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Resumen de noticias para el domingo 24 de junio de 2018
P. Rico-Cámara presenta legislación que podría salvar la Ley 80 y pondría fin a la controversia entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal
San Juan, 24 jun (INS).- Con la intención de terminar con el impasse existente entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, que mantiene su pretensión de eliminar la Ley 80 de despido injustificado, Cámara de Representantes presentó el proyecto de ley 1661 con el propósito de proveer para la creación de un Fondo Especial para Atender Reclamaciones al amparo de la Ley 80.
La medida, presentada por el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y el representante Antonio “Tony” Soto, le facilitará a los patronos del sector privado un mecanismo adecuado y sin cargos adicionales que les permita cubrir reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80, y para otros fines relacionados.
Según explica la exposición de motivos del proyecto de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, el dinero que será dirigido a ese fondo surgirá de las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
“Todo patrono en Puerto Rico hoy paga una prima a la Corporación con el propósito de atender los trabajadores lesionados, mientras se les libera de responsabilidad. Este esquema nos ofrece la oportunidad, porque la ley permite que se pueda usar hasta un 22% de los ingresos provenientes de las primas cobradas para gastos administrativos”, señala la exposición de motivos.
Agrega que “de esa partida, y sin poner en riesgo los recursos de los lesionados y sin aumentar la prima a los patronos, podemos separar un siete punto cinco (7.5%) por ciento para establecer un Fondo Especial dirigido a atender las reclamaciones generadas al amparo de la Ley 80”.
El objetivo de la Junta de Control Fiscal para solicitar la derogación de la protección que otorga la Ley 80 es liberar a los patronos del sector privado del pago del remedio que esta otorga a los trabajadores.
El representante Meléndez expresó que es evidente que “la continua insistencia de la Junta de eliminar la Ley 80 no ha logrado el respaldo necesario para ser aprobada por la legislatura, la cual no va a renunciar a sus facultades constitucionales de defender a los trabajadores, tanto del sector público como los del sector privado”.
Añade que “personalmente, he evaluado las propuestas establecidas y no he podido encontrar ni un solo punto que me convenza de que la derogación de la Ley 80 impulse la creación de nuevos empleos o la posibilidad de algún repunte económico”.
El legislador añadió que la creación de este Fondo Especial ayudará a que la Ley 80 se mantenga en vigor y le provea a los patronos del sector privado una alternativa razonable para atender cualquier reclamación producto de la citada ley.
“Si el razonamiento de la Junta para solicitar la derogación de la Ley 80 es reducir los costos para los patronos, y por lo tanto, reducir el costo para hacer negocios en Puerto Rico, entendemos pues que esta medida adelanta adecuada y razonablemente los objetivos promovidos por la Junta, sin lacerar los derechos de los trabajadores”, concluyó. INS
P. Rico-Figueroa Jaramillo cuestiona “doble discurso del gobierno sobre la AEE”
San Juan, 24 jun (INS).- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, cuestionó lo que considera “el doble discurso del gobierno de Puerto Rico ante la intensión de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.
Figueroa Jaramillo resaltó que el gobernador “ha mantenido un doble discurso, que contradice los objetivos de generación de energía, promoción de energía eco amigable, y promueve el despilfarro económico, que pone en duda las intenciones de venta de la AEE, y crea mayor incertidumbre al pueblo de Puerto Rico”.
El sindicalista señaló que Rosselló “dice que la privatización promoverá una AEE eco amigable, y el propio director ejecutivo de la corporación, Walter M. Higgins (quien recibe un sueldo de 450 mil dólares al año) defiende la generación de electricidad con la quema de carbón, que es el más contaminante de los combustibles”.
Además, “se desprende del propio plan fiscal de la corporación pública de la AEE y revisado por el gobierno de Ricardo Rosselló incluye la posibilidad de implantar un cargo a las familias que se muevan de la energía de la AEE a la energía renovable”.
“Lamentablemente, la intención del gobierno es castigar a quienes busquen alternativas de energía, lo que es contradictorio con el discurso político que repiten”, agregó el presidente de la Utier.
Explicó que, además, “una de las justificaciones de Rosselló para la privatización es la falta de dinero. Sin embargo, permite, promueve y aprueba los sueldos y pagos de 450 mil anuales del director ejecutivo, los cerca de 300 mil anuales del asesor financiero de la AEE, y la contratación de un grupo de cuatro abogados a 625 dólares la hora”.
“Claramente vemos cómo el gobierno miente y se contradice para promover una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica que aumentará la factura de luz, y limitará el acceso a la energía de los puertorriqueños”, concluyó. INS
P. Rico-Fadep ya presentó la demanda contra el cierre de escuelas
San Juan, 24 jun (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública (Fadep) informó que el viernes fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan la demanda para detener el cierre de escuelas.
Para Fadep, la secretaria de Educación “está actuando en contra de la propia Ley 85 recién aprobada ya que para cerrar escuelas se requiere seguir un proceso y cumplir con unos criterios. Esta ley fue hecha a su medida y aun así la secretaria y el Departamento de Educación (DE) la están violentando”.
El artículo 2.04 de la ley dispone que el cierre y consolidación de escuelas tiene que ser por necesidad y tiene que seguirse un procedimiento consignado en el artículo 8.01 f, donde se establece que no es discrecional por parte de la secretaria. Tiene además que establecerse un reglamento, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Del derecho aplicable, incluyendo la Ley 85 de supuesta reforma educativa, no se desprende en ningún momento que la secretaria de Educación tenga poder absoluto para cerrar escuelas, pues que se trata de un proceso regulado y controlado, lo que implica que está limitada a actuar dentro del margen establecido por la ley.
“Tiene que haber un expediente completo y fidedigno de cada escuela, no puede ser a conveniencia y tiene que estar debidamente evidenciado. El cierre de escuelas lo iniciaron desde abril, pero aun si hubiera esperado al 1 de julio, está obligada a seguir el procedimiento requerido, que establece unos 15 criterios”, señala el Fadep.
Agrega que “el cierre causará daños inminentes e irreparables a los demandantes, por tratarse de una acción arbitraria, caprichosa e ilegal. Las escuelas a cerrarse representan un 24 % del total de planteles escolares existentes. Eso tiene un efecto devastador en las comunidades, en las necesidades educativas de nuestros alumnos y muy en especial entre la población con diversidad funcional”.
La demanda va dirigida en contra de la secretaria de Educación, del Departamento de Educación y del gobierno de Puerto Rico.
“Incluimos los casos de 35 escuelas en la demanda, así como un grupo sustancial de padres y maestros. Esperamos que el Tribunal paralice de inmediato el cierre de todas las escuelas, como parte de su función de velar porque se cumplan las leyes”, concluyó el Fadep.
El Frente Amplio está constituido por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos), la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), Educadores Puertorriqueños en Acción (EPA) y la Organización Nacional de Directores de Escuelas (ONDE). INS
P. Rico-Legisladores del PNP defienden proceso de elaboración del presupuesto en la Cámara
San Juan, 24 jun (INS).- Los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Maricarmen Mas Rodríguez y Eddie Charbonier le salieron al paso a la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, defendiendo el proceso de evaluación y confección del presupuesto llevado a cabo en la Cámara baja.
Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) también le pidieron a la minoría del PPD “que aporte ideas o se salga del camino”.
“Podemos entender que los senadores del PPD no sepan cómo reaccionar a un proceso de evaluación de presupuesto abierto y trasparente, porque ellos no hicieron ninguno durante el pasado cuatrienio. Podemos entender que el concepto de transparencia es ajeno a esa delegación”, comentó Mas Rodríguez.
Recordó que en el año 2013 se realizaron cuatro revisiones de ingresos, todos negativos. En el presupuesto de 2014-15 fueron tres, en el de 2015-2016 fueron tres también, “y todas bajando las proyecciones de ingresos originales”.
Charbonier Chinea agregó que “la delegación del PNP, cuando estábamos en minoría, presentábamos ideas, conceptos. De hecho, se presentaban proyectos de presupuesto alternativos reales, con números y data verificable, no fantasías. Pero la delegación del PPD es la delegación del ‘no’. Todo es una crítica, todo es un problema”.
Añadió que los legisladores del PPD “jamás presentan ideas o alternativas. Además no saben bien del proceso y evaluación del presupuesto bajo la Junta de Control Fiscal, ente externo que ellos pidieron y buscaron para tratar de darle vida a la colonia”.
El legislador también dejó claro que el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, junto a Melba Acosta y el liderato del PPD en la Cámara, “jamás ajustaron sus presupuestos a la realidad de la isla”.
“En vez de ajustarse a la realidad que teníamos en Puerto Rico, tan pronto llegaron al poder en enero de 2013, el PPD decidió aumentar significativamente el presupuesto del gobierno, de 9,418.7 en el 2012-13, a unos 9,835 millones para el 2013-14 y gastaron mucho más de eso”, analizó.
Y recordó que según la entonces secretaria de Hacienda, Melba Acosta, “las medidas impositivas que ellos pusieron al pueblo, sobre 60 nuevos impuestos en ese presupuesto solamente, generaría alrededor de unos 1,400 millones de dólares más para el gobierno. Eso no ocurrió, sólo generó alrededor de 606.3 millones. Este patrón de sobreestimar ingresos se repitió todo el cuatrienio pasado”. INS
P. Rico-Alcaldesa de Morovis desmiente a legislador del PNP sobre caso de puente arrasado por el huracán María y que fue sometido a FEMA
Morovis, 24 jun (INS).- La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, desmintió las denuncias del representante de distrito Guillermo Miranda, quien cuestiona el estatus de reconstrucción de un puente en el barrio Vaga de Morovis, que fue arrasado luego del paso del huracán María.
“Al alegar ante los vecinos del barrio Vaga que no se ha hecho nada sobre este tema, Miranda evidencia dos cosas: su incompetencia como representante de distrito ante la crisis, y su desconocimiento de cómo funciona la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), con la que he estado trabajando el caso hace meses”, aseguró Maldonado.
La alcaldesa argumentó que es de conocimiento público en Puerto Rico cómo FEMA está tramitando las reclamaciones. “En el caso particular de Morovis, se aprobaron (pero aún no se han desembolsado) unos fondos para limpieza y dragado de la zona del puente, pero los fondos para la reconstrucción del mismo aún están en manos de los funcionarios de FEMA”, aseguró Maldonado.
“De hecho, personalmente recibí en Morovis al señor Chris Baggot, de la división de Transportación de FEMA, quien me informó que se llegó a una solución de reparación para el puente y estamos a la espera de información concreta por parte de ellos”, aclaró la ejecutiva municipal.
Sobre el caso, la alcaldesa realizó gestiones con el ingeniero Luis Trinidad, contratista del municipio para casos de FEMA, relacionado al estimado de reconstrucción del puente.
“Este es un proyecto que requiere una inversión aproximada de 265,500 dólares, ya que la fuerte escorrentía socavó los cimientos del puente, destruyó la vía de acceso, así como los encintados, vallas de seguridad y postes con el sistema de alarma de inundación que existía en el lugar”, detalló Maldonado. INS
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