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San Juan, 22 jul (INS).- La organización “Toabajeños en Defensa del Ambiente” advirtió que la medida implementada por el gobernador Ricardo Rosselló de dejar sin efecto las delimitaciones de siete reservas naturales mediante órdenes ejecutivas “será el inicio de una nueva ola de construcciones en zonas marítima-terrestre y en terrenos ecológicamente sensitivos”.
Señala que mediante la excusa de la existencia de conflictos procesales, e increíblemente, por la “ausencia de participación ciudadana”, el gobernador y la Junta de Planificación “comienzan el proceso de banquete total de nuestros terrenos protegidos”.
“Hoy anulan la designación de reserva natural y mañana alteran el Plan de Ordenación Territorial (POT) cambiando la clasificación del suelo.
Como ejemplo de esto, Toabajeños recordó que “el 3 de julio el gobernador enmendó el POT del municipio de Peñuelas para viabilizar la construcción del proyecto Hotel y Resort El Caño en el barrio Encarnación de ese municipio. Este proyecto consiste de un hotel de 126 habitaciones, un restaurante de 6,000 pies cuadrados, 52 solares residenciales y 120 estacionamientos”.
“Todo parece indicar que tanto los nuevos proyectos como aquellos que en el pasado reciente no cumplieron con los reglamentos existentes y con el aval de la ciudadanía, tendrán libre paso mediante gestiones de esta administración. Así, mañana vendrán por el Bosque Modelo, el Corredor Ecológico del Noreste, el caño Tiburones y otras reservas”, advierten los ambientalistas.
Apuntan que rodo eso es gracias “a la ayuda de la nueva ley de permisos, el título V de la Ley Promesa y un interés particular de desprecio por los recursos naturales que demuestra esta administración”.
“Las reservas naturales son áreas identificadas y designadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como zonas de conservación por sus características ecológicas, geográficas o por el valor social de sus recursos naturales. No solamente son áreas de conservación, sino aptas para la agricultura y para la seguridad alimentaria nacional”, indican.
Por lo tanto, concluyen que “es responsabilidad de la ciudadanía proteger estas áreas del criminal desarrollo urbano y de la explotación comercial desmedida”. INS
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