Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 26 jun (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del municipio de Toa Baja, donde detectó un esquema de fraude con las compras, los desembolsos y la propiedad.
El informe revela un esquema ideado por el proveedor A para adjudicarse trabajos del municipio. Estos hallazgos fueron referidos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 6 de agosto de 2015. El 19 de abril de 2018, el proveedor A y el exdirector de la Oficina de Facilidades Municipales de Toa Baja, fueron acusados en el Tribunal Federal.
Al respecto, la auditoría detalla que desde enero de 2011 y hasta abril de 2014, el municipio emitió 52 comprobantes de desembolso por 307,882 dólares que se adjudicaron al proveedor A para el mantenimiento del sistema de alarmas, basados en 89 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas.
Los nueve proveedores a cuyos nombres se presentaron las cotizaciones expresaron, entre otras cosas, que no prepararon ni firmaron las cotizaciones aludidas, que no autorizaron a persona alguna remitir las mismas a nombre de su negocio y que ningún empleado de Toa Baja les había solicitado presentar cotizaciones.
Entre mayo de 2011 y mayo de 2013, el municipio emitió 20 comprobantes de desembolso por 169,668 dólares al proveedor B para la compra de aires acondicionados, sillas, rolling doors y remodelación de baños entre otros, basados en 28 cotizaciones falsas o alteradas.
Los 20 cheques girados a nombre del proveedor B tenían un segundo endoso del proveedor A; uno de los cheques lo utilizó el proveedor A para pagar el pronto de un auto y los restantes cheques fueron depositados en la cuenta bancaria del proveedor A.
De mayo de 2012 a febrero de 2013, el municipio emitió tres comprobantes de desembolso por 12,570 dólares al proveedor C para reparaciones eléctricas y de una bomba sanitaria, también basado en cotizaciones falsas.
Los tres cheques a nombre del proveedor C tenían un segundo endoso del proveedor A y fueron depositados en su cuenta.
La auditoría de tres hallazgos señala que al proveedor A se le pagó de forma indebida 191,925 dólares por trabajos no realizados.
Por ejemplo, se facturaron servicios de mantenimiento al Cuartel del barrio Candelaria Arenas, que estaba cerrado, también al Anfiteatro Julita Ross, que había sido vendido antes de la firma del contrato y a la Escuela de Bellas Artes, que nunca ha estado en uso ni tenía servicios de electricidad.
Los directores interinos de la Oficina de Facilidades Municipales declararon que no verificaban si los servicios habían sido brindados cuando certificaban las facturas como correctas.
“Nuestros auditores identificaron computadoras en el municipio con cientos de archivos con fotos y documentos político-partidistas, de índole personal, y en la computadora de un usuario se detectaron accesos a páginas en Internet de contenido sexual. Estas situaciones son contrarias a la Constitución de Puerto Rico y al Reglamento para la Administración Municipal”, apunta el informe.
Éste cubre el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
aa