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Santo Domingo, 28 jun (INS).- José Alejandro Vargas, juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva en contra del propietario y la gerente de un centro de diversión acusados de reclutar a por lo menos 10 venezolanas a las que obligaban a sostener relaciones sexuales con los clientes.
El magistrado ordenó que el imputado Jarvis Guerra Rodríguez sea enviado a la cárcel de La Victoria, en el municipio Santo Domingo Norte, mientras que a la empleada y supuesta gerente del lugar, Ángela Isaura Campusano Santos (alias “La Morena”) sea trasladada a Najayo-Mujeres en San Cristóbal (sur).
De acuerdo con la acusación, los individuos les ofrecían contratos a las extranjeras para traerlas al país a trabajar como camareras, en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas situado en el exclusivo del sector Los Prados, Distrito Nacional.
Cuando las féminas pisaban tierra dominicana, les quitaban los pasaportes y las encerraban en el centro llamado “Pink Pony Bar”, donde las drogaban y supuestamente las obligaban a prostituirse.
El pasado domingo, la Procuraduría General de la República dio a conocer que 11 venezolanas, cinco de las cuales lograron escapar y seis fueron rescatadas por las autoridades, estuvieron secuestradas en el citado establecimiento.
Indicó que los integrantes de la organización criminal presuntamente se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación sexual de las mujeres.
De acuerdo al expediente, las obligaban a consumir drogas, pastillas anticonceptivas, e incluso, una de las mujeres fue obligada a tomar un medicamento para abortar después de haber quedado embarazada de un cliente del establecimiento.
El Ministerio Público asegura que Guerra Rodríguez y “La Morena” les informaban a las mujeres que habían contraído con ellos una deuda que iba desde los 1,000 hasta los 1,600 dólares por los gastos del viaje y alojamiento, pero que además debían pagar diariamente wifi, comida, techo, ropa y todas sus necesidades con el dinero que consiguieran acostándose con los clientes del establecimiento.
Por el caso también es perseguido Leudy Rafael Martínez Valdez, de 28 años, quien según se ha establecido durante la investigación se encargaba de supervisar a las víctimas, desempeñaba labores de seguridad y en ocasiones en compañía del propietario del negocio las recogía cuando llegaban al aeropuerto con falsas promesas de empleo.
Ante una denuncia recibida el pasado mes de abril de parte de cuatro de la mujeres, el Ministerio Público inició una investigación de inteligencia que terminó la madrugada del sábado, con el desmantelamiento de una red dedicada a esas actividades ilícitas, el rescate de seis ciudadanas de esa nación suramericana, el cierre del negocio y los dos arrestos. INS
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