicó la funcionaria.
Explicó que es “una diferencia importante, porque la doctrina establece que cuando se hace un nombramiento mientras la Asamblea Legislativa está en receso, el o la funcionaria asumen el cargo con todas sus facultades, y allí permanecen hasta que ocurra una de dos cosas: o se le vota en contra en la legislatura o se acaba esa sesión. Si el nombramiento se hace mientras las cámaras están en sesión, el o la nominada no entran en funciones hasta que se le confirme. Si el Gobernador quiere actuar conforme a la ley, sólo tiene que esperar a que comience la sesión legislativa el 20 de agosto. De hecho, durante la sesión extraordinaria de julio enmendó la convocatoria para que se consideraran varios nombramientos”.
La comisionada electoral del PIP anticipó que si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares optara por realizar el nombramiento, acudirá al Tribunal en una acción presentada conjuntamente con el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Miguel “Miguelón” Ríos. INS
EEUU-González Colón lidera discusión de oportunidades energéticas de Puerto Rico en el Caribe durante Foro en Jacksonville
Jacksonville, 8 ago (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón fungió como panelista de la Cumbre 2018 sobre el Gas Natural Licuado (LNG), donde destacó la necesidad de diversificar las fuentes de energía en Puerto Rico identificando el gas licuado como una de ellas y donde promovió el proyecto H.R. 4370, del cual es coautora, que proveería el potencial de impulsar la economía de la isla como un centro regional de distribución del GNL.
A la Cumbre asistieron el director ejecutivo y el presidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) José Ortiz y Eli Díaz, respectivamente.
La comisionada participó del primer panel de discusión junto a los congresistas por Florida Ted Yoho y John Rutherford sobre legislación y política pública donde discutieron el H.R. 4370 que busca enmendar la Ley de Gas Natural para agilizar la aprobación de exportaciones de pequeños volúmenes de gas natural.
Actualmente, las exportaciones de LNG fuera de territorio de los Estados Unidos requieren un proceso de autorización especial para su aprobación.
El 1 de septiembre de 2017, el Departamento de Energía federal anunció una propuesta para acelerar el proceso de aprobación para las exportaciones de GNL a pequeña escala desde las instalaciones de exportación de los Estados Unidos.
Para obtener el proceso acelerado, los proyectos deben cumplir dos criterios: la instalación propuesta no puede exportar más de 0.14 billones de pies cúbicos (Bcf) por día o 51.10 bcf por año, y la instalación propuesta debe calificar para una exclusión categórica bajo Regulaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
La legislación propuesta haría esa la política pública oficial de los Estados Unidos y bajo estas disposiciones permitiría la creación de un centro en Puerto Rico, desde donde embarques en gran volumen de GNL de Estados Unidos u otros países exportadores de combustibles podrían procesarse en una terminal principal y luego empaquetarse en envíos más pequeños para distribuirse a las islas más pequeñas de la región, expuso la comisionada residente.
Agregó que varias islas en el Caribe dependen para la mayoría de su generación eléctrica de plantas de diesel, “lo que resulta en mayores costos y contaminación, pero no tienen suficiente demanda para plantas de gran capacidad como las tienen las Antillas Mayores”.
Recordó que “muchos de estos países, cuando los precios del petróleo eran altos, dependían del acuerdo venezolano y regional PetroCaribe para controlar sus costos. Con el colapso de Petróleos de Venezuela, se encuentran en una posición difícil ya que están vinculados a un proveedor poco confiable, además de arriesgarse a sanciones por realizar negocios con intereses del gobierno venezolano”.
En el segundo panel que lideró la comisionada aprovechó el evento para presentar las oportunidades de la isla en el mercado.
Para ello introdujo a Ortiz y Díaz.
La comisionada y Ortiz discutieron como la AEE ausculta la opción de dejar a un lado el derivado de petróleo y diesel en la generación de energía para moverse al gas natural.
Esta fuente de energía resulta una alternativa más económica que el petróleo.
Ortiz desglosó sus planes en la empresa y las oportunidades para la isla.
La comisionada ofreció el panorama sobre el gas natural licuado en Puerto Rico, que es el mayor importador de este producto en el Caribe (57.56 mil millones de pies cúbicos en el 2016).
Puerto Rico ya cuenta con una terminal de importación de gas natural, asociada a la planta de energía privada EcoEléctrica, abastecida por gas de Trinidad y Tobago y otros mercados internacionales.
Casi todo el gas natural se importa como gas natural licuado (LNG) a través de la terminal de Peñuelas y la instalación de regasificación en la bahía de Guayanilla.
Según números del Departamento de Energía, a Puerto Rico se le hizo 27 entregas de GNL a través de buques cisterna, 46.4 mil millones de pies cúbicos, todos procedentes de Trinidad.
El consumo típico de gas natural per cápita de Puerto Rico es aproximadamente una quinta parte del promedio en los 50 estados. La AEE es el mayor consumidor del gas natural licuado con un 34%. En la isla ya compañías farmacéuticas y manufactureras utilizan LNG como fuente directa de energía.
En la Cumbre 2018 sobre el Gas Natural Licuado organizada por el congresista por el distrito 3 de Florida, Ted Yoho, se discutió el desarrollo de infraestructura, importaciones y exportaciones de gas, regulaciones, el papel del gas natural licuado en la seguridad nacional, nuevas tecnologías, abastecimiento de combustible y transporte.
La ciudad de Jacksonville en Florida fue sede de la cumbre, ya que el puerto comercial de la ciudad es catalogado como uno de los líderes mundiales en el manejo de gas natural licuado.
Luego de la Cumbre, la comisionada tuvo reuniones con directivos de las compañías de transporte marítimo en cada una de sus instalaciones para conocer el trabajo de distribución de gas natural y envío de mercancía en general hacia Puerto Rico desde el Puerto de Jacksonville. INS
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