Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el domingo 5 de agosto de 2018
EEUU-Jenniffer González anuncia otros 320 millones de dólares en reembolsos de FEMA por trabajos de reconstrucción
Washington, 5 ago (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció reembolsos que suman 319 millones 896,875.16 dólares por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés), por gastos incurridos por agencias y municipios por trabajos de reconstrucción y recuperación tras el paso del huracán María.
Los reembolsos se dan bajo el programa de Asistencia Pública de FEMA.
La comisionada informó que varios alcaldes le han comentado sobre la tardanza de estos reembolsos que solicitaron a la agencia federal, por lo que le solicitó tanto por escrito como en varias reuniones a FEMA mayor agilidad en el proceso.
Los fondos que desembolsa FEMA provienen de asignaciones que ha trabajado la comisionada desde el Congreso, tanto con el liderato republicano como con la minoría demócrata, por medio de los proyectos de presupuesto o proyectos de asignaciones suplementarias para desastres.
Bajo la categoría B, que cubre las medidas tomadas para proporcionar “asistencia esencial” para enfrentar las amenazas inmediatas a la vida y a la propiedad producto de un desastre mayor, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recibirá la cantidad mayor de esta partida: 250 millones de dólares.
En esta misma categoría, el municipio de San Juan percibirá 10,460,575.91 dólares; el Departamento de Salud, 4,268,369.09; la Guardia Nacional, 9,811,871.08; y la Autoridad para el Desarrollo de Roosevelt Roads, 1,977,940.17 dólares por restauración temporera del sistema eléctrico.
Bajo la categoría A, por gastos de remoción de escombros, el municipio de Yabucoa recibirá 8,763,427.05; el de Manatí, 4,338,391.74; Bayamón, 10,605,072.52; Jayuya, 6,022,407.90; y el de Utuado, 2,800,000 dólares.
Bajo la Categoría E, FEMA asumió el 90% de los gastos relacionados a servicios de diseño e ingeniería; la Autoridad del Puerto de Ponce recibirá 4,552,249.50; la Compañía de Fomento Industrial, 4,138,950.60; y la Autoridad de Transporte Marítimo, 2,397,354 dólares. INS
P. Rico-Catedrático de la UPR refuta la interpretación del gobierno sobre la baja en la tasa de desempleo y el alza en la tasa de participación laboral
San Juan, 5 ago (INS).- El doctor Edwin H. Morales Cortés, catedrático del Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) fde la Universidad de Puerto Rico (UPR), expuso que la interpretación de funcionarios del gobierno es incorrecta con relación a las estadísticas más recientes referentes a la tasa de participación a junio de 2018 (40.1) y la tasa de desempleo (9.2).
Lo anterior, señala, se produce porque “no toma en consideración una serie de factores que inciden en los cambios reflejados en las respectivas tasas”.
Entre los principales factores no explicados con relación a la disminución de la tasa de desempleo, apunta a personas que ya no buscan empleo por no haber logrado conseguir, aquellos que consiguen oportunidades que no llenan sus expectativas, la emigración masiva o estar excluido de la definición y, por consiguiente, de los segmentos poblaciones considerados en las fórmulas aplicadas.
Se observó que se redujo en mil personas la cantidad en el grupo trabajador al comparar los datos de junio de 2018 con los de junio de 2017. Lo anterior afecta los cambios en las tasas de referencia donde el secretario del Trabajo y el gobernador reclamaron logros históricos.
El docente aclaró que “la fórmula para calcular el desempleo no considera a personas que componen la categoría ‘fuera del grupo trabajador’, por cualquiera de los siguientes aspectos: muy joven o muy mayor, falto de destrezas, no desea trabajar, problemas de transportación o no puede trabajar por razones personales”.
Tampoco incluye las personas que se ocupan de su hogar, estudiantes que no realizan ninguna actividad económica, jubilados o prejubilados con condiciones de salud que no pueden trabajar o personas con diversidad funcional, personas que reciben pensión por razones distintas a la jubilación o prejubilación, personas que realizan trabajos benéficos sin recibir remuneración para ello, no tienen empleo ni lo han buscado en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.
Subrayó el docente que “interpretar estos datos sin conocer estas exclusiones, induce a error. Además, existen personas que se clasifican como desalentados, que han dejado de buscar trabajo, ya que perciben que no conseguirán trabajo o que los trabajos disponibles no se ajustan necesariamente a sus expectativas”.
En cuanto a la tasa de participación laboral, se considera la proporción de la población civil no institucional de 16 años o más que forma parte del grupo trabajador. “Por consiguiente, los desalentados al dejar de buscar empleo no estarían siendo considerados como parte del grupo trabajador”.
Advierte que “las estadísticas no sugieren necesariamente que los cambios en las tasas de referencia se deban a que exista una mayor cantidad de empleos y una mayor cantidad de personas trabajando en términos netos. Por otro lado, se observa que parte del segmento población que se ha insertado recientemente en el mercado laboral es a través de empleos por cuenta propia”.
En este renglón se reflejó un aumento de 22 mil personas trabajando por su cuenta. Se destaca que la cifra de empleo total, que apenas se utiliza en Puerto Rico, incluye a los empleados asalariados, los que trabajan por su cuenta o aquellos que realizan trabajo en empresas familiares, sin recibir remuneración.
El doctor Morales Cortés planteó que el factor de emigración ocurre en parte ante la carencia de oportunidades laborales. También incide en el proceso de toma de decisiones las características de las oportunidades laborales en el exterior con base en las expectativas del trabajador.
Destacó que “existe una brecha importante entre la remuneración entre Puerto Rico y los Estados Unidos y en las prestaciones o beneficios que tienden a otorgarse en el sector privado”.
Acotó que el salario mínimo en EEUU tiende a ser precisamente un “mínimo” inicial, pero que, de facto, “en Puerto Rico constituye un tope salarial que puede perdurar hasta la separación voluntaria o involuntaria del empleo. Se suma al cuadro integral de consideraciones la depresión económica que afronta el país y los altos costes de vida en función de los niveles de ingresos de los trabajadores y sus familias”.
“Hoy en día toma más tiempo conseguir un empleo que lo que demoraba antes, por lo que este aspecto también tiende a explicar el que haya más desalentados. Por otro lado, si la persona que recibe ayudas gubernamentales y pudiera trabajar calcula el beneficio neto económico de trabajar contra no trabajar y continuar recibiendo estas, podría tender a optar por no reinsertarse en la fuerza trabajadora”, asegura el especialista.
Morales exhortó a los legisladores y al Ejecutivo a incentivar el trabajo y crear las oportunidades de empleo digno y no castigar a este segmento poblacional desventajado. Lo anterior, si es que se pretende que las ayudas y subsidios sean temporales y que representen un factor motivador para lograr movilidad social y económica de la clase pobre del país.
El docente mencionó que “otros factores que inciden indirectamente en la tasa de desempleo y de participación laboral suelen ser una reducción significativa en la tasa de natalidad (una reducción de aproximadamente el 50%), el aumento en la expectativa de vida y, por consiguiente, el efecto de ambos factores en el envejecimiento de la población y de parte de la fuerza trabajadora”.
Finalmente, el catedrático urgió a funcionarios gubernamentales a “no realizar análisis simplistas de las estadísticas laborales sin considerar todas las variables que inciden en las dinámicas del mercado de empleo ante el contexto y las circunstancias actuales de la realidad puertorriqueña”.
Morales Cortés concluyó que “los números no pueden interpretarse en un vacío. Se requiere de conocer el contexto y las circunstancias particulares que inciden en el mercado de empleo”. INS
P. Rico-Exige la Asppro al gobierno convertir en acción la transparencia; enumera restricciones
San Juan, 5 ago (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) exigió ayer a la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a convertir en acción sus repetidas expresiones de transparencias en el manejo de la información pública, reclamo que extendió igualmente al gobierno de Estados Unidos.
Mediante una resolución aprobada en su Asamblea General de medio término, celebrada en San Juan, la organización de los periodistas puertorriqueños recordó que como parte fundamental del ejercicio democrático, los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden directamente en su calidad de vida.
“Este derecho es reconocido internacionalmente como uno fundamental y esencial para promover la transparencia en las gestiones gubernamentales y la participación ciudadana en la toma de decisiones”, indica la resolución introducida por la periodista Istra Pacheco y aprobada por unanimidad en el cónclave profesional, donde se renovó parcialmente la junta directiva de la Asppro.
La entidad periodística trajo a colación que en los primeros días de su administración, el gobernador Rosselló Nevares sancionó dos órdenes ejecutivas que limitan el acceso a la información.
Se refirió a la OE-2017-10 firmada el 10 de enero de 2017 para establecer la “política pública de Transparencia y Accesibilidad a la Información Pública” que, contrario a su nombre y supuesta intención, introduce 13 justificaciones para que los documentos públicos se puedan mantener confidenciales, con una enorme, como “toda información de seguridad nacional” y “comunicaciones internas entre dependencias”.
La otra es la OE-2017-11, mediante la cual delega en el Secretario de Asuntos Públicos y de Política Pública la responsabilidad de “divulgar, previa autorización Gobernador, cualquier documento oficial, informe, legislación o de cualquier otro tipo que sea de carácter público de conformidad con las leyes y normas aplicables”.
De acuerdo con la Asppro, esto deja en manos del gobernador Rosselló Nevares determinar si la información es pública y si se puede divulgar.
Además, según la organización periodística, se ha sentado la base para dos proyectos sometidos ante la consideración de la Asamblea Legislativa: el P. de la C. 1095, que pretende establecer la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública” y el P. del S. 236 que pretende crear la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”.
La primera medida, a pesar de contener lenguaje que refleja interés por crear un balance entre la necesidad de transparencia y la necesidad de confidencialidad en algunos aspectos de la información gubernamental, crea confusión al no especificar las circunstancias justificadas para mantener una información confidencial.
“Ello convierte al proyecto en una invitación para que el funcionario se invente cualquier excusa para negar el acceso a la información que se le requiera”, indica la resolución al referir que el procedimiento mediante el cual se aprobó este proyecto, la noche de un sábado y sin vistas públicas, pone en entredicho cualquier propósito de crear transparencia.
En lo concerniente al P. del S. 236, se establecería por ley 19 instancias en las que información no se puede hacer pública, basada no solo en lo que dispone la doctrina actual, sino además las que recogía la OE-2017-11.
La Asppro sostiene que muchas de esas instancias constituyen limitaciones mucho más amplias que las permitidas por la doctrina vigente, establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Igualmente se planteó que en los pasados meses, han ocurrido varios eventos que obligan a cuestionar el compromiso de la administración del gobernador Rosselló Nevares y el gobierno federal de Estados Unidos con la transparencia en la información.
En este aspecto se menciona la negativa a hacer público el borrador del presupuesto sometido por el gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la negativa a divulgar los planes fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como la orden a los empleados de la Oficina del Gobernador para que firmaran un documento de confidencialidad que afectaba su facultad para realizar denuncias contra otros compañeros de trabajo.
A la vez, en esa dirección se enmarca la contratación del principal oficial ejecutivo de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico sin dar a conocer su exorbitante salario, la renuencia a ofrecer información relacionada con las muertes a consecuencia del huracán María, y la negativa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que tiene un papel central en la recuperación del país tras la catástrofe, de divulgar información pública, forzando que varios medios noticiosos tuvieran que recurrir al tribunal para obtenerla.
La Asppro sostiene que la verdadera transparencia se ejerce partiendo de la premisa que todo documento e información gubernamental es pública y con las gestiones diarias que facilitan la documentación requerida.
“Esto requiere compromiso y voluntad, y hasta ahora, con tan solo algunos ejemplos mencionados, han demostrado que el discurso de transparencia no está respaldado por la voluntad demostrada de ser transparente”, aduce la resolución de La Asociación de Periodistas de Puerto Rico, al reclamar se dejen sin efecto o se rechacen todas aquellas medidas que infringen o limiten el derecho del pueblo al acceso a la información pública, incluyendo las Órdenes Ejecutivas 2017-10 y 2017-11, el P. de la C.1095 y el P. del S. 236.
Igualmente, exige que la administración del gobernador Rosselló Nevares y el gobierno federal de Estados Unidos conviertan en acción sus repetidas expresiones en favor de la transparencia; eviten las decisiones y políticas que limitan acceso a la información, aseguren que sus funcionarios no impiden el trabajo de los periodistas, y manejen la información pública con completa y absoluta transparencia. INS
P. Rico-Caótico para FMPR proceso de control de dopaje a maestros transitorios
San Juan, 5 ago (INS).- La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, describió ayer como caótico el proceso de control de dopaje de docentes transitorios este viernes en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
“Aún no arranca el año escolar y ya el caos es evidente”, subrayó al sostener que cientos de maestros transitorios hicieron filas interminables bajo el sol, en el NCF y las regiones educativas para someterse a las pruebas de dopaje requeridas para trabajar, las que muchos no pudieron hacerse, a pesar de estar allí desde temprano, porque cerraron a las 4:00 de la tarde, por lo que les exigieron que retornaran este sábado a las 6:00 de la mañana.
“En las regiones educativas el proceso ha sido desesperante”, estableció la presidenta de la FMPR.
Martínez Padilla señaló que en la Región Educativa de Humacao a las 2:30 de la madrugada todavía había unos 50 educadores esperando para hacerse la prueba.
“A las 2:30 les anunciaron que se habían terminado los kits para la prueba, pues sólo contaban con 350 de ellos y habían 400 educadores. A las 3:35 de la madrugada salió el último maestro de hacerse la prueba, luego de que transcurrieran más de 17 horas de espera”, ilustró la dirigente sindical.
Consideró que esto es una muestra de la manera atropellada y desordenada como se iniciará este año escolar producto del cierre de escuelas, la declaración de cientos de maestros como recursos disponibles y el enmarañado proceso de nombramiento de maestros.
La Federación de Maestros señaló que esta situación “desmiente a la secretaria de Educación, Julia Keleher, que ha querido hacer creer que todo está listo para recibir a los estudiantes e iniciar la labor de enseñanza.
“El trato dado a los educadores ha sido inhumano y atropellante. Mientras Keleher dormía plácidamente, la seguridad del magisterio se puso en riesgo al tenerlos a altas horas de la madrugada en la calle, para hacerse una prueba de dopaje, en total desorganización”, expresó Martínez Padilla.
Agregó que ayer a primeras horas de la mañana las filas de maestros para realizarse la prueba de dopaje son interminables.
“Lo peor de todo es que esta improvisación y abuso afectará la educación y el aprovechamiento académico de los niños y niñas, víctimas de una funcionaria guiada por consideraciones empresariales al administrar el sistema educativo”, apuntó la dirigente de la FMPR al describir el trato al magisterio como “indignante y humillante”.
Martínez Padilla exigió a nombre de la Federación de Maestros “respeto para el magisterio y un proceso ordenado y planificado”.
“El país le paga a la secretaria Keleher un cuarto de millón de dólares y este no debiera ser el producto de esa desproporcionada compensación”, argumentó. INS
P. Rico-Presenta a FEMA alcalde de Cayey cambios en el transporte colectivo
Cayey, 5 ago (INS).- El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, expuso ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) los cambios que impulsa desde hace años en el sistema de transporte colectivo, como ejemplo a seguir para otras ciudades.
Durante la reciente “Cumbre de la Transportación, maximizando recursos ayer para reconstruir el futuro de Puerto Rico”, Ortiz Velázquez destacó la importancia de trabajar sistemas de transporte acordes a la realidad geográfica de Puerto Rico, de manera que el acceso a los servicios sea más eficiente.
“En Cayey hemos establecido un plan estratégico para el manejo de la transportación regular y colectiva, con la intención de facilitarle la vida a los residentes”, dijo el alcalde al destacar entro los proyectos el efectivo funcionamiento del sistema de rotondas desde la entrada a la ciudad desde el barrio Montellano por el Expreso PR-52, que se planificó siguiendo detalladamente las especificaciones federales.
Ortiz Velázquez se refirió a este proyecto contemplado en el magno plan estratégico “Cayey Ciudad Verde”, que ha logrado transformar dramáticamente este espacio, inyectándole a la ciudad un repunte económico, social y cultural histórico.
El Estadio Pedro Montañez, el Teatro Municipal, la Escuela de Baloncesto, los nuevos accesos, jardines urbano y demás, son tan solo parte de esa visión que continuará dando frutos.
“Ha sido muy fructífera esta presentación que hicimos y continuaremos fomentando este tipo de encuentro e intercambio de información”, detalló el alcalde.
De hecho, los oficiales de FEMA informaron que la agencia está dispuesta a invertir en fondos federales para lograr la construcción de accesos que sean más seguros.
Ortiz Velázquez, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, fue parte de un panel de profesionales que trataron los temas señalados, en el ánimo de compartir ideas, proyectos innovadores y también corregir errores.
En la cumbre participaron otros alcaldes como Nelson Torres Yordán, de Guayanilla, y Carlos Méndez, de Aguadilla.
De la cumbre participaron altos oficiales de la agencia federal, e invitados como James Christian, administrador de la División de Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Federal Highway Administration; Brandie Hendrickson, administradora interina de esa agencia, y Mike Burns, coordinador federal.
Por el gobierno central estuvieron el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, y Omar Marrero, director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. INS
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