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San Juan, 8 jun (INS).- El representante Luis Vega Ramos, del Partido Popular Democrático (PPD), emplazó hoy a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, para que divulgue la opinión legal sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 de despido injustificado, luego de vencer el plazo de 72 horas concedido por la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.
“El tiempo de la Secretaria de Justicia para entregar su análisis legal de lo que aprobó el Senado sobre la derogación prospectiva de la Ley 80 se acabó ayer y no había entregado nada”, dijo Vega Ramos al afirmar que al mediodía de hoy la Comisión de Gobierno de la Cámara no había recibido nada.
Recordó que esa opinión fue ordenada a la Secretaria de Justicia por la Cámara, por lo que es su deber en ley producirla, por ser esencial para la consideración legislativa de qué hacer con la Ley 80 de despido injustificado.
“No hay justificación para que no se haya producido” la opinión legal, dijo Vega Ramos.
El legislador del opositor PPD recordó que el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, estableció un plazo de 72 horas, que vencieron ayer, para que Justicia dijera si es constitucional derogar los derechos laborales reconocidos por la Ley 80 solamente para las personas que sean empleadas después de que se apruebe la legislación o si es necesario que le aplique a la totalidad de los empleados, inclusive aquellos contratados previo a la propuesta derogación.
“La Secretaria (de Justicia) hizo lo correcto al emitir (ayer una) opinión formal sobre la ilegalidad de los bonos concedidos a (Walter) Higgins IIII por la Junta de AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Ahora le falta esta opinión sobre la Ley 80”, reclamó Vega Ramos, al considerar que es fundamental en “el análisis de esta legislación abusiva, producto del pacto nefasto ente el gobernador Rosselló y la Junta Fiscal”.
Anticipó que Vázquez Garced “no la quiere emitir, porque si acepta que lo que hizo el Senado es constitucional, aunque a mí no me guste, eso probablemente creará problemas adicionales para la aprobación de lo que pretenden Rosselló y la Junta”.
Afirmó que, no obstante, eso no justifica que la Secretaria de Justicia incumpla con la orden de emitir la opinión. INS
ndc