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Santo Domingo, 16 jun (INS).- Los abogados de los imputados en el caso Odebrecht Juan Roberto Rodríguez y Porfirio Andrés Bautista recusarían al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco, designado para continuar el proceso contra los siete imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht.
El magistrado Ortega Polanco fue quien dictó en 2017 medidas de coerción de tres meses a un año de prisión contra 14 encartados en el escándalo de corrupción, tras considerar como complejo el expediente, validando así una solicitud del Ministerio Público.
Luego, el 9 de julio de ese año, los jueces de la Segunda Sala Penal de la alta Corte dispusieron la libertad de seis de los 10 implicados, al conocer recursos de apelación a la decisión del juez Ortega Polanco.
En esa ocasión, los jueces variaron la medida de coerción para que en lugar de prisión preventiva los acusados pagaran multas millonarias, se presentaran de manera periódica ante el Ministerio Público y les dictaran impedimento de salida.
Este viernes, los abogados de los imputados Juan Roberto Rodríguez y Porfirio Andrés Bautista manifestaron la intención de recusar a este magistrado, sustentando los alegatos de que “ya tomó decisiones en el caso”. Se espera que igual actitud asuma la defensa de los otros cinco acusados en el proceso.
El abogado Francisco Campos, defensor de Juan Roberto Rodríguez, dijo que esa decisión viola la Ley, porque el magistrado Ortega Polanco ha conocido una parte importante del proceso, que fue la medida de coerción, posición que fue apoyada por el abogado de Bautista.
Ambos juristas conversaron con periodistas mientras depositaban las pruebas documentales con las que sustentarán las acusaciones del Ministerio Público en contra de sus defendidos.
“Ya se envió a prisión a personas que, obviamente van estar en una preliminar. No obstante a que la ley lo prohíbe, lo que queremos decir es que no queremos que ese vicio que ha habido desde un principio llegue también a la preliminar, porque ya sabríamos a prioridad cuáles sería las sentencias de cada uno de los involucrados en el caso, lo cual vulneraría los derechos de los acusados”, dijo.
Considera que el juez que se le designe en el caso tiene que “ser uno que venga con una conciencia fresca y que pueda sentirse que una sentencia previa no va a existir en una preliminar”.
Especificó que el Código Procesal Penal establece muy claramente que un juez que ha conocido una medida de coerción o, cualquier otra instancia, en un caso de este tipo, no puede conocer una medida preliminar de un juicio.
Ayer, cuatro de los siete imputados depositaron las pruebas documentales con las que se defenderán de las acusaciones en su contra por supuestamente beneficiarse de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht en soborno para obtener contratos privilegiados en obras públicas.
Se recuerda que el 7 de junio pasado, la Procuraduría General de la República anunció que presentará acusación contra siete de los 14 encartados, dos de ellos expresidentes del Senado, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora brasileña, pero excluyó a otros ocho exfuncionarios y legisladores que fueron imputados el año pasado.
Los que serán enjuiciados son el senador oficialista Tommy Alberto Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez; el exsenador Roberto Rodríguez Hernández; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, y el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
Fueron excluidos del expediente el diputado opositor Alfredo Pacheco; el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, el senador oficialista Julio César Valentín; los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como a Bernardo Castellanos de Moya y Máximo De Óleo. INS
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