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San Juan, 2 jul (INS).- Los comisionados asociados de la Comisión de Servicio Público Jonathan Bonet, Alcides Martínez y Lewis Dorta denunciaron hoy que de manera injustificada el actual gobierno de Ricardo Rosselló Nevares los ha despojado de sus posiciones.
“En altas horas de la noche del sábado, en el cierre de sesión, la asamblea legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 1408, que, entre otras cosas, nos despoja de nuestras posiciones como comisionados asociados de la Comisión de Servicio Público, a las cuales fuimos nombrados por un término de ocho años. Esto de manera injustificada y violentando nuestros derechos”, dijo Bonet.
El Proyecto al que aluden es uno de Administración que dio paso al Plan de Reorganización sometido por el Ejecutivo que crea la nueva Junta Reglamentadora de Servicio Público.
La nueva estructura fusiona la Comisión de Servicio Público, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.
“Esta acción va contra la jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo, que se ha expresado sobre legislación de esta índole. Con anterioridad, el Tribunal Supremo ha reconocido que posiciones como las que hasta ahora ocupamos tienen un derecho propietario durante el término al cual se es nombrado y confirmado por el Senado”, aseveró Martínez.
Esto, afirmó, “porque ejercemos funciones adjudicativas y cuasijudiciales. Así se ha reconocido a través del tiempo por los tribunales locales y federales sobre este asunto”.
La jurisprudencia más reciente es el caso del exprocurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, nombrado por el exgobernador Luis Fortuño y quien demandara al gobierno durante el pasado cuatrienio. En ese momento, el Tribunal Supremo resolvió que el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, no podía destituir al procurador sin justa causa.
En esa ocasión se ordenó la restitución del funcionario y el gobierno perdió ese pleito en los Tribunales.
“Es lamentable que por mero acto político y porque fuimos nombrados por la pasada administración, nos quieran sacar del medio. Peor aún, el Proyecto de la Cámara 1408 dispone que los nuevos comisionados asociados que el gobernador nombrará, realizarán las mismas funciones que nosotros ejercemos en la actualidad, pero devengando un salario muy superior”, afirmó Bonet.
Señaló que los nuevos comisionados percibirán 29 mil dólares anuales más que lo que ellos reciben (89 mil dólares frente a los 60 mil actuales).
“Es decir, si esta alegada reorganización es para lograr un supuesto ahorro en las arcas del gobierno, no entiendo por qué aumentar salarios en plena crisis y a espaldas del pueblo. Esto es una afrenta más a nuestra gente”, denunció Bonet.
“Exhortamos al gobernador a que tome consideración sobre la firma de este proyecto que atenta contra derechos adquiridos. Mientras el Senado supuestamente defendió a los empleados al no aprobar la derogación de la Ley 80, en su final de sesión legislativa y en la oscuridad de la noche, despide a empleados públicos con derecho adquirido sobre sus posiciones”, sentenció Dorta.
Los tres funcionarios expresaron que no descartan tomar acción legal en los Tribunales tan pronto el gobernador estampe su firma en el proyecto de ley. INS
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