P. Rico-Gobernador ante investigación contra exadministrador de Servicio Generales: “Cualquier funcionario que le falle al pueblo será encausado y le aplicaremos todo el peso de la ley”

San Juan, 28 jun (INS).- A raíz de la investigación abierta por el Departamento de Justicia en contra del exadministrador de Servicios Generales, Miguel Encarnación, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares advirtió que “cualquier funcionario que le falle al pueblo será encausado y le aplicaremos todo el peso de la ley”.

Añadió que “siempre he sido firme en combatir la corrupción y demostrar cero tolerancia contra cualquier situación que lacere la imagen de pulcritud y transparencia que tiene que tener el gobierno”.

El primer mandatario explicó que “tan pronto advine en conocimiento de señalamientos contra el señor Miguel Encarnación, solicité a la secretaria del Departamento de Justicia que hiciera una investigación completa y hoy se anuncia el inicio de una investigación bajo la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente”.

Se mostró complacido con el trabajo del Departamento de Justicia “El señor Encarnación ya no funge como titular de ASG. Bajo mi administración, el pueblo no ha tenido que descansar solamente en las autoridades federales, pues hemos encausado a nivel estatal los casos de corrupción gubernamental sin contemplaciones”.

Anunció que seguirán “buscando medidas para atajar la corrupción gubernamental. Hoy tenemos un Código Anticorrupción según le prometí al pueblo. Ese Código integra todas las leyes especiales anticorrupción que además viabiliza que se les reclame a los funcionarios que le fallan al pueblo que restituyan tres veces la cantidad monetaria que sus acciones le costaron al erario”.

Recordó además que el Código Anticorrupción excluye a convictos de delitos contra los fondos públicos del beneficio de sentencia suspendida o probatoria.

“Esta administración, en febrero de 2017, firmó un acuerdo con las autoridades federales para trabajar casos de corrupción gubernamental. De igual forma, con la Ley 27 de 2017 enmendamos el Código Penal para subir a 15 años la pena por el delito de apropiación ilegal de fondos públicos, luego de que la pasada administración lo redujera a ocho años”. Concluyó Rosselló Nevares. INS

aa