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El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 8 jun (INS).- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció anoche que presentará una acusación formal contra siete de las 14 personas llevadas el año pasado ante la justicia bajo el cargo de aceptar sobornos promovidos en el país por la constructora brasileña Odebrecht.
Serán juzgados penalmente el empresario Ángel Rondón Rijo; el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista y Jesús “Chu” Antonio Vásquez; el senador Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.
Estas personas serán procesadas por los delitos de asociación de malhechores, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al determinarse durante las investigaciones que “tienen un patrimonio que simplemente no corresponde con sus salarios y que no pueden justificar”.
Jesús “Chu” Antonio Vásquez, expresidente del Senado y actualmente secretario general del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue agregado al expediente después de que el Ministerio Público determinó que tenía responsabilidad en el caso.
Sin embargo, la Procuraduría excluyó del expediente Odebrecht a ocho exfuncionarios y legisladores, de quienes según dijo no encontraron pruebas que los vincularan al entramado de sobornos millonarios.
Dijo que contra César Sánchez, Bernardo Castellanos, senador Julio Cesar Valentín, Máximo De Oleo, Ruddy González, el exministro Temístocles Montás, diputado Alfredo Pacheco y Radhamés Segura “no hay evidencias” de que hayan recibido sobornos.
Julio César Valentín, Temístocles Montás y Radhamés Segura, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán son miembros del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mientras que Pacheco está afiliado al PRM.
“Estamos procediendo a archivar el expediente de estos imputados. Sin pruebas no hay expedientes”, enfatizó el procurador Rodríguez en rueda de prensa.
Según el Ministerio Público, la institución brasileña admitió la distribución en el país de 92 millones de dólares a funcionarios gubernamentales, legisladores y políticos, a cambio de contratos privilegiados en obras del Estado dominicano.
En marzo de 2017 la constructora dijo haber donado dinero para campañas presidenciales en varios países de América Latina, entre los que destacan los presidentes Dilma Rousseff y Michel Temer en Brasil. También los hicieron en El Salvador, Venezuela y Panamá.
“Ahí están las pruebas contundentes y debatibles como resultado de un arduo proceso de investigación rigurosa, amplia, y profunda”, dijo, al referirse a los imputados contra quienes solicitó apertura a juicio.
La Procuraduría dejó fuera de la acusación formal en el caso de sobornos de la empresa multinacional los aportes a las campañas políticas en el país, a pesar de la admisión de la constructora de que se trataba de una práctica habitual en los países donde operaba.
Uno de los primeros señalados de haber recibido sobornos de la constructora, pero que fue excluido de la acusación formal “por no contar el Ministerio Público con pruebas contundentes”, es Montás, miembro del comité político del PLD y exministro de Industria y Comercio.
Montás reveló, estando en prisión el año pasado, que el señor Ángel Rondón, representante en el país de Odebrecht, realizó donaciones económicas a varias campañas presidenciales del partido oficialista.
El procurador tampoco dio respuestas claras a las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil sobre supuestas sobrevaluaciones en la construcción, por parte de esta compañía, de la planta a carbón Punta Catalina que se levanta en Baní, provincia Peravia (sur) con la cual el gobierno pretende solucionar la crisis energética nacional.
El artículo 55 de la Ley Electoral vigente en República Dominicana establece claramente quiénes pueden hacer donaciones a los partidos políticos para sus campañas proselitistas:
“Artículo 55. Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”, señala el referido artículo de la legislación vigente.
“En el caso de Termoeléctrica Punta Catalina, procedimos a realizar una investigación independiente y objetiva sin que se encontraran evidencias de prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación ni en el financiamiento de dicha obra”, señaló el procurador, quien remarcó que “estamos marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción”. INS
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ENLACE AL VÍDEO CON DECLARACIONES DE ALAIN RODRÍGUEZ:
