Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 27 de marzo de 2018
P. Rico-Arzobispo dice que son “una tragedia” los planes de pensiones, incluyendo el que maneja, hecho como “un gesto de caridad” y agradeció la cooperación con la fe de los maestros; ve necesidad de reforma laboral
San Juan, 27 mar (INS).- El arzobispo Roberto González Nieves respondió con un documento de ocho páginas a espacio sencillo enviado a la prensa la determinación de ayer de un tribunal para que su iglesia ponga en la cuenta del tribunal 4.7 millones de dólares en las menos de 24 horas que le restan.
El dinero es por dejar de pagar la pensión de los maestros mientras se dilucidaba un juicio sobre ese asunto en los últimos dos años.
“Quisiera comenzar aseverando que la situación del plan es una tragedia siempre. Sea en el plan de pensiones de los maestros de escuelas católicas tantos de aquellas que son administradas por parroquias o por congregaciones religiosas en Puerto Rico, como en otras diócesis de Estados Unidos, como en los del gobierno”.
El hombre de Dios indicó que, contrario a lo ya determinado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que “el plan de pensiones fue creado en 1979 y por sus escrituras y documentos se establece claramente que es administrado por una junta de síndicos, no por la Arquidiócesis de San Juan (ARQSJ).
Luego pasa a hacer una historia sobre “cómo sucedió esta tragedia”, que desde la década de 1990 presentaba déficits actuariales, dijo. El plan se nutría del ingreso de unas 80 escuelas, cuya mitad fueron cerradas. Aunque no lo indicó en sus 8 páginas, el cierre de las escuelas ha sido bajo su incumbencia.
“Este plan fue creado como un gesto de caridad Desde sus inicios en 1979 el plan no se capitalizó adecuadamente”, indicó.
Ayer admitió que, contrario a la percepción generalizada en toda la Isla, que sea el jefe de la Iglesia Católica en la Isla.
“No es cierto que este servidor como Arzobispo de San Juan es el jefe de la Iglesia Católica en Puerto Rico. La Iglesia Católica en Puerto Rico subsiste en sus 6 diócesis. San Juan es solo una de ellas, la más antigua, la primera, la más grande. Desde la ARQSJ no se administra, ni dirige, ni se gobierna a la Iglesia Católica en Puerto Rico. Cada diócesis es autónoma con respecto a una de la otra. De igual manera, ninguna diócesis ni ningún obispo administramos los bienes pertenecientes a las congregaciones religiosas, tanto masculinas como
femeninas. Cada diócesis, cada estructura o cada entidad con personalidad jurídica
canónica es la responsable de administrar los respectivos bienes eclesiales a su cargo”, explicó.
Por tanto, rechazó ser el “jefe de la Iglesia en Puerto Rico” ni es tampoco “el único administrador de los bienes eclesiales, ni es el supervisor o patrono de todas las
estructuras católicas en Puerto Rico ni contrata maestros. Aunque sí aceptó que
“son católicas y están en la Arquidiócesis”, pero son “entidades con administración separada de la arquidiocesana”.
Por otro lado, agradeció a los maestros su cooperación. “Agradecemos su cooperación con la fe, no son empleados de la ARQSJ, sino de entidades católicas con personalidad jurídica canónica aparte de la ARQSJ”.
Tambien negó que él cancelara el plan de pensiones, dejara de pagar, lo administrara y otros hechos que un tribunal de Justicia ya resolvió y le dio 24 horas a la arquidiócesis para pagar.
También el arzobispo descartó en sus largas expresiones que se limiten las vacaciones y los días por enfermedad”, aunque no rechazó toda la reforma laboral.
“Pido que se retire esta propuesta por atentar contra la salud y calidad de vida.
Con respecto a la reforma laboral, quisiera decir que estamos estudiando la misma. Ya que aplica también al sector privado y, es un asunto que atañe a la Iglesia desde su doctrina social. Entendemos que existe una necesidad de hacer reformas laborales en Puerto Rico para hacerlo más competitivo.
“Si muy bien he pedido que se retire la propuesta relacionada a los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado por entender su efecto adverso en las familias, también pedimos que se discutan estas propuestas con espíritu de desprendimiento ya que sabemos el esfuerzo enorme del gobierno por no despedir empleados ni afectar las pensiones de los más vulnerables”, dijo esta noche Roberto Octavio González Nieves. INS
P. Rico-Llaman a un paro general en la Isla para detener “masacre” contra la población
San Juan, 27 mar (INS).- La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, llamó ayer a un paro general en la Isla, para detener la “masacre” contra la población que según la portavoz lleva a cabo el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Hoy, cuando se anuncia un plan de la Junta de Control Fiscal que implica recortes multimillonarios en educación, salud, retiro, eliminación de la seguridad de empleo, días de vacaciones y licencias por enfermedad, eliminación de bonos, y leyes que recortan el derecho a protestar, cierre y venta de agencias, es momento de tomar en cuenta la preparación para un paro general del país”, afirmó.
Ayala Reyes consignó que “durante décadas la clase trabajadora, la niñez y juventud, el pueblo en general ha venido recibiendo golpes que se concretizan en el cierre de cientos de escuelas, recorte de miles de empleos, eliminación de derechos, recorte y encarecimiento de servicios, aumento en el costo de los bienes de consumo, aumento en impuestos y ahora una reforma educativa y una reforma laboral que nos empujará todavía más a la pobreza y a la precarización en todas las áreas de nuestro quehacer diario. Son condiciones que aumentan el destierro y la emigración”.
Según la vocera, “lo que le falta a este gobierno y a la Junta a la que se someten, es aprobar una ley que diga en blanco y negro que regresamos a la esclavitud”.
Ante el escenario económico y laboral que vive el país, Ayala Reyes hizo un llamado “a todos los grupos y sectores del país, incluyendo el movimiento sindical para que actuemos a la altura del momento. Tenemos que decidir entre si vamos a priorizar en las cuotas o en los derechos de nuestra gente. Si permitimos que se elimine el derecho a la salud, educación, energía, a una alimentación adecuada, a la vivienda y a todo lo que es parte de nuestras necesidades, entonces ya no quedará nada que defender y por lo tanto los sindicatos ni ninguna otra organización tendrá razón de ser porque quedaríamos reducidos a simples clubes sociales”.
Añadió que “es indignante que mientras se recortan los derechos a la clase trabajadora y a todo el pueblo, se traigan funcionarios a tomar decisiones por nosotros y que a cambio de eso se les pague salarios escandalosos. Dichas personas, incluyendo a Natalie Jaresko, cuyo nombre rima con carifresco, se comportan como una pandilla de vividores que vienen a cebar sus ansias de poder y lucro con nuestras necesidades y derechos humanos”.
De acuerdo a la presidenta de Educamos, “las manifestaciones fuera de horas laborables no son suficientes para detener las medidas del gobierno y la Junta. Enfrentamos fuerzas muy poderosas y ante ellas hay que pararse de frente. Solo el pueblo, en un paro general o una acción lo más cercana posible a eso, puede detenerlos. Si por eso se pierden las certificaciones o el cobro de cuotas, tal vez valga la pena. Se trata del presente y futuro del pueblo, de nuestra niñez, juventud, de nuestros viejos y viejas”.
Opinó que “se trata del derecho a la vida, que es vida si es digna. De ahí nuestro llamado a superar la protesta fuera de horas laborables y fuera de cualquier protagonismo, enfrentar la realidad. Si es paro, es paro y para que sea efectivo tenemos que ponerle de frente a los corruptos y vividores, la fuerza que como pueblo somos capaces de generar”. INS
P. Rico-Industriales, en carta al gobernador sobre reforma contributiva: “Debe incluir medidas para estimular empresas de capital local” y contener disposiciones para crear un “campo de juego nivelado”
San Juan, 27 mar (INS).- La reforma contributiva que impulsa el gobierno debe incluir medidas para estimular las empresas de capital local y contener disposiciones dirigidas a crear un campo de juego “nivelado” para las empresas nacionales, particularmente las medianas y pequeñas, expresó Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales (AIPR).
En una carta enviada ayer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el portavoz de la AIPR destacó que la reforma contributiva debe incorporar medidas concretas y directas de estímulo a la inversión, “pues estamos conscientes de que no solo la mera reducción en contribuciones corporativas motivaría la decisión de inversión”.
“Estas medidas pueden ser de distintos tipos, desde aquellas que se relacionan con las contribuciones a las ganancias de capital en proyectos nuevos, hasta el tratamiento contributivo que se le dé a la nueva inversión. Medidas de estímulo directo a la inversión han sido implantadas exitosamente en diversas jurisdicciones”, aseveró.
Según Masses, “nuestra organización entiende que es imprescindible para Puerto Rico fortalecer a sus empresas de capital local. Estas se encuentran en un entorno competitivo cada vez más difícil por la situación económica del país y los altos costos de hacer negocios en la Isla incluyendo, que por supuesto, son altamente agravados por el costo de energía”.
Subrayó que, aunque entienden la delicada situación fiscal del gobierno y la necesidad de lograr medidas de estímulo cuyo impacto fiscal sea neutral y que sean el factor clave en generar nueva actividad económica, “la eliminación de la contribución sobre los inventarios es importante y debe hacerse mediante un mecanismo que evite el impacto negativo a las finanzas municipales actuales”.
Para el vocero, “eliminar dicha contribución es un paso importante y saludable para los comercios y la ciudadanía a la vez pues ayuda a evitar que en emergencias como fueron los huracanes Irma y María no contemos con los inventarios y abastecimientos necesarios”. INS
P. Rico-ACU solicita a la JSF que no apruebe el plan de externalización de presos a cárceles de EEUU
San Juan, 27 mar (INS).- La Alianza Correccional Unida (ACU), Local 3500 de Servidores Públicos Unidos (SPU), representante sindical de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección, envió a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, una carta en la que exponen las razones por las cuales no se debe llevar a cabo la externalización de los servicios en las cárceles públicas de Puerto Rico.
El plan fiscal incluye una propuesta de trasladar 3,200 confinados de Puerto Rico a cárceles privadas en los Estados Unidos.
Según la unión, hacer ese traslado pudiera violar la Constitución de Puerto Rico y exacerbar el déficit en la Isla. Además, asegurea el sindicato que expondría al gobierno a demandas por violaciones a sus derechos civiles y humanos.
En la carta suscrita por el liderazgo de ACU se hace referencia a varias instancias donde hubo traslados de confinados y tuvieron que devolverlos a la Isla, así como varias privatizaciones en la Isla que no funcionaron y resultaron más costosas al pueblo.
“Durante los años 2011 al 2013, confinados de Puerto Rico fueron enviados por el DCR a una cárcel de la Corporación Correccional de América en Oklahoma. Ese experimento terminó trágicamente cuando, a raíz de un violento altercado que involucró a la unidad de vivienda que albergaba los confinados puertorriqueños, el gobierno de Puerto Rico canceló prematuramente el contrato y admitió que al hacerlo le ahorraba al pueblo 1.5 millones”, señaló Pedro de Valle, vicepresidente de ACU y oficial correccional de Aguadilla.
También recordó que en la administración del gobernador Pedro Rosselló, en 1997, se adoptó la política de privatización de cárceles y contrataron a Wackenhut y a CCA para administrar cuatro cárceles en Puerto Rico.
Igualmente, consignó que en 2001 el gobierno retomó diez instituciones juveniles para economizar diez millones.
Y entre 2002 y 2003, dijo que se retomaron las cuatro cárceles privadas de los adultos por el alto costo que significaban.
“Por nuestra experiencia podemos decir que siempre ocurre lo mismo. El Gobierno alega que va a resultar más económico externalizar los presos, lo sustentan a base de la tarifa diaria per cápita. No hablan de los costos ocultos y de los incrementos automáticos de las tarifas. En aquella época los gastos ocultos eran: gastos médicos de servicios fuera de las instituciones, gastos mortuorios, servicios sociopenales y costos de monitoreo, entre otros. Y cuando finalmente se dan cuenta de que no era beneficioso para el país echan para atrás y terminamos pagando mucho más en el proceso de reinsertarlos nuevamente al sistema”, sentenció dl portavoz.
Asimismo, explicó que de implantarse dicho plan de traslados, el DCR cerraría algunas instituciones y trasladaría oficiales a las instituciones restantes, creando serios problemas de salud, seguridad y fatiga a los oficiales traslados por las largas distancias a recorrer y los extenuantes turnos que se trabajan en Corrección.
El vocero de la unión hizo hincapié que no hay base “racional” para apoyar este programa debido a los limitados recursos disponibles.
La carta reza que “aún asumiendo correcto el argumento de que pueden lograr economías de 46.9 millones anuales, el déficit estructural del gobierno se incrementaría considerablemente. Esto debido a que, aún utilizando un estimado conservador de que por cada dólar que el gobierno deja de gastar en la Isla se pierden 80 centavos en recaudos en contribuciones, la combinación de 70 millones, removidos de la economía por la externalización y el alegado recorte de 46.9 millones del gasto, reduciría los ingresos por concepto de contribuciones en 93.5 millones, lo que minimizaría la reducción de costos de 46.9 millones, alegada por el gobernador, y sumaría al déficit estructural anual del gobierno la impresionante suma de 44 millones”
Annette González, presidenta de SPU de Puerto Rico, Concilio 95 Afscme, opinó que “esta propuesta es una equivocación del gobierno, que no acarreará ahorros reales al erario y que expone al gobierno a demandas por parte de los confinados y familiares lo que sí acarrearía costos incalculables para el gobierno”. INS
P. Rico-Llaman a pagar desde hoy a los usuarios de AutoExpreso que pasaron peajes entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017
San Juan, 27 mar (INS).- El secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, anunció ayer que, a partir de hoy martes estará disponible el sistema para que los conductores que hayan utilizado el sistema de AutoExpreso entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017 puedan pagar sin exponerse a multas, ya sea a plazos o en un solo pago.
Tras el paso del huracán María, tanto Metropistas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) dieron un período de gracia de cinco días, permitiendo que los conductores utilizaran los peajes de forma gratuita del 20 al 24 de septiembre de 2017.
A partir del 25 de septiembre, el sistema de AutoExpreso registró cada transacción por el uso de peajes de miles de conductores, a los cuales, eventualmente, se les cobrarían los peajes, pero no se les darían multas.
Según explicó Contreras Aponte, “durante los pasados meses, hemos estado diseñando un sistema de cobro que sea lo más justo posible para todos los usuarios de AutoExpreso, de forma tal que puedan cumplir con el pago de la deuda, sin que se afecte el balance del día a día de cada conductor. Si bien es cierto que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) necesita recuperar casi siete millones en pérdidas que significaría no cobrar por estos peajes, así como unos 11 millones que le tendríamos que pagar a Metropistas por el mismo concepto, no es menos cierto que debíamos encontrar un mecanismo de cobro que fuera fácil, pero al mismo tiempo, que no resultara oneroso para los usuarios de AutoExpreso”.
Agregó que “con este nuevo sistema, los usuarios de AutoExpreso tendrán 90 días para pagar a su ritmo, ya sea a plazos o en un pago global, sin que se afecte su balance diario, y sin exponerse a multas”.
El secretario de DTOP comentó que este sistema permitirá que cada conductor elija cuáles transacciones quiere pagar, si quiere hacer un pago por la totalidad adeudada o si prefiere hacer uno parcial.
“Los 90 días comenzarán a partir del 1 de abril, por lo que aquellos usuarios que entren durante esta semana al sistema, tendrán unos días adicionales para emitir sus pagos. Además, aquellos que no tengan acceso al Internet, pueden emitir sus pagos a través de la línea telefónica llamando al 1-888-688-1010, en las oficinas de AutoExpreso en Metro Office Park, o en las casetas de recarga, para utilizar esta última opción, debe tener su factura impresa. Más información será publicada en nuestras redes sociales de DTOP en Facebook y Twitter”, acotó Contreras Aponte.
Para hacer los pagos, el proceso será el siguiente:
– El usuario accede a la página de AutoExpreso (www.autoexpreso.com), donde aparecerá una segunda pantalla (pop-up window) invitándole a entrar, revisar los peajes pasados entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017.
– Tan pronto el usuario entra a esta segunda pantalla, podrá acceder a su factura utilizando 2 de los siguientes 3 métodos:
Número del sello electrónico que empieza con PRHT.
Número de su tarjeta de AutoExpreso que comienza con 6276070.
Número de su factura.
– En la siguiente pantalla, el usuario verá su número de cuenta, su balance en su tarjeta de AutoExpreso, y la cantidad adeudada. Más abajo podrá ver el detalle de cada transacción, y las opciones para realizar un pago completo o parcial (si elige pago parcial, el usuario deberá escoger las transacciones que desea pagar).
– El pago se realizará con el balance que tenga el usuario en su tarjeta de AutoExpreso. En caso de que dicho balance sea menor a la cantidad que el usuario ha decidido pagar, este deberá inyectarle fondos a su cuenta de AutoExpreso, ya sea a través de la página web, utilizando una tarjeta de crédito, o en una caseta de recarga.
– Una vez completada la transacción y emitido el pago completo o parcial, el sistema le llevará a otra pantalla donde puede imprimir su recibo de pago.
– Aquellas personas que pasaron los peajes sin el sello de AutoExpreso, también pueden hacer las transacciones de revisión y pago, utilizando el número de tablilla de su vehículo.
– Las personas que elijan pagar a plazos, tendrán 90 días para saldar la totalidad de la deuda. En este tiempo no se le descontará ningún dinero de su balance regular de AutoExpreso.
– Sin embargo, una vez pasados los 90 días, a aquellos que todavía tengan algún balance, se les descontará de sus balances regulares en la tarjeta de AutoExpreso.
– Los usuarios jamás recibirán multas por las transacciones durante el período entre el 25 de septiembre y 5 de noviembre de 2017, pero podrían exponerse a multas por transacciones nuevas, en caso de no saldar su deuda dentro de los mencionados 90 días y quedar sin balance suficiente. INS
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