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Joao Santana y su esposa, Mónica Moura, en foto de archivo. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 14 jul (INS).- Otro escándalo enloda la administración del presidente Danilo Medina, un gobernante que en los últimos años ha enfrentado diversas denuncias de corrupción atribuidas a funcionarios de su gobierno que han dado supuestos manejos indelicados a los recursos públicos o han recibido sobornos de multinacionales para la aprobación de contratos de obras estatales.
El caso de más mención mediática en el escenario dominicano es la admisión de la constructora brasileña Odebrecht de haber distribuido 92 millones de dólares entre servidores gubernamentales de alto nivel, empresario y legisladores para beneficios coyunturales a costa del presupuesto del Estado dominicano.
Por este entramado de corrupción, el Ministerio Público acusó de manera formal a siete de 14 personas investigadas que están a la espera de ser juzgadas en juicio de fondo, si así lo decidiera próximamente un juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia en una audiencia preliminar.
El nuevo escándalo que salpica al mandatario quisqueyano fue desempolvado por diputados del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se refiere a pagos irregulares por más de 1,300 millones de pesos (26,2 millones de dólares) con fondos públicos para las campañas de Medina en el período 2012-2016.
Esos detalles, que han despertado demonios en las esferas gubernamentales, están registrados en una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la inquieta diputada Faride Raful, en la que se consigna que esos recursos fueron erogados a través de dos organismos gubernamentales a dos empresas del publicista brasileño Joao Santana y su esposa, Mónica Moura.
Estos son considerados instrumentos políticos de Odebrecht y que asesoraron las campañas electorales del Jefe del Estado en el 2012 y 2016, pero en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados.
Luego, los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora brasileña.
Según analistas locales en temas políticos, la influencia de la pareja en esta nación caribeña parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, excepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rousseff.
En Santo Domingo, Joao Santana y Mónica Moura llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña.
Conforme a reportes de los legisladores, las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine & Art2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto de 2012, y se extendieron hasta enero de 2017, vale decir 11 meses después de que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.
El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (Dicom), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto de 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos (379,640 dólares), para producir la “campaña 100 días de gobierno”.
El último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre de 2016.
“En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen siete pagos a la empresa Cine & Art 2013 entre marzo de 2016 y enero de 2017 por un total de 72.5 millones de pesos (US$ 1,462,873), cuando ya los esposos Santana-Mouray habían sido apresados y procesados”, expresa el documento.
Agrega que la pareja fue condenada en enero de 2017 “a ocho años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrobras, tomándose en cuenta que hicieron declaraciones premiadas, por lo que cumplen la condena en domicilio privado”.
Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por un millón 400 mil dólares por cuatro años (2013 a 2016), con una agenda que establecía que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itebis).
Apunta la certificación obtenida por la diputada Faride Raful que el término “asesoría en comunicación y planificación estratégica es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi cinco millones de pesos (US$100,887) a la tasa de ahora”.
También destaca que “los contratos más generosos fueron dos, por 480 millones de pesos cada uno (9,7 millones de dólares), firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes de 2016. Estos fueron con Cine & Art 2013 para servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.
El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a cuatro millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos (US$4,8 millones), más 1,109 millones de pesos (US$ 22,376,916) para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.
Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de 10 de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información de la Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”.
En la certificación se resalta que hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine & Art 2013 en noviembre de 2014 por 16 millones 198 mil pesos (326,836 dólares).
Raful explica que “las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de ésta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine & Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura”.
“La empresa Cine & Art 2013 fue constituida el 18 de junio de 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos (2,017 dólares), por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y este luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica”, agrega.
Añade que “su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe”.
Esta compañía saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos reveló que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de cuatro millones 396 mil 796 dólares, entre 2013 y 14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.
Recuerda la congresista que en mayo de 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos, depositaron una denuncia en la Procuraduría General de la República que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine & Art 2013.
La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.
Armada con las certificaciones que obtuvo de la Contraloría General de la República y amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del PRM sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una comisión especial que fiscalice e investigue esas contrataciones.
Como si se tratara de una muerte anunciada, la iniciativa fue rechazada en forma enérgica por los diputados del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en medio de insultos, como el diputado Radhamés Camacho, quoen llegó a ofender a la proponente diciendo que se “presenta como una flor, pero tiene espinas de guasábara”.
Los diputados opositores consideran que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal.
También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.
En la denuncia de los congresistas se resalta que tras su triunfo electoral en 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes PLD a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al publicista brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Joao Santana se despidió el 22 de febrero de 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD. INS
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