P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el lunes 11 de junio de 2018

P. Rico-Organizaciones reclaman con marcha derecho a la independencia

San Juan, 11 jun (INS).- Integrantes de varias organizaciones marcharon ayer en el sector de Hato Rey para reclamar la independencia de Puerto Rico y pedir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las finanzas del país, y de los representantes del gobierno federal de Estados Unidos.

Los manifestantes, portando pancartas y lanzando consignas alusivas a la lucha contra la dominación colonial y la resistencia de los puertorriqueños, recorrieron las vías principales en el sector bancario de Hato Rey hasta llegar frente a las instalaciones del edificio federal del gobierno de Estados Unidos.

En un manifiesto por la Quinta Marcha Independencia ¡Ya!, leído como parte de la actividad, se concluye que en años recientes “el colonialismo ha quedado expuesto con mayor fuerza sobre nuestra Nación antillana”, al tiempo que subrayaba que “en una colonia no existe la democracia porque el colonialismo es inherentemente dictatorial”.

También puso en evidencia que el discurso que dominó por más de 50 años la discusión en el país, con el Estado Libre Asociado, ha quedado atrás, por lo que muy pocos defienden la ilusión del fenecido gobernador Luis Muñoz Marín de un supuesto pacto política entre Estados Unidos y Puerto Rico.

“Este es un momento en que tenemos que pensar cómo vamos a descolonizar a nuestra Patria, lo que nos incumbe a todos y a todas”, expresó el exprisionero político Oscar López Rivera, primer orador de la actividad.

El luchador izquierdista recordó que al obtener su libertad el 17 de mayo de 2017, cuando el entonces presidente Barack Obama conmutó su condena después de 35 años encarcelado, se comprometió a luchar “y lo haré hasta el último suspiro”.

“Esta es la tierra prometida para todo el que ame esta patria”, dijo López Rivera, mientras los manifestantes lanzaban consignas contra la Junta de Supervisión Fiscal y por la libertad de Nina Droz Franco, que el martes será sentenciada tras un año en prisión por los incidentes del Paro Nacional el Día Internacional de los Trabajadores en mayo de 2017, cuando se desató la violencia en la zona bancaria de Hato Rey.

Igualmente se reclamó la libertad de la ex analista de seguridad Ana Belén Montes, quien purga una condena de 25 años de cárcel en un hospital psiquiátrico militar por haber pasado por años información de inteligencia a Cuba sobre las actividades del gobierno de Estados Unidos en su contra.

El exprisionero político Norberto González Claudio, de 75 años, marchó acompañado de su esposa Elda Santiago.

Mientras, Mara Sofía Martínez Santori leyó parte de un escrito de su abuelo recién fallecido, el deportista y periodista Fufi Santori, en el que se enaltecía la nacionalidad puertorriqueña y el derecho de los pueblos a su independencia y soberanía.

Otros oradores fueron Francisco Santiago, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH); Adrián González Costa, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al igual que representantes del Partido Nacionalista de Puerto Rico, el Movimiento Campesino Albizuista de la Montaña.

Entre las organizaciones que convocaron estaban el Movimiento 26 de Abril, el Frente Socialista, Movimiento Obrero-Juvenil Los Pitirres, Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-EPB-Macheteros, además de representante de la diáspora boricua en Estados Unidos.

La actividad cerró con un acto artístico cultural que tuvo entre otros participantes a los cantantes Alí Tapia y Chabela Rodríguez, además del poeta Eric Landrón. INS

 

EEUU-Departamento de Transportación federal aprueba misión de dos años para avanzar en la restauración de Puerto Rico

Washington, 11 jun (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció que el Departamento de Transportación federal (DOT, siglas en inglés) intensificará los trabajos de la agencia para la recuperación de Puerto Rico con el establecimiento de personal en la isla hasta dos años, en una misión autorizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La comisionada sostuvo una reunión con los directivos de las diferentes agencias que componen el Departamento, como la Administración Federal de Tránsito (FTA), la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la Administración Federal de Aviación (FAA) para llevar las preocupaciones de las agencias estales y discutir el estado de progreso de los trabajos de DOT en la isla.

La misión de dos años del DOT comprende enviar a la isla ingenieros de la FHWA para que manejen los proyectos federales y puedan apoyar en los trabajos al Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, así como a representantes de FTA y de la Administración Marítima (Marad) para proveer asistencia técnica.

Se trabajará con la infraestructura de  tránsito aéreo de los aeropuertos para mejorarlos, así como buscar revitalizar los puertos, en especial los de Roosevelt Roads y Ponce.

La FHWA asignó, y se comprometieron rápidamente los fondos de emergencia de quick release 72 millones de dólares y de emergency relief por 70 millones. Además ha habido 200 millones de dólares de FEMA para las carreteras que no califican para fondos federales, a través del programa Eastern Federal Lands.

FHWA indicó que a los fondos regulares de Puerto Rico Highway Program que se asignan por fórmula para el año 2017 y que por alguna razón no se han utilizado, se les concedió que se conserven sin penalidad para uso en el 2018, y lo mismo se hará con los fondos de 2018 para el 2019.

Estos fondos, que son los asignados para obras permanentes a largo plazo, normalmente requieren un pareo de 10%, pero para eso se pueden usar los Toll Credits, así como fondos del CDBG.

El memorando de entendimiento entre FHWA y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha sido de gran valor en este proceso, ya que ha permitido el pago eficiente a los contratistas y suplidores para poder realizar las obras, por ejemplo los puentes que se han inaugurado.

La ACT ha presentado ante FHWA sus proyectos prioritarios, que suman unos 166 millones de dólares en la actual petición. En FHWA están conscientes de los aumentos en costos por la capacidad del mercado y lo tomarán en consideración en sus aprobaciones.

La comisionada les comunicó, asimismo, la preocupación planteada por ACT respecto de la asignación categórica de ciertos porcentajes de estos fondos para cada categoría de proyecto y se acordó que ella convocará a conversaciones entre las entidades estatales y federales para poder determinar la manera más eficaz de flexibilizarlo.

Bajo la FHWA se encuntra el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que ya ha asignado cinco millones para obras de reparación en El Yunque y están en espera de aprobación otros 4.75 millones.

Sobre los trabajos de la FAA, se informó que se han gastado 38 millones en equipo y planta física, 28 millones en personal y operaciones (incluyendo generadores) en Puerto Rico e Islas Vírgenes y han logrado la reactivación del sistema de control de tráfico aéreo a su nivel normal y con miras al eventual reemplazo de los radares provisionales con equipo de nueva generación.

Por su parte, la FTA asignó la semana pasada 223.5 millones para trabajos de recuperación en la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Carreteras y Transportación, así como 24 municipios.

Estos incluyen 100 millones para el Tren Urbano y 25 millones para resiliencia, especialmente en cuanto a generación eléctrica para emergencias de ese medio de transportación.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) enviaron voluntarios a la isla para ayudar con las reparaciones temporeras y permanentes de carreteras, puentes e instalaciones públicas de tránsito tanto a nivel estatal como municipal.

La Administración Federal de Seguridad de Vehículos de Transporte abrió recientemente una nueva oficina en Puerto Rico y debido al impacto de María, concedieron el 100% de fondos federal de varios programas que usa la Comisión de Servicio Público para fiscalizar los vehículos de motor comercial.

La Administración de Seguridad en Tuberías y Materiales Peligroso envío personal a la isla y trabajó directamente con la Guardia Costera, la Administración federal de Protección Ambiental (EPA) en inspecciones y determinaciones de transporte marítimo con material peligros,  así como con la FAA para procurar mantener ambientes para vuelos seguros, entre otras tareas. INS

 

P. Rico-Delegación del PPD en la Cámara denuncia “proceso atropellado” para derogar la Ley 80

San Juan, 11 jun (INS).- Los representantes José “Conny” Varela, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo, del Partido Popular Democrático (PPD), denunciaron ayer lo que consideran “el proceso atropellado de vistas públicas” para atender la medida propuesta por la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) para derogar la Ley 80, de despido injustificado.

Acusaron además “la poca o ninguna evidencia que demuestre los efectos que tendrá en la economía del país la eliminación de esta ley”.

Recordaron que el 21 de mayo “quedó al descubierto el acuerdo que pactó el gobernador y la Junta de Control Fiscal de mantener el bono de Navidad y evitar la reducción de licencias de vacaciones y enfermedad a cambio de derogar esta ley. Esta era la condición para cumplir con el plan fiscal ya modificado y presentado por el propio gobierno”.

Sin embargo, argumentaron los políticos, “no contaban con el rechazo de muchos de los miembros del propio PNP, quienes condicionaron la derogación de este estatuto a que sometieran evidencia de cuál sería el beneficio económico para Puerto Rico”.

Varela señaló que “por un lado, el Senado derogó esta ley con la enmienda de que será prospectiva, y por otro, en la Cámara se dio paso a un proceso de vistas públicas para evaluar la medida”.

Mientras, Vega manifestó que el proceso de vistas públicas “ha sido atropellado desde el primer día, ya que no se incluyó a la Comisión de Asuntos Laborales dentro de la evaluación de un tema que impacta directamente a la clase trabajadora del país”.

De igual forma, hizo hincapié “en la poca o ninguna preparación de los secretarios del Ejecutivo que han venido a deponer en las vistas, quienes le faltaron el respeto a los trabajadores”.

“El lunes, entre carcajadas inmaduras, los representantes del gobierno mintieron sobre cómo la derogación de la Ley 80 no afecta ni la permanencia ni los demás derechos laborales. El martes, las asociaciones empresariales no presentaron evidencia o números de cuánto han perdido en dinero durante los 42 años de la Ley 80 o cuántos empleos crearían si se deroga”, subrayó.

Y prosiguió: “El miércoles quedó desmentido el mito de que la ley para incentivar a Lufthansa eliminaba la Ley 80 para esa industria. Desde el jueves esperamos por la publicación de la prometida opinión de la secretaria de Justicia sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 que aprobó el Senado”.

Vega Ramos sentenció que “la Junta Fiscal envió su versión del cuadre presupuestario a la legislatura, donde no dice nada sobre cuánto se ahorra o se recauda por la derogación de la Ley 80. En fin, luego de una semana de discusión en la Cámara, no existe un solo argumento para eliminar la Ley 80”.

El representante Manuel Natal dijo que “este gobierno y la Junta han utilizado el argumento de que en otros Estados de la nación no existe una ley como la 80 para defender la derogación de la misma, pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo estatal en Puerto Rico no es comparable con el resto de los Estados. Mientras tanto, continúan privando a los trabajadores de los derechos que han adquirido”.

“Lo único que busca este pacto de Rosselló y la Junta es beneficiar a los grandes intereses a costa del empleo de miles de padres y madres de familias que dignamente se levantan a trabajar todos los días”, añadió Natal Albelo.

Varela añadió que “esta discusión ha girado en torno a que, según el gobernador, este acuerdo haría viable el desarrollo de la economía, protegería el pago del bono de Navidad y mantendría las licencias de vacaciones y enfermedad. No obstante, la propia Junta aseguró que el tema del bono navideño y la permanencia de las licencias no estaban garantizadas por los cinco años que dura el Plan Fiscal”.

Finalmente, los representantes destacaron que “esta administración continúa caracterizándose por la insensatez e insensibilidad, lo que quedó demostrado con la burla por parte de los secretarios del Ejecutivo en las vistas públicas cuando se les increpó sobre la permanencia de los trabajadores del sector privado”.

De igual forma -dijeron- “queda evidenciada la poca seriedad para atender este asunto, con la dilación que ha tenido la secretaria de Justicia para emitir una opinión legal sobre la constitucionalidad de la prospectividad de esta ley, solicitud que le hiciéramos en vista pública, y que al momento no hemos recibido”. INS

 

P. Rico-Representante Jesús Manuel Ortiz presenta evidencia que desmiente conclusiones del secretario de Desarrollo Económico sobre incentivos contributivos

San Juan, 11 jun (INS).- El representante Jesús Manuel Ortiz denunció ayer que el estudio más reciente sobre la efectividad de los incentivos contributivos, desacredita y desmiente las conclusiones y guías establecidas por el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, sobre los beneficios que generan las actividades incentivadas por el gobierno.

Asimismo, el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) señaló que la propuesta del secretario establece que la eliminación de los incentivos contributivos es de forma prospectiva, lo que, de ser así, “presenta proyecciones de ahorros irreales ya que no afectaría incentivos contributivos vigentes los cuales en muchos casos pueden extenderse por hasta 15 años”.

Ante esta situación, el portavoz del PPD en la Comisión de Agricultura emplazó al gobernador Ricardo Rosselló a que “ordene la revisión inmediata de las proyecciones de incentivos contributivos y se detenga la consideración de la medida, hasta tanto se actualicen los números de retorno de inversión”.

“Este paso es necesario, porque el proyecto de administración está fundamentado en información obsoleta e incorrecta que pudiera inducir a la asamblea legislativa a reducir incentivos de forma equivocada, lo que pudiera provocar el cierre de talleres de trabajo”, señaló Ortiz.

El pasado viernes, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, compareció ante la legislatura para presentar el Código de Incentivos. Durante el interrogatorio, el funcionario propuso la eliminación de varios incentivos en el sector agrícola, turístico, de vivienda, energía y la industria fílmica.

No obstante, a preguntas de los legisladores, el secretario aceptó que los números que usaron para ese análisis no están actualizados ya que la base de datos se remonta al año 2002.

“Resulta insólito que el secretario venga a la legislatura a impulsar la aprobación de una medida que recorta incentivos a los trabajadores y las industrias ofreciendo números obsoletos de hace 16 años. La asamblea legislativa sería negligente al eliminar incentivos contributivos que ponen en peligro miles de empleos sin tener una base científica ni empírica que sustente las conclusiones”, apuntó.

Añadió que “comparecer ante la legislatura con números de hace cuatro administraciones, raya en la negligencia e irresponsabilidad”.

Explicó que en el año 2014, la Cámara de Representantes y la Universidad de Puerto Rico firmaron un acuerdo de colaboración para el estudio del rendimiento de los incentivos contributivos que fue delegado en el doctor Ramón Cao, profesor de la UPR y uno de los economistas más respetados en el país.

El estudio, de 175 páginas y titulado “Evaluación de beneficios y costos de créditos e incentivos contributivos a empresas” (2014), examina diversos sectores e industrias sobre el nivel de rendimiento y retorno en la concesión de incentivos contributivos e inversión.

“Contrario a lo argumentado por Laboy, el estudio de Cao establece que las métricas de cumplimiento, costo-efectividad y retorno de inversión utilizados concluyen que los sectores de manufactura, las farmacéuticas, la agricultura, la industria hotelera y fílmica presentaron métricas positivas de retornos de inversión y creación de empleos”, señaló el legislador.

El estudio, además, sostiene que los sectores del retorno menor son la construcción de viviendas, los hospitales y los proyectos de energía renovable, en los cuales no se emiten conclusiones ya que los mismos apenas están en su etapa de implantación.

El representante dijo que “las proyecciones del gobierno están erradas no sólo porque utilizaron métricas obsoletas del año 2002, sino que, peor aún, ignoraron múltiples estatutos y nuevas iniciativas legislativas que se aprobaron con posterioridad a esa fecha y que han logrado resultados positivos en muchos de esos sectores económicos”. INS

 

P. Rico-Alcaldesa felicita a delegación de San Juan por el título en los Juegos de Puerto Rico

San Juan, 11 jun (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, felicitó ayer a la delegación de la capital, que por quinto año consecutivo resultó ganadora de los Juegos de Puerto Rico, que organiza el Departamento de Recreación y Deportes estatal y que esta vez se efectuaron en Fajardo.

“Ganar por quinta ocasión este campeonato nos confirma que lo que están haciendo los atletas, los directivos de los equipos, los padres y madres, y la fanaticada, es lo correcto. Mi felicitación al Departamento de Recreación y Deportes municipal y a su director, Pedro Rojas, por el trabajo realizado y mi respeto a todos los atletas”, destacó la primera ejecutiva de San Juan.

Cruz Soto explicó que “esa es la importancia que le damos al deporte en las comunidades, barrios y urbanizaciones, ya sea a través de nuestros líderes recreativos o los equipos que utilizan nuestras instalaciones. El deporte es una herramienta de desarrollo económico y, sobre todo, para el sano desarrollo social y físico de nuestra juventud”.

La alcaldesa dijo que “Pedro Rojas ha establecido un programa intensivo de deporte y este triunfo y los que constantemente obtienen nuestros equipos en diferentes competencias es la recompensa del deber cumplido”.

La alcaldesa reconoció la destacada participación de las comunidades del G-8 que presentaron ocho equipos de balonmano y ganaron ocho medallas: cinco de oro, dos de plata y una de bronce.

“Estos equipos son producto de un programa que establecimos. La coordinadora es Natalie Caballos, de la Selección Nacional de Puerto Rico en ese deporte, quien ha sabido entusiasmar a los jóvenes convirtiendo ese deporte en el favorito de los tres que se practican en esas comunidades”.

San Juan presentó una delegación de 824 atletas que participaron en 21 deportes. Mientras en las competencias de deporte adaptado también se impuso San Juan, con 124 medallas, 47 de oro, 40 de plata y 37 de bronce.

“El deporte nos permite dejar nuestras diferencias a un lado, despierta nuestro orgullo patrio, por nuestra bandera. Todos tras un mismo propósito como pueblo.  En lo personal, tuve una formación dentro del deporte, lo que desarrolló mis destrezas como líder y la disciplina dentro de la competencia justa en igualdad de condiciones”, señaló la alcaldesa.

Y concluyó: “Si logramos que nuestros jóvenes tengan oportunidades de desarrollo y que obtengan el mejor premio, una medalla de oro, el primer lugar o un campeonato por el esfuerzo rendido, podemos sentirnos satisfechos. Felicidades a nuestros atletas que son los campeones indiscutibles de Puerto Rico”. INS

 

P. Rico-Educamos considera que la secretaria de Educación “pisotea derechos del magisterio”

San Juan, 11 jun (INS).- La organización sindical Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos), señaló que la secretaria de Educación, Julia Keleher, “violentó toda normativa vigente al iniciar un proceso de organización escolar a destiempo, donde se apropia de los derechos adquiridos, controlando a su antojo todos los procesos de la agencia”.

Recordó que la organización escolar tenía que estar lista antes de concluir el curso escolar, de modo que el personal sabía desde mayo cuál sería su centro de trabajo en agosto.

“La secretaria no sólo eliminó eso, sino que inventó sus propias reglas para cambiar al maestro de categoría sin su consentimiento, trasladarlo a cualquier lugar y cambiarle sus funciones de manera arbitraria”, acusa Educamos.

Agrega que “la pretensión de esta funcionaria llega a tal nivel de atropello que si el maestro entra al portal del Departamento de Educación, es en ese momento que se entera de que fue declarado excedente (‘recurso disponible’)  y que sólo puede escoger entre unas cuantas escuelas decididas al antojo de la secretaria en ese preciso instante”!.

“Se controla toda la información por parte del patrono. Eso arrasa de un solo golpe el derecho del maestro a trabajar en su categoría ocupando la plaza para cuyas funciones fue nombrado. Según la Ley 312, cada maestro tiene derecho propietario sobre su plaza en su categoría y municipio correspondiente”, afirmó a través de un comunicado.

Añade la organización que “no conforme con lo anterior, se le dice al maestro cuando es cambiado de categoría que tiene que irse a estudiar en la nueva categoría y que, si no lo hace en un período de tres años, sería cesanteado”.

En otras palabras -puntualiza Educamos- “la secretaria de Educación se abrogó la prerrogativa y el poder de eliminar el derecho por antigüedad, las permanencias, las categorías vigentes y cualquier otra protección de los derechos adquiridos que pudiera cobijar al magisterio”.

“Para la señora Keleher parece que el maestro debe regresar a la época de la esclavitud, donde el amo era dueño y señor del esclavo y podía disponer de éste a su antojo, sin encomendarse a nada ni a nadie”, advirtió el conglomerado magisterial.

Por último, Educamos recomienda a la secretaria “que debe hacer el esfuerzo por entender que el magisterio tiene derechos adquiridos y que no entendemos cómo pretende que se confíe en sus decisiones cuando ella misma ha planteado que sus sistemas de información no son confiables”. INS

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