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San Juan, 7 jun (INS).- La derogación de la Ley 80 de despido injustificado, que impulsa el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares a partir de un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), derivará en un alto costo humano, con un tétrico panorama ante la eliminación de derechos laborales, a juicio del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR).
La entidad que agrupa a los profesionales del trabajo social, que participó en la audiencia pública de la Cámara de Representantes, que encamina la derogación de la Ley Contra el Despido Involuntario (Ley 80 de 1976), estableció que hay múltiples interrogantes sin contestar sobre la medida que impulsa el Ejecutivo.
Para el CPTSPR, es altamente preocupante que no se haya establecido a quiénes se benefician frente a la derogación y por qué la insistencia en eliminar la legislación, así como de qué forma mejora la maltrecha economía puertorriqueña, como han alegado los gremios empresariales.
“¿Cuál ha sido el incremento en la competitividad después de las modificaciones a la Ley 80 en 2017?”, cuestionó el colegio de los trabajadores sociales al observar una intensión escondida sobre asuntos que atañen a la privatización de las agencias públicas y el cambio de categoría de las personas que laboran en el sector público.
Cuestiones como la poca transparencia gubernamental, la incertidumbre de los efectos de derogar esta Ley y la vulnerabilidad real de las personas en el sector privado frente a la pérdida de sus derechos y protecciones, llevan al CPTSPR a denunciar las nefastas consecuencias de la posible derogación de la Ley 80 de despido injustificado.
“Derogar la protección a personas que no han sido discriminadas o violentadas en el contexto laboral (leyes ya provistas por el Estado), implica lacerar la justicia social y económica en nuestro país, defendiendo así a patronos, que de por sí están en condiciones de privilegio”, expresó Mabel López Ortiz, segunda vicepresidenta de la entidad.
La doctora López Ortiz recordó que la Ley 4 de 2017 impuso profundos cambios a la Ley 80-1976, por lo que resulta incomprensible esta nueva arremetida contra la fuerza trabajadora ante el argumento de asegurar el bono de navidad y vacaciones de enfermedad por solo cinco años.
“ Lo que sí asegura la eliminación de la Ley 80, es que personas ya vulnerables —como mujeres jefas de familia, personas LGBTT y adultos mayores, entre otras—, queden sin opciones accesibles en derecho para defenderse frente al sistema de justicia del país”, estableció.
La dirigente del gremio de profesionales indicó que serán consistente en la defensa de los derechos humanos y los derechos laborales frente a la política pública neoliberal y el ataque a los procesos democráticos participativos en el país.
“La solución a la depresión económica y crisis fiscal no pueden asumirse con estrategias de eliminar los derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra isla”, reiteró la vicepresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. INS
ndc