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San Juan, 10 mar (INS).- Los representantes Luis Raúl Torres y Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD) solicitaron al gobernador Ricardo Rosselló que vete el proyecto del Senado 785, que busca dar por entendido que todo beneficiario de decretos de exención contributiva cumplió con los requisitos para poder recibirlos tras la emergencia por el paso del huracán María.
“¿Cómo vamos a activar la economía si el gobierno pretende no fiscalizar efectivamente a las industrias que fomenta? ¿Cómo vamos a aumentar los empleos en el sector privado, si el mismo gobierno no verifica que las empresas que han pactado contratar una cantidad de empleados a cambio de incentivos hayan cumplido?”, cuestionó Torres.
Agregó que nadie puede negar que la situación afectó las operaciones de varios comercios o empresas que disfrutan de estos decretos, y por consiguiente, la imposibilidad de cumplir con cada uno de los requisitos que disponen ciertos decretos para que puedan seguir disfrutando de estos.
“Sin embargo, no podemos obviar los mecanismos de fiscalización que nos permitían saber quiénes verdaderamente deberían beneficiarse de esta exención”, sostuvo Torres.
Añadió que “esta asamblea legislativa ha promovido y legislado la eliminación de mecanismos que ayuden a una sana evaluación de los decretos. Ejemplo de esto es la Ley 91-2017, que pospuso la efectividad de la Ley 187-2015 (Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico) dirigida a la fiscalización efectiva del cumplimiento con los requisitos de los decretos mediante una herramienta concreta”.
Aunque reconocieron que la creación del Portal “perseguía un fin loable, la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) se encontraba trabajando un nuevo código de incentivos como proyecto principal del Plan para Puerto Rico. Hoy, 14 meses después, no tenemos un código de incentivos ni tenemos la fiscalización de los decretos”, subrayó.
“Otro de los argumentos que utilizó la legislatura del PNP para echar a un lado el Portal fue que, según ellos, la legislatura estaba haciendo el trabajo, que por mandato de ley le correspondía al Instituto de Estadísticas. ¿Acaso se les olvida que es el mismo Instituto que pretenden destruir mediante el Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico?”, se preguntó Torres.
Mientras, Hernández Montañez dijo que “la excusa utilizada por el PNP para posponer la efectividad del Portal y sustituirlo con la Ley 91-2017 fue que estaban investigando todo lo relacionado a los incentivos económicos que ofrece el gobierno de Puerto Rico, y los decretos contributivos otorgados al amparo de un sinnúmero de leyes, con el propósito de incurrir en un análisis comprensivo de los beneficios que estos brindan a nuestra economía”.
“Sin embargo, la historia es otra: a 14 meses, esta administración no ha rendido informes de esta supuesta investigación, y aun así pretende eximir del cumplimiento de estos decretos a todos los beneficiarios”, apuntó.
A su juicio “tenemos que recurrir a herramientas que nos ayuden a impulsar el desarrollo económico de nuestra isla, más aún después de la devastación que nos dejaron los huracanes. No obstante, todas las medidas enfiladas hacia esa dirección deben estar contempladas dentro de los marcos que tanto trabajo nos ha costado”.
De esta manera, prosiguió, se podrán otorgar decretos de exenciones contributivas de forma responsable y podemos medir la efectividad de cada incentivo otorgado. Por eso confiamos en el buen juicio del gobernador para que no dé paso a esta medida que podría tener repercusiones negativas”, concluyó Hernández.
El representante subrayó que “al tiempo que señaló que las empresas que obtienen decretos en Puerto Rico cuentan con los recursos y sofisticación para presentar evidencia que sostenga si cumplieron o no con los requisitos con los que se comprometieron”. INS
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