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San Juan, 17 jun (INS).- El representante Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD), acusó hoy que el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal (JCF), “desvían recursos de programas prioritarios de servicios directos a la ciudadanía, dejando algunos prácticamente inoperantes”.
Además, reclamó que la asamblea legislativa reasigne un total de 65.9 millones de dólares de fondos destinados a áreas no prioritarias en el presupuesto sometido, y “las redirija a aquellos programas y servicios directos de educación especial y de seguridad pública”.
Igualmente, sostuvo que “el fondo multimillonario que se creó en la versión de la Cámara sobre la Ley 80 debe ser utilizado para incentivar la creación y retención de empleos, en vez de destinarlos al despido de los trabajadores en la empresa privada”.
“El presupuesto que se evalúa contiene una serie de aumentos que no se justifican y que deben ser redirigidos a las áreas prioritarias. En total suman 65.9 millones”, afirmó el legislador.
Precisó que “son nueve millones para aumento de gastos legales de la JCF, para los casos bajo el Título III, cuando ya cuentan con 261 millones para esos fines; otros 4.7 millones de aumento en el presupuesto de la JCF; 23 millones de aumento para la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) sin detallar sus usos; otros 3.2 millones para aumento de contratos y nómina en La Fortaleza y un millón para sistemas de compras sin detallar”.
Además, dijo que “se consignan en el proyecto de la Cámara sobre la Ley 80 otros 25 millones que deben usarse para incentivar la creación y retención de empleos y no en el despido injustificado de miles de trabajadores en el sector privado”.
“El gobernador y la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), con el aval de la Junta, han escogido que sean los contribuyentes quienes subsidien la mesada de aquellos empleados despedidos por sus patronos privados sin justa causa. Para eso, quieren dirigir 100 millones en los próximos tres años mientras las agencias de gobierno advierten la eliminación de servicios esenciales a la población a causa de enormes recortes presupuestarios”, dijo Ortiz.
El Proyecto del Senado 1011, según aprobado por la Cámara, establece una aportación inicial a dicho fondo de 25 millones durante el año fiscal 2018-2019 y 75 millones a dividirse entre los años fiscales 2019-2020 y 2020-2021.
“La aprobación de este fondo contrasta con lo sucedido la semana pasada, donde varios secretarios de gabinete admitieron ante la Comisión de Hacienda que simplemente no tienen recursos suficientes para mantener sus departamentos operando”, aseveró el político.
Dijo que se destaca el recorte de sobre 78 millones destinados para servicios a los niños de educación especial, 38 millones para compra de libros y servicios de transportación escolar, 29 millones para el mantenimiento de planteles, 8.9 millones para servicios de remedio profesional en educación especial, entre otros.
Para Ortiz, “el gobernador Rosselló parece haber escogido poner los intereses de la Junta sobre las necesidades de los estudiantes de educación especial. A preguntas nuestras, la secretaria de Educación, Julia Keleher, admitió que ocho programas de su agencia están en peligro por los millonarios recortes, y que se afectarán también los servicios de internet es las escuelas y la educación vocacional”.
Añadió que otra precaria situación financiera identificada durante el proceso de vistas es la del Departamento de Seguridad Pública.
“El propio secretario Héctor Pesquera confesó las graves necesidades de los distintos negociados, que incluyen la Policía, Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas, Bomberos y Ciencias Forenses. Pesquera dejó claro que la situación se agravará con los recortes. Las reducciones en las partidas de nómina de los negociados van de 9% a 22% comparado con el pasado año fiscal, lo que representa unos 53 millones menos”, afirmó. INS
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