P. Rico-Vicepresidenta del PIP condena que gobierno abandone a niños y niñas de educación especial

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, durante la rueda de prensa, acompañada de la madre Jinette Morales Díaz, en la cual denunció la exclusión de los niños y niñas de educación especial. /Inter News Service

San Juan, 14 mar (INS).- La reforma educativa que impulsa la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares marcha a espalda de los sectores más pobres del país y excluye a los niños y niñas de educación especial, afirmó hoy la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

“Hago un llamado a la transparencia”, expresó la exsenadora, acompañada de Jinette Morales Díaz –intercesora y madre de un niño con síndrome Down–, al advertir que mediante la implantación en la Región Educativa de Humacao de un proyecto de Consultoría e Implementación del Modelo Educativo de Respuesta a Intervención (Cimer).

Consideró que esto forma parte del proceso de privatización del sistema público de educación, que terminará excluyendo a la niñez con necesidades especiales, que superan la cifra de 48 mil 200 alumnos, y a los más pobres, que no encajarán en el objetivo de costoeficiencia de que habla el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Santiago, comisionada electoral del PIP, alertó que con el cierre de escuelas no se cumplirá con la atención que requieren los estudiantes de necesidades especiales, por lo que se incumplirá con el “acomodo razonable”, ya que los salones terminarán con una cantidad excesiva de alumnos: entre 25 y 30 en lugar de los 11 que dice el Departamento de Educación.

“En Puerto Rico está en marcha un proceso de privatización de escuelas que para que se convierta en una operación costoefectiva, que es el énfasis que le ha dado el Gobernador y la Asamblea Legislativa, va a precisar de que cada vez sean menos las niñas y niños que requieren asistencia individualizada y acomodo razonable”, advirtió la dirigente independentista.

Denunció que se trata de un modelo adoptado en Estados Unidos que, luego de las modificaciones a la legislación de educación especial en 2006, se trasplanta a la Isla con el alegado propósito de identificar qué niños y niñas no deben estar en educación especial porque su rezago no se debe a un diagnostico o a una condición de desarrollo, sino a insuficientes en los servicios educativos.

Según Santiago, lo que se conseguirá con las acciones de la llamada reforma educativa es que siga el empobrecimiento de la escuela pública, con lo que se le niega la oportunidad de superarse a los más desaventajados económica y socialmente, con lo que se violentan los derechos constitucionales.

La vicepresidenta del PIP subrayó que es la misma situación que se pretende imponer en la Universidad de Puerto Rico (UPR) con el crédito a 220 dólares, lo que priva a las familias de la clase trabajadora la posibilidad de una formación universitaria.

“Es la forma de privar de oportunidades a la gente más pobre del país, a la gente trabajadora… Yo siempre he dicho que la educación pública es un asunto de género, nos afecta más a las mujeres, que somos mayoría”, dijo Santiago.

Sostuvo que las condiciones de trabajo en las escuelas van a continuar deteriorándose, porque hay un proyecto diseñado para dejar desamparada a la gente más pobre de este país. INS

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    La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago, durante la rueda de prensa, acompañada de la madre Jinette Morales Díaz, en la cual denunció la exclusión de los niños y niñas de educación especial. /Inter News Service
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