P. Rico-Cámara aprueba establecer una Unidad de Control de Fraude al Medicaid

San Juan, 23 jun (INS).- Con la finalidad de instituir el andamiaje para procesar civilmente el fraude a los programas del gobierno y a los contratos de servicio, la Cámara de Representantes aprobó una medida para crear la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico y de esta manera establecer una Unidad de Control de Fraude al Medicaid adscrita al Departamento de Justicia.

“Mediante este mecanismo estableceríamos un procedimiento en los Tribunales donde el gobierno puede someter reclamaciones para buscar que estas personas que han defraudado al gobierno reciban una penalidad monetaria por sus actuaciones”, comentó el presidente del cuerpo legislativo, Carlos Méndez Núñez, autor de la medida.

Agregó que el Proyecto de la Cámara 1627 permitirá “entablar demandas y reclamaciones civiles para el recobro de pérdidas por fraude a programas federales”.

Igualmente destaca que según información suministrada por el Departamento de Justicia federal, desde el 2009 hasta el 2016, el gobierno federal había recuperado 31.9 billones de dólares bajo el False Claims Act.

“Sólo en el año fiscal 2016 se recuperaron 4.7 billones a raíz de reclamaciones civiles bajo el False Claims Act. Cabe señalar que de esa cantidad, en el año fiscal 2016 unos 2.9 billones fueron producto de reclamaciones bajo las disposiciones del Qui Tam Provision (informante conocido como o de “whistleblower”). Los ciudadanos que entablaron dichas demandas recibieron en dicho año fiscal 519 millones de dólares”, señala Méndez Núñez en la pieza.

Aparte, se concurrió con el Proyecto de la Cámara 1235, del representante José “Quiquito” Meléndez Ortiz, cuyo propósito es crear una unidad dirigida a fortalecer la acción del gobierno frente a la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

En la pieza señala que la explotación sexual es considerada como “una forma de esclavitud y un crimen de lesa humanidad”, en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos, adoptados y ratificados por muchos países que disponen de un marco ético y jurídico inequívoco para combatirla.

“Por ello, se hace imprescindible asumir la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como prioridad social, debe corresponder con el daño que actualmente se ocasiona a los niños, niñas y adolescentes víctimas de ésta”, plantea el legislador. INS

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