P. Rico-Delegación del PPD en la Cámara denuncia “proceso atropellado” para derogar la Ley 80

San Juan, 10 jun (INS).- Los representantes José “Conny” Varela, Luis Vega Ramos y Manuel Natal Albelo, del Partido Popular Democrático (PPD), denunciaron hoy lo que consideran “el proceso atropellado de vistas públicas” para atender la medida propuesta por la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) para derogar la Ley 80, de despido injustificado.

Acusaron además “la poca o ninguna evidencia que demuestre los efectos que tendrá en la economía del país la eliminación de esta ley”.

Recordaron que el 21 de mayo “quedó al descubierto el acuerdo que pactó el gobernador y la Junta de Control Fiscal de mantener el bono de Navidad y evitar la reducción de licencias de vacaciones y enfermedad a cambio de derogar esta ley. Esta era la condición para cumplir con el plan fiscal ya modificado y presentado por el propio gobierno”.

Sin embargo, argumentaron los políticos, “no contaban con el rechazo de muchos de los miembros del propio PNP, quienes condicionaron la derogación de este estatuto a que sometieran evidencia de cuál sería el beneficio económico para Puerto Rico”.

Varela señaló que “por un lado, el Senado derogó esta ley con la enmienda de que será prospectiva, y por otro, en la Cámara se dio paso a un proceso de vistas públicas para evaluar la medida”.

Mientras, Vega manifestó que el proceso de vistas públicas “ha sido atropellado desde el primer día, ya que no se incluyó a la Comisión de Asuntos Laborales dentro de la evaluación de un tema que impacta directamente a la clase trabajadora del país”.

De igual forma, hizo hincapié “en la poca o ninguna preparación de los secretarios del Ejecutivo que han venido a deponer en las vistas, quienes le faltaron el respeto a los trabajadores”.

“El lunes, entre carcajadas inmaduras, los representantes del gobierno mintieron sobre cómo la derogación de la Ley 80 no afecta ni la permanencia ni los demás derechos laborales. El martes, las asociaciones empresariales no presentaron evidencia o números de cuánto han perdido en dinero durante los 42 años de la Ley 80 o cuántos empleos crearían si se deroga”, subrayó.

Y prosiguió: “El miércoles quedó desmentido el mito de que la ley para incentivar a Lufthansa eliminaba la Ley 80 para esa industria. Desde el jueves esperamos por la publicación de la prometida opinión de la secretaria de Justicia sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 que aprobó el Senado”.

Vega Ramos sentenció que “la Junta Fiscal envió su versión del cuadre presupuestario a la legislatura, donde no dice nada sobre cuánto se ahorra o se recauda por la derogación de la Ley 80. En fin, luego de una semana de discusión en la Cámara, no existe un solo argumento para eliminar la Ley 80”.

El representante Manuel Natal dijo que “este gobierno y la Junta han utilizado el argumento de que en otros Estados de la nación no existe una ley como la 80 para defender la derogación de la misma, pero obvian que las condiciones laborales y el salario mínimo estatal en Puerto Rico no es comparable con el resto de los Estados. Mientras tanto, continúan privando a los trabajadores de los derechos que han adquirido”.

“Lo único que busca este pacto de Rosselló y la Junta es beneficiar a los grandes intereses a costa del empleo de miles de padres y madres de familias que dignamente se levantan a trabajar todos los días”, añadió Natal Albelo.

Varela añadió que “esta discusión ha girado en torno a que, según el gobernador, este acuerdo haría viable el desarrollo de la economía, protegería el pago del bono de Navidad y mantendría las licencias de vacaciones y enfermedad. No obstante, la propia Junta aseguró que el tema del bono navideño y la permanencia de las licencias no estaban garantizadas por los cinco años que dura el Plan Fiscal”.

Finalmente, los representantes destacaron que “esta administración continúa caracterizándose por la insensatez e insensibilidad, lo que quedó demostrado con la burla por parte de los secretarios del Ejecutivo en las vistas públicas cuando se les increpó sobre la permanencia de los trabajadores del sector privado”.

De igual forma -dijeron- “queda evidenciada la poca seriedad para atender este asunto, con la dilación que ha tenido la secretaria de Justicia para emitir una opinión legal sobre la constitucionalidad de la prospectividad de esta ley, solicitud que le hiciéramos en vista pública, y que al momento no hemos recibido”. INS

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