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Santo Domingo, 16 jun (INS).- El imputado Ángel Rondón, considerado como ficha clave en el caso de sobornos promovidos en el país por la constructora brasileña Odebrecht, solicitó que se llame como testigo a todo el que haya tenido que ver con los 16 contratos que hay en la acusación que le hace el Ministerio Público a él y a otros seis imputados.
Los abogados de la defensa de quien es considerado como “el hombre del maletín” piden que se llame a audiencia a 106 testigos, entre ellos todos los senadores que participaron en la comisión de finanzas, a todos los supervisores de obras, a todos los consorciados, los consultores jurídicos que han participado en la redacción de esos contratos.
También, todos los diputados de la comisión de finanzas, los consultores del Poder Ejecutivo, la Dirección de Presupuesto, al tesorero, ministro de Hacienda, así como los administradores del banco de Reservas.
“Todo el que ha tenido que ver y ha firmado un contrato de eso, tiene que venir a explicar si nuestro cliente alguna vez le ofreció alguna dádiva o alguna vez ellos aceptaron soborno”, señala el escrito.
Entre los sugeridos como testigos por la defensa de Rondón para que sean llamados a audiencia figuran Juan Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio, y Guido Gómez Mazara, quien era el Consultor Jurídico durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004).
Según la defensa de Rondón, con el testimonio de Temístocles Montás “se acreditará la Comunicación MH-2018-002956, de fecha 7 de febrero de 2018, emitida por el Ministerio de Hacienda y se probará que desempeñó la función pública de secretario técnico de la Presidencia, que firmó los contratos de las obras Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación de Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación de Acueducto de la Línea Noroeste, Central Hidroeléctrica Palomino, en fecha 07-oct-99, 09 de junio de 2005, respectivamente”.
Además, que las entidades bancarias que participaron como acreedores fueron ABN, REAL, BNDES, que los montos aprobados en dichos financiamientos fueron US$ 129,089,287.46, US$ 64,925,939.16., US$ 25,000,000.00, y US$15,000.000,000.
Asimismo, explica que el señor Ángel Rondón Rijo “nunca le hizo ofrecimiento, promesa ni directa ni indirectamente para beneficiar a la compañía Norberto Odebrecht, tampoco cometió ninguna actividad ilícita con dichos funcionarios en la que pueda tipificarse los tipos penales de soborno, lavado de activos ni asociación de malhechores, y cualquier dato útil al proceso”.
En el caso de Guido Gómez Mazara, “con su testimonio se acreditará la comunicación 0183, de fecha 14 de marzo de 2018, emitida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y se probará que desempeñó la función de Consultor Jurídico del Poder ejecutivo, nombrado mediante el decreto 436-00 de fecha 16 de agosto de 2000, publicado en la gaceta oficial 100-57, quien declarará sobre los contratos que el Ministerio Público redacta en el escrito de acusación en las páginas 6-10, respecto de los 17 contratos de obras en los cuales intervino en el período como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo”.
“Que el señor Ángel Rondón Rijo no tuvo ninguna incidencia o participación en la agilización ni gestión desde esa consultoría tendente a la aprobación de los contratos de financiamientos de las obras realizadas por Odebrecht en la República Dominicana, muchos menos en la agilización para que emitieran los decretos de declaratorias de emergencia”, agregan.
Asimismo, que el imputado “nunca le hizo ofrecimiento, promesa ni directa ni indirectamente para beneficiar a la compañía Norberto Odebrecht, tampoco cometió ninguna actividad ilícita con dichos funcionarios en la que pueda tipificarse los tipos penales de soborno, lavado de activos ni asociación de malhechores, y cualquier dato útil al proceso”.
Contra Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que supuestamente recibió y distribuyó los sobornos, y seis imputados más, el Ministerio Público solicitó un juicio en materia penal bajo cargo de asociación de malhechores, lavado de activo, aceptación de sobornos e enriquecimiento ilícito.
Los otros son el senador oficialista Tommy Alberto Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez; el exsenador Roberto Rodríguez Hernández; y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Fueron excluidos del expediente el diputado opositor Alfredo Pacheco, Temístocles Montás; senador oficialista Julio César Valentín; los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como a Bernardo Castellanos de Moya y Máximo De Óleo. INS
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