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San Juan, 27 jul (INS).- El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra Gutiérrez, dijo sobre la desestimación de la petición de “injunction” de las uniones contra el Gobierno para paralizar el proceso de desafiliación, que es una victoria para los trabajadores.
“Me complace la decisión del Tribunal de Primera Instancia que declara no ha lugar la petición de ‘injunction’ de las uniones para paralizar el proceso de desafiliación”, dijo el funcionario.
Hoy la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó el injuction preliminar que pidió el sindicato Servidores Públicos Unidos.
Estos solicitaron detener la distribución de hojas de desafiliación sindical en las agencias públicas y que argumentaron que el gobierno actuaba ilegalmente.
La Jueza afirmó en su resolución que el proceso que estableció la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) para que los empleados públicos puedan desafiliarse de su unión, es válido.
“Más allá de una victoria procesal esta decisión representa una victoria para la clase trabajadora. Confirma que el Gobierno está haciendo valer unos derechos constitucionales de los empleados y que era nuestro deber establecer un procedimiento con los formularios que le permitan al empleado ejercer sus derechos”, sostuvo Saavedra.
La resolución del Tribunal reconoce que el empleado público debe notificar a la agencia correspondiente su deseo a desafiliarse y que la creación y el manejo de los formularios por el Gobierno no representa una intervención indebida entre las uniones y sus miembros.
Además, confirma que el Gobierno está facultado para uniformar el proceso, aseguró el funcionario.
La Jueza destacó que “el interés público se vería adversamente afectado por una orden judicial que impida al Gobierno de Puerto Rico orientar a sus agencias”.
Mientras, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, indicó que “de conformidad con la resolución emitida esta tarde relacionada al caso de Janus, se valida la posición del Departamento de Justicia en su deber de informar a todos los ciudadanos con relación a los derechos constitucionales que le asisten, particularmente en este caso a todos los empleados. Pese a toda consideración, los derechos constitucionales en el Departamento serán protegidos. Ese es nuestro deber y lo vamos a cumplir con la misma rigurosidad que nos ha caracterizado siempre. Que se proceda entonces de conformidad con la resolución de la honorable jueza”. INS
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