Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el sábado 17 de marzo de 2018
P. Rico-Amazon cobrará el IVU en la Isla, decide después de conversar con Hacienda; otras dos se unen
San Juan, 17 mar (INS).- El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, anunció que la agencia ha establecido un acuerdo colaborativo con la empresa Amazon y a partir del 1 de abril de 2018, esta comenzará a efectuar el cobro de del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre ventas de bienes a compradores en Puerto Rico.
“En el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, el Departamento de Hacienda ha estado en conversaciones con varios de los principales vendedores al detal a través del Internet con el fin de auscultar la posibilidad de establecer acuerdos colaborativos con éstos y llevar a cabo las gestiones pertinentes para el manejo de ventas de partidas tributables a través del Internet que pudieran estar sujetas a IVU bajo las leyes de Puerto Rico”, señaló el funcionario.
El funcionario explicó que la formalización del acuerdo es parte de una relación colaborativa continua entre el Departamento de Hacienda y Amazon para desarrollarlos procesos necesarios para la determinación y el cobro de IVU en compras por Internet realizadas por consumidores en Puerto Rico.
En ese sentido, dijo que Hacienda se mantendrá en colaboración con la empresa Amazon para proveer la orientación que sea necesaria para el cumplimiento de todas las obligaciones contributivas que le sean aplicables.
Otras dos empresas de ventas globales también cobrarán y retendrán el IVU, pero Maldonado se negó a decir de momento cuáles son.
La agencia es responsable de la administración y fiscalización de las contribuciones establecidas en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
La Ley 25 de 29 de abril de 2017 dispone que todo comerciante dedicado a la venta de propiedad mueble tangible a compradores en Puerto Rico a través de Internet, conocido también como “agente no retenedor”, podrá voluntariamente solicitar ser considerado un agente retenedor para propósitos del IVU, quedando así obligado a cobrar y remitir el IVU correspondiente conforme a los términos y condiciones acordados entre dicho comerciante y Hacienda. INS
P. Rico- Arzobispo quiere “darle reposo” a la controversia sobre su deuda a las pensiones de sus maestros
San Juan, 17 mar (INS).- El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, dijo ayer que quiere “darle reposo” a la controversia que perdió en el tribunal y busca el diálogo con los maestros a cuyo fondo de pensiones le debe 4.5 millones de dólares y que inclusive dejó de pagar.
El juez de recursos extraordinarios del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas, determinó ayer que la Iglesia Católica debe continuar pagando mensualmente las pensiones a 66 maestros que sirvieron más de 10 años en sus cargos y empleados jubilados de la Academia del Perpetuo Socorro, en Santurce.
Mientras se obliga el pago de la deuda, el tribunal continuará evaluando la demanda de los maestros del colegio para que la Iglesia Católica pague $4.5 millones adeudados al plan de pensiones antes de que este fuera finalmente cancelado por González Nieves para todo el sistema de escuelas católico.
El arzobispo llegó a formar parte de una comisión del entonces gobernador Alejandro García Padilla para buscarle soluciones al problema de las pensiones del gobierno central.
En sus expresiones escritas en torno a la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso de las Pensiones de las Escuelas Católicas, González Nieves indicó que “durante el día de hoy (ayer) recibimos la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso del Fideicomiso Plan de Pensiones de las Escuelas Católicas, donde se hicieron unos señalamientos. Nuestros abogados están evaluando la misma para determinar el curso a seguir”.
Sin embargo, agregó, “preliminarmente nuestros abogados han identificado que el dictamen tiene unos errores debido a que no reconoce la personalidad jurídica de la Arquidiócesis de San Juan, ni de ninguna de las otras diócesis en Puerto Rico; a saber, las diócesis de Ponce, Arecibo, Caguas, Mayagüez y Fajardo-Humacao, todas ellas con capacidad jurídica propia e independiente entre sí, así reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
Para el arzobispo, ello trae consecuencias, pues “alteró la organización interna de la Iglesia Católica, asunto vedado a los tribunales, según así también determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
“La Arquidiócesis de San Juan se reitera que cualquier pago relacionado a este caso lo debe hacer exclusivamente el Fideicomiso Plan de Pensiones de las
Escuelas Católicas, una entidad jurídica separada de la Arquidiócesis de San Juan, las cinco diócesis, y las escuelas católicas parroquiales y orden religiosa”, dijo, reiterando la posición ventilada en los tribunales y que no ha logrado prevalecer.
Por último, “el Arzobispo de San Juan anima a todas las partes a dialogar para buscar darle reposo a la controversia”. En las declaraciones escritas no se explica claramente qué significa o cuál es el alcance para el arzobispo de la frase “darle reposo”.
La resolución del juez resolvió que “inmediatamente y sin más demora proceder a continuar con la emisión de los pagos a los demandantes conforme al Plan de Pensiones, mientras se dilucida este pleito”.
El arzobispo se quejó de que pagaba más pensiones de lo que ingresaba al fondo. Uno de los abogados de la Iglesia Católica es el exsecretario del Trabajo bajo el gobierno del PPD, Frank Zorrilla. INS
P. Rico-Acusan a presidente de la Cámara de “arrastrar los pies” en investigación en contra de representante Soto Torres y advierten de “influencias indebidas” del legislador en el Tribunal de Bayamón
Guaynabo, 17 mar (INS).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Guaynabo, Ricardo Vicéns, denunció que el presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, de “arrastrar los pies” en torno a la investigación contra el representante Antonio “Tony” Soto Torres.
Vicéns consignó que casi se cumple un mes de que saliera a la luz pública el comportamiento “inmoral y maltratante” del representante Soto Torres hacia su esposa e hijos “y la Cámara se ha hecho de oídos sordos”.
“Ya es de conocimiento público la inmoralidad del representante ‘Tony’ Soto. Cada día muestra más ese patrón de abusador contra su aún esposa y sus hijos mientras el presidente ‘Johnny’ Méndez y la Comisión de Ética de la Cámara callan y ocultan esta conducta. Son muy selectivos en decidir a quién investigan ¿o es que son parte del esquema de infidelidad y maltrato de Soto Torres hacia su familia?”, cuestionó el político.
Agregó que “es una vergüenza ver a Soto Torres como se exhibe como si nada hubiera pasado. En todo Guaynabo sabemos de su conducta inmoral; incluso se comenta de su objeción de cumplir con sus responsabilidades como proveedor de la familia. ‘Tony’ es un maltratante que está abusando de su poder y tiene de cómplices a los sus colegas de la Cámara”, dijo.
También, el excandidato a la alcaldía de Guaynabo por el PPD, mostró preocupación con las influencias indebidas que el representante y sus empleados están ejerciendo en el Tribunal de Bayamón, donde se está llevando a cabo el proceso de divorcio por la causal de trato cruel sometido por su esposa.
“Es altamente preocupante el poder y las conexiones del representante Soto Torres en el Tribunal de Bayamón. El juez a cargo del caso, Juan Carlos Negrón Rodríguez , ha mostrado una conducta errática en sus decisiones y me temo es para favorecer al representante, esto también es una muestra del patrón de maltrato cuando el abusador usa su poder para afectar e intimidar a la víctima”, mencionó.
Para el político, “tal parece que el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara tiene bastante poder en sus manos como para lograr callar y detener una investigación profunda se su comportamiento y doble vida. Esta Cámara de Representantes se ha distinguido por escándalos de maltrato, agresiones y de índole sexual, pero su presidente prefiere callar y amapuchar “. INS
P. Rico-Uber se asemejará a los taxis, con los mismos requisitos, decide la CSP
San Juan, 17 mar (INS).- El presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), Luis García Fraga, anunció la culminación de la primera fase del Código de Reglamentos por parte de la agencia para regular el transporte de pasajeros, los vehículos de alquiler y agilizar los servicios.
“La Comisión de Servicio Público culminó las nuevas reglas administrativas que facilitan la obtención de licencias o permisos mediante la aprobación de permisos provisionales, y a su vez, regular el transporte de pasajeros, así como los vehículos de alquiler. Esto simplifica y uniforma el procedimiento para la concesión y renovación de autorizaciones, además esta primera fase integra siete reglamentos en uno, promoviendo la reducción de reglamentos obsoletos”, explicó García Fraga.
El funcionario informó que el nuevo código permite la operación de las empresas como Uber en todo Puerto Rico e iguala la operación que realizan los taxis.
“El nuevo reglamento pone en igualdad de condiciones a los taxistas y a los conductores de Uber, requiriéndoles la misma documentación y el mismo costo de operación. Esto lo hacemos en beneficio de nuestra población y para promover una competencia leal, entre los distintos servicios de transporte existentes”, manifestó.
Además, explicó que el reglamento elimina las regiones turísticas y considera a todo Puerto Rico como un destino turístico.
“Todo Puerto Rico se promueve como un destino turístico. El gobierno de Puerto Rico no puede continuar haciendo distinciones de áreas por el mero hecho de ser un área de mayor dominio turístico. Todos los ciudadanos nos merecemos un trato similar sin distinción alguna, además de que tenemos que tener la libertad de elegir el servicio que deseamos obtener”, declaró el funcionario.
Como parte de las nuevas guías, y como garantía de protección al consumidor, las empresas de red de transporte deberán indicarle de antemano al consumidor el costo total de su viaje y no podrán modificarlo, a menos que sea debido a negligencia de parte del cliente.
También, establece que el cliente puede cancelar el viaje sin cargo alguno, cuando hayan transcurrido más de cinco minutos del tiempo estimado de llegada del conductor.
Asimismo, el código establece otras medidas para garantizar el mismo trato a los consumidores a través de toda la Isla.
Por ejemplo, el reglamento fusiona todos los taxis regionales y los “shopping cars” con los taxis turísticos, uniforma las tarifas metradas a través de todo Puerto Rico y establece nuevas tarifas fijas, incorporando el ajuste por combustible.
Igualmente, autoriza el uso de unidades de cabida intermedia para ofrecer el servicio de taxi.
El reglamento también prohíbe que empresas como Uber dejen pasajeros en ciertas áreas debido al requisito de acceso a los sistemas de telecomunicaciones y su posible falta de disponibilidad en lugares remotos.
Por motivos de seguridad de los pasajeros, Uber no podrá dejar pasajeros en áreas de bosques estatales como El Yunque.
Además, dispone que las empresas de red de transporte se verán forzadas a utilizar taxistas autorizados, por la CSP, que cumplan con sus requisitos, pero sin discriminar por razón del tipo de tablilla o por su rotulación.
“Entendemos que el futuro del transporte en Puerto Rico, tanto turístico como el servicio a los puertorriqueños, se beneficiará de este cambio. Sabemos que al principio será un proceso de aprendizaje, pero eliminar estas áreas, y propiciar estos cambios, redundará en beneficio para todas las partes involucradas”, sostuvo el presidente de la CSP.
El reglamento, además, regula otras áreas del transporte y establece un código de vestimenta mínimo para las empresas de transporte de pasajeros, prohíbe el transporte de pacientes en camilla en unidades que no hayan sido aprobadas como ambulancia por el Departamento de Salud, garantiza que la transportación escolar se brinde en unidades adecuadas para brindarle una mayor seguridad a los estudiantes, requiere una certificación de un ingeniero profesional para las unidades aprobadas como “Party Bus” (Fiestas Rodantes) y convierte a las franquicias de limosina en Transporte de Lujo, estableciendo los requisitos de las unidades y autorizando el uso de unidades de menor cabida, cabida intermedia y mayor cabida.
El presidente de la CSP destacó que la nueva documentación requerida a todos los transportistas de pasajeros garantiza que el transportista sea una persona que respete al máximo las leyes de tránsito y leyes criminales.
“La CSP se encuentra trabajando con el jefe de informática del gobierno, Luis Arocho, un sistema integrado con el Sistema David, en el cual aquellos transportistas que dejen de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Tránsito serán suspendidos de manera inmediata”, informó el funcionario, quien además mencionó que el nuevo reglamento agiliza la tramitación de quejas y querellas en la agencia, mediante una estructura especial para facilitar que los ciudadanos privados puedan presentar quejas en contra de los que violen la ley.
El Código de Reglamentos de la CSP se culminó tras la celebración de cinco días de audiencias públicas en las que participaron líderes de diversas organizaciones como UTRA, Protge y la Federación de Taxistas de Puerto Rico. Además, se realizaron decenas de reuniones con diferentes organizaciones, incluyendo Aerostar, para garantizar que el reglamento responde a las necesidades de cada sector, cumpliendo con la política pública del gobierno. INS
P. Rico-Bajo amenaza de cierre de operaciones, la Junta de Calidad Ambiental le ordena a AES entregar información y documentos de su informe anual de monitoreo de aguas subterráneas
San Juan, 17 mar (INS).- La Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitió una orden -bajo amenaza de cierre de operaciones- para requerir de la compañía cogeneradora AES Puerto Rico los documentos e información sobre su informe anual de monitoreo de aguas 2017, que recientemente le ordenó realizar la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés).
La directora ejecutiva de JCA, Tania Vázquez Rivera, le advirtió a AES Puerto Rico que “el incumplimiento de esta orden podría conllevar multas ascendentes a 25 mil dólares diarios, así como la emisión de un cese y desista de operar”.
Específicamente, la orden sostiene que la Junta ordena a AES que, en un término de 10 días laborables a partir de la notificación someta a la consideración de la JCA la siguiente información y/o documentos:
Copia de los documentos de campo que se generaron durante las actividades de muestreos reportados en el 2017 Annual Groundwater Monitorin Report, incluyendo, pero sin limitarse a; cadena de custodia para cada una de las muestras tomadas; hoja de campo con datos de “purga” para cada uno de los pozos de monitoreo de los ocho muestreos realizados en el 2017.
Además de documentos de instalación de pozos de monitoreo; hojas de calibración de los instrumentos utilizados para la medición de parámetros durante la “purga” de cada pozo.
También, copia certificada por un químico licenciado para practicar la profesión en Puerto Rico, de todos los resultados analíticos de cada recolecta durante los ocho muestreos; data cruda utilizada por el laboratorio que analizó las muestras tomadas; análisis estadísticos de los resultados analíticos; y criterios y/o aspectos tomados en consideración para seleccionar la ubicación de los pozos de trasfondo.
Vázquez Rivera aseguró que “las fuentes de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), así como las de pozos legalmente hincados en todo Puerto Rico, tienen que cumplir con los más altos estándares de calidad de agua federal”.
“En otras palabras, si se consume agua de una fuente legal, que cumpla con las pruebas que, por ley, se tienen que realizar periódicamente, no hay riesgos para la salud de la ciudadanía. Por eso es importante asegurarse de que el agua que se consume es la suministrada por la AAA, o aquella que provenga de pozos legales, que cumplan con el monitoreo que garantiza esa calidad”, concluyó. INS
EEUU-Jenniffer González consigue que el Departamento de Asuntos de Veteranos inicie gestiones para instalar Casa Fisher en Puerto Rico
Washington, 17 mar (INS).- El Departamento de Asuntos de Veteranos comenzó gestiones oficiales para que Puerto Rico tenga su primera Casa Fisher, tal y como lo han reclamado los veteranos en la isla. Este fue el resultado directo de la vista pública del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara federal, que trajo a la isla esta semana la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
La Casa Fisher provee vivienda temporal a las familias de los veteranos y de los miembros activos de las fuerzas armadas que están recibiendo tratamiento médico en un hospital de veteranos o en un centro médico militar y que tienen que viajar distancias largas para recibir su tratamiento.
El programa, que comenzó en 1990, es una alianza público-privada entre el Departamento de Asuntos de los Veteranos y la Fundación Casa Fisher, una organización sin fines de lucro.
El Departamento de Asuntos de Veteranos publicará en el portal de Internet Federal Bid Operations un anuncio para que personas interesadas en someter sus tierras para consideración lo puedan hacer.
La comisionada explicó que esta acción no afecta la consideración del Hospital Psiquiátrico, que habían propuesto el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, y el gobierno de Puerto Rico; que, por el contrario, abre la gama de opciones para finalmente construir una Casa Fisher.
Las opciones de terreno deben pasar por un proceso de validación de requisitos que incluye la evaluación del impacto ambiental y la cercanía respecto de las instalaciones médicas de veteranos, entre otros.
Aparte, González Colón, primera representante de Puerto Rico en el Comité de Veteranos, solicitó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, que consideren enmendar la Ley 14-2017 que busca incentivar la permanencia o el regreso de médicos a la isla.
La enmienda consiste en incluir la participación en el sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos en la isla, como alternativa para cumplir con el requisito de trabajo comunitario para poder disfrutar de los incentivos de la ley.
La falta de personal médico bajo la Administración de Veteranos ha sido un problema en todas las jurisdicciones, pero más aún en Puerto Rico por las particularidades del territorio; tales como la dominación de las áreas rurales, la falta de un sistema de transportación público integrado, una población envejeciendo, y el éxodo masivo de médicos, por mencionar algunos.
Por primera vez desde su creación, en 1946, el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara federal efectúo una vista pública y ocular en Puerto Rico, gracias a que la comisionada residente, Jenniffer González Colón, llamó la atención del Comité ante la necesidad de mejores servicios de salud para los veteranos en la isla.
El presidente del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara federal, Phil Roe (R-TN) y presidente del Subcomité de Salud, Bred Wenstrup (R-OH), estuvieron junto a la comisionada residente en la vista pública efectuada el lunes en el Capitolio de Puerto Rico, en las visitas al Hospital de Veteranos, Centro Médico y Clínica de Veteranos en Arecibo.
Además, sostuvieron una mesa redonda con organizaciones que representan a los veteranos en la Isla.
El Departamento de Veteranos federal tiene en Puerto Rico un hospital y ocho clínicas que le sirven a los más de 93 mil veteranos en Puerto Rico e Islas Vírgenes. INS
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