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San Juan, 11 jun (INS).- El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, manifestó hoy preocupación por los atrasos en las funciones que realiza el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) con el manejo de las armas de fuego legalmente poseídas y están bajo su custodia.
Según Torres Meléndez, expertos en balística de la entidad han indicado que el laboratorio del Negociado en Río Piedras recibe a diario unas cien piezas de evidencia para analizar que incluyen casquillos, proyectiles y armas de fuego, “pero lamentablemente, la división del NCF que analiza la evidencia de los crímenes en Puerto Rico enfrenta una crisis de personal que les imposibilita salir del estancamiento de casos”.
“Hay casos donde la ocupación del arma era totalmente innecesaria por los elementos vistos en a escena. La preocupación es que no devuelven la propiedad, en directa violación a los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos a tener y portar armas de fuego, y el uso y disfrute de su propiedad”, afirmó.
El portavoz puntualizó que el NCF debe establecer unos protocolos, atemperados al derecho constitucional vigente relacionado a las armas.
Torres Meléndez afirmó que “este es un reclamo general de los poseedores de armas de fuego que fueron utilizadas en situaciones de legítima defensa; o que le fueron hurtadas y recuperadas, o cualquier otra situación que la Policía haya tenido motivos fundados para ocuparlas y ordenó las correspondientes pruebas forenses y de balística, dejando al ciudadano desarmado por meses o años”.
Explicó que “cuando un ciudadano va a la Policía reclamando su arma le contestan que está en poder del NCF, pero cuando el propietario va a forense le contestan que no le pueden dar información, a veces les dicen que las tiene la policía, y en el peor de los escenarios, le contestan que tiene que ser el agente que las entregó al NCF quien haga los trámites, pero ya se retiró de las fuerzas policiales. En este asunto, no existe uniformidad, ni un recibo que indique realmente que entidad tiene el arma del ciudadano bajo custodia”.
De acuerdo con el vocero de la organización, actualmente el recurso más efectivo, pero oneroso, que tiene un ciudadano para recuperar sus armas obtenidas y registradas legalmente en Puerto Rico, es acudiendo a los tribunales.
Datos en el portal del NCF especifican que, desde agosto del año 2012, Ponce contaba con un laboratorio propio de balística, donde peritos comparaban proyectiles y casquillos de armas de fuego, evaluaban armas mutiladas y disparos accidentales, entre otras comparaciones.
Según la información, este laboratorio fue el primero a nivel regional, creado en 1968 para cubrir las regiones Sur y Oeste, desde Aguadilla hasta Patillas.
El presidente consignó que en enero de 2014, el NCF admitió que tenían más de 22,000 casos atrasados espera de análisis de evidencia, como son las muestras de ADN y los estudios de balística, que son esenciales para el esclarecimiento de miles de querellas criminales acumuladas a través de décadas, pero aseguraron a los medios que se encontraban trabajando conforme a las solicitudes de los fiscales y de los tribunales.
Sin embargo, señaló que los atrasos en las investigaciones por asesinatos, tropiezos en la presentación de cargos criminales hasta inconsolables familias en la espera del cadáver de un ser querido para su debido sepelio, se recrudecieron el 1 de septiembre de 2017 a raíz del cierre de la unidad regional del Instituto de Ciencias Forenses en Ponce, y posteriormente, el taponamiento de casos tras el paso del huracán María.INS
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